Una juez concede la libertad al expresidente colombiano ?lvaro Uribe

Una juez de control de garant¨ªas de Colombia orden¨® este s¨¢bado la libertad de ?lvaro Uribe V¨¦lez, presidente del pa¨ªs entre 2002 y 2010, como lo ped¨ªa la defensa del pol¨ªtico, quien enfrenta un proceso por manipulaci¨®n de testigos y llevaba m¨¢s de dos meses en detenci¨®n domiciliaria en su finca de El Ub¨¦rrimo, en el norte del pa¨ªs, por orden de la Corte Suprema de Justicia. El exmandatario ser¨¢ ahora investigado en libertad, como han reclamado con insistencia tanto el presidente Iv¨¢n Duque como el Centro Democr¨¢tico, el partido de Gobierno.

¡°Se dispondr¨¢ la libertad inmediata del doctor ?lvaro Uribe Velez¡±, decidi¨® la juez Clara Ximena Salcedo al final de una accidentada audiencia virtual, aunque aclar¨® que su fallo no se refiere a la nulidad de las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia. Los representantes de las v¨ªctimas en el proceso, que han defendido la validez y vigencia de lo actuado hasta ahora, apelaron la decisi¨®n con el prop¨®sito de que sea revocada en segunda instancia. ¡°Gracias a Dios¡±, trin¨® casi de inmediato el exmandatario. El presidente estadounidense Donald Trump tambi¨¦n reaccion¨® en Twitter, donde felicit¨® a Uribe y lo calific¨® de ¡°h¨¦roe¡±.

La medida de casa por c¨¢rcel para Uribe no ten¨ªa precedentes en Colombia. El influyente exmandatario, fundador del Centro Democr¨¢tico, jefe indiscutible de su bancada legislativa y mentor de Duque, se hab¨ªa convertido tambi¨¦n en 2018 en el senador m¨¢s votado en la historia, con m¨¢s de 800.000 votos. Pero el pasado 18 de agosto renunci¨® a su esca?o para salir de la ¨®rbita de la Corte Suprema, encargada de juzgar aforados como los congresistas. La sala de instrucci¨®n del alto tribunal decidi¨® a comienzos de septiembre enviar a la Fiscal¨ªa General el expediente, relacionado con los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, por considerar que hab¨ªa perdido competencia. El expresidente, con un extenso historial de enfrentamientos con los altos tribunales, ha alegado que la corte le viol¨® garant¨ªas procesales, mientras sus detractores han denunciado como maniobras dilatorias la estrategia de sus abogados defensores.

Una buena parte de la confusa audiencia virtual para decidir la libertad de Uribe, que se hab¨ªa iniciado el pasado jueves durante una maratoniana jornada de 12 horas, se concentr¨® en discutir tecnicismos sobre las implicaciones del cambio de esquema procesal debido al tr¨¢nsito del expediente de la Corte Suprema a la justicia ordinaria. Los representantes del senador Iv¨¢n Cepeda, acreditado como v¨ªctima en el caso por manipulaci¨®n de testigos contra el expresidente, hab¨ªan pedido continuar bajo la antigua ley que rige los procesos en el alto tribunal, mientras los apoderados de Uribe quer¨ªan pasar al m¨¢s reciente sistema penal acusatorio, como en efecto ocurri¨®.

Detr¨¢s de ese enrevesado debate jur¨ªdico, con diversas interpretaciones, se encuentra uno de los puntos centrales del caso. Adem¨¢s de la libertad del exmandatario, la justicia debe determinar desde qu¨¦ punto retomar¨¢ los avances de la Corte Suprema. En el alto tribunal, Uribe ya hab¨ªa rendido indagatoria y estaba formalmente vinculado a una investigaci¨®n penal, pero sus abogados incluso han esgrimido que la Fiscal¨ªa deber¨ªa reiniciar desde el comienzo las pesquisas. La defensa tendr¨ªa que hacer una petici¨®n formal para que se anule lo actuado ante otro juez. ¡°No hay ninguna raz¨®n v¨¢lida para que se anule lo que ha sido investigado. A Uribe lo ha investigado el tribunal supremo de la justicia penal en Colombia¡±, argumentaba el senador Cepeda en una reciente entrevista con EL PA?S.

El caso de manipulaci¨®n de testigos es el que m¨¢s ha avanzado entre la decena de investigaciones que Uribe enfrenta en la justicia colombiana. Ese proceso se remonta a 2012, cuando el exmandatario present¨® una denuncia contra Cepeda ante la Corte Suprema por un supuesto complot que, seg¨²n su versi¨®n, involucraba falsos testigos en c¨¢rceles colombianas con el prop¨®sito de relacionarlo con actividades de grupos paramilitares. El alto tribunal, sin embargo, absolvi¨® a Cepeda hace dos a?os y pidi¨® investigar a Uribe bajo la sospecha de que ¨¦l y sus abogados eran los que hab¨ªan manipulado testigos contra su rival pol¨ªtico.

Las pesquisas de la Corte se hab¨ªan concentrado en determinar si personas del entorno del expresidente pagaron dinero y ofrecieron beneficios a exparamilitares para que se retractaran de sus se?alamientos. La denuncia original de un paramilitar, Juan Guillermo Monsalve, se?ala que en una antigua propiedad de la familia Uribe, la finca Guacharacas, se conform¨® un bloque de autodefensas en los a?os noventa, cuando el pol¨ªtico era gobernador del departamento de Antioquia.

Diego Cadena, uno de los abogados del expresidente, permanece en detenci¨®n domiciliaria desde agosto mientras se le investiga por los mismos delitos de soborno y fraude procesal en un proceso paralelo al del Uribe. Cadena es considerado una pieza clave de las indagaciones, pues est¨¢ se?alado de ofrecer prebendas a varios reclusos para que testificaran a favor del exmandatario y en contra de Cepeda. Uribe ha asegurado desconocer que Cadena hubiera ofrecido esos beneficios.

El propio presidente Duque se ha entregado a defender la ¡°honorabilidad¡± de Uribe y ha sostenido desde un primer momento que debe ser juzgado en libertad, en reiterados pronunciamientos que diversos sectores han interpretado como presiones indebidas y un irrespeto a la separaci¨®n de poderes. ¡°Soy y ser¨¦ siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia¡±, declar¨® Duque, desde el atril presidencial, apenas unas horas despu¨¦s de que la corte hubiera anunciado la detenci¨®n domiciliaria que la jueza ha revertido este s¨¢bado.

La Corte Suprema tambi¨¦n decidi¨® enviar a la Fiscal¨ªa el mes pasado otros tres voluminosos expedientes en los que investigaba de manera preliminar al expresidente, los relacionados con las masacres de Ituango ¨Cconocidas como El Aro y La Granja¨C, la masacre de San Roque ¨Cen la que, seg¨²n la corte, los perpetradores ¡°al parecer¡± utilizaron como base de operaciones la Hacienda Guacharacas¨C y el homicidio del defensor de derechos humanos Jes¨²s Mar¨ªa Valle. Todos ocurrieron mientras Uribe era gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997, pero fueron declarados cr¨ªmenes de lesa humanidad por lo que no van a prescribir. El alto tribunal argument¨® que perdi¨® competencia para investigarlos dado que Uribe dej¨® de ser Senador de la Rep¨²blica.