La Corte Penal Internacional no investigar¨¢ por ahora la detenci¨®n de los uigures en China

Desde el punto de vista t¨¦cnico, la situaci¨®n est¨¢ clara: China no es miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), que carece por tanto de competencias para investigar la represi¨®n sufrida dentro del pa¨ªs por los uigures, la minor¨ªa ¨¦tnica musulmana. La denuncia remitida el pasado julio a la fiscal¨ªa por parte de exiliados de esta comunidad, alega la comisi¨®n de genocidio y cr¨ªmenes contra la humanidad por parte del Gobierno de Pek¨ªn, a trav¨¦s de una campa?a de tortura, esterilizaci¨®n forzosa y vigilancia masiva. En 2019 y 2020, la opresi¨®n de los uigures mereci¨® sendas condenas en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero la ruta de la justicia internacional sigue cegada porque los delitos se?alados ocurren en el interior de las fronteras chinas. Sin embargo, el informe sobre el caso presentado este diciembre por Fatou Bensouda, fiscal jefe de la CPI, indica que mantendr¨¢ el expediente abierto a la espera de recibir m¨¢s datos. Con ellos en la mano, podr¨ªa evaluar las deportaciones de uigures a China, en particular desde Tayikist¨¢n y Camboya ¡ªambos miembros de la Corte¡ª y ver si cabe abrir una v¨ªa para ejercer all¨ª su jurisdicci¨®n.

Seg¨²n, William Schabas, experto en Derecho Internacional y Humanitario en las universidades de Middlesex (Londres) y Leiden (Pa¨ªses Bajos), la fiscal Bensouda ha pedido m¨¢s pruebas para ver si pudiera arbitrarse una f¨®rmula similar a la de los cr¨ªmenes contra los rohingyas, otra minor¨ªa musulmana, deportada a Banglad¨¦s desde Myanmar, que los discrimina. ¡°Myanmar tampoco es un Estado miembro de la Corte Penal, pero Banglad¨¦s s¨ª, por eso los jueces autorizaron en 2018 el examen de las denuncias de cr¨ªmenes cometidos all¨ª contra los rohingyas. En el caso de los uigures no ser¨¢ f¨¢cil: China no los expulsa, sino que le son devueltos desde Camboya y Tayikist¨¢n¡±, explica, en conversaci¨®n telef¨®nica. Y a?ade: ¡°los Estados son soberanos y China se preocupa de no cometer delitos en el exterior, no como otros pa¨ªses grandes, Estados Unidos, sin ir m¨¢s lejos, que act¨²an fuera de sus fronteras a veces con violencia¡±.

La situaci¨®n es similar a la de Siria e Irak, ausentes de la CPI, que carece de jurisdicci¨®n en su territorio. La Corte podr¨ªa actuar all¨ª si el Consejo de Seguridad de la ONU remitiera ambos casos para investigar supuestos cr¨ªmenes, pero Rusia impone su poder de veto en este organismo. ?Qu¨¦ salida legal tienen entonces los uigures? ¡°En junio de 2020, 50 expertos independientes que informan al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, urgieron a los Estados que la integran a que se abriera una investigaci¨®n formal sobre la conducta del Gobierno chino en este campo. Algo as¨ª ser¨ªa un primer paso en el largo camino hacia la atribuci¨®n de responsabilidad de Pek¨ªn por sus abusos en Xinjiang, Hong Kong y el T¨ªbet. Este tipo de mecanismo deber¨ªa tener adem¨¢s el mandato de recoger y preservar pruebas de forma que puedan utilizarse luego ante un tribunal fiable¡±, dice Param-Preet Singh, directora asociada del programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch. En octubre pasado, 39 pa¨ªses mostraron su alarma en el seno de la ONU por la suerte de los uigures, ¡°y se necesita m¨¢s apoyo para que haya un coste pol¨ªtico por la brutal campa?a de represi¨®n del Gobierno chino¡±, en su opini¨®n.

En campos de ¡°reeducaci¨®n¡± chinos

De credo musulm¨¢n, la etnia uigur reside en Xinjiang, la regi¨®n aut¨®noma del noroeste de China. Este grupo de poblaci¨®n, cuya lengua es de origen t¨²rquico, predomina en la zona con unos 11 millones de personas, mientras que en el resto del pa¨ªs la mayor¨ªa pertenece a la etnia han. Conocida tambi¨¦n como Turquest¨¢n Oriental, ese es el nombre usado en la denuncia remitida en julio de 2020 a la CPI en nombre de su Gobierno en el Exilio, y del Movimiento del Despertar Nacional de Turquest¨¢n Oriental (ETNAM, en sus siglas en ingl¨¦s). Ambos pidieron a la fiscal¨ªa que investigara ¡°los cr¨ªmenes perpetrados de manera sistem¨¢tica y a gran escala contra los uigures, y otros pueblos t¨²rquicos, por parte de las autoridades chinas¡±. El Gobierno chino niega la represi¨®n, y califica de ¡°centros de reeducaci¨®n y entrenamiento¡± los campos de internamiento denunciados por residentes, organizaciones de derechos humanos, expertos y medios. Pek¨ªn los presenta como ¡°un asunto interno en su lucha contra la violencia y el separatismo¡±, y a falta de datos oficiales, Naciones Unidas da por v¨¢lida la cifra de cerca de un mill¨®n de encerrados all¨ª (el 9% de los uigures de Xinjiang).