Trabajos forzados y torturas: la marca de la guerra en la frontera entre Colombia y Venezuela
Un demoledor informe de Human Rights Watch muestra el control social de los grupos armados en el l¨ªmite entre el departamento colombiano de Arauca y el Estado venezolano de Apure
¡°En el departamento colombiano de Arauca y el Estado venezolano de Apure, los guerrilleros son la Polic¨ªa¡±. As¨ª resume Human Rights Watch la situaci¨®n de seguridad en esta zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. En medio de asesinatos y torturas por parte de los grupos armados, reclutamiento de menores y secuestros, el informe revela adem¨¢s un crimen que suele ser invisible: el trabajo forzado.
Despu¨¦s de entrevistar a m¨¢s de 100 personas, la ONG internacional lleg¨® a la conclusi¨®n de que los "grupos armados no estatales" controlan "de forma violenta la vida cotidiana de la poblaci¨®n" en esa zona. "Imponen sus propias reglas y, para asegurar su cumplimiento, amenazan a civiles a ambos lados de la frontera", asegura el demoledor informe. "Los castigos para quienes no obedecen van desde multas hasta trabajo forzado o incluso la muerte. Los residentes viven aterrorizados¡±, agrega el documento de la organizaci¨®n, que se desplaz¨® en 2019 al lugar para recopilar la informaci¨®n.
En Arauca, donde no lleg¨® la paz despu¨¦s de los acuerdos entre las FARC y el Gobierno, operan al menos dos grupos armados. De un lado, la guerrilla del Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN), que ha tenido una presencia continua desde hace medio siglo; y del otro, un grupo de disidencias de la guerrilla de las FARC, que tom¨® fuerza despu¨¦s de 2016. Ambos se encuentran tambi¨¦n en el Estado de Apure, en Venezuela, seg¨²n HRW. De ese lado de la frontera operan adem¨¢s las Fuerzas Patri¨®ticas de Liberaci¨®n Nacional (FPLN). ¡°Este grupo, cuyo origen se remonta a la d¨¦cada de 1990, tiene una estrecha relaci¨®n con las autoridades venezolanas en Apure¡±, denuncia la organizaci¨®n, presidida en Am¨¦rica Latina por Jos¨¦ Miguel Vivanco.
Los trabajos forzados son una de las expresiones del control social de estos grupos en la zona. De acuerdo con los testimonios que ha recabado la organizaci¨®n, los guerrilleros imponen su ley en discusiones maritales o de vecinos, y como castigo, obligan a los habitantes a hacer trabajos no remunerados en sus campamentos. Uno de los entrevistados cont¨® que fue obligado a trabajar durante varios meses a cambio de evitar ser asesinado y asegur¨® que, junto a ¨¦l, otros dos civiles fueron sometidos al mismo trato. En al menos dos casos, las v¨ªctimas fueron trasladadas a Venezuela y retenidas all¨ª.
La pr¨¢ctica del traslado al pa¨ªs vecino se repite tambi¨¦n en casos de secuestro, seg¨²n ha documentado la organizaci¨®n, donde los grupos operan con m¨¢s libertad. ¡°En numerosas oportunidades han trasladado a v¨ªctimas secuestradas en Arauca a campamentos y otras instalaciones¡± que tienen en el pa¨ªs vecino. ¡°En vez de enfrentarlos, las fuerzas de seguridad venezolanas y las autoridades locales han actuado en connivencia con los grupos armados en al menos algunos casos, seg¨²n numerosas fuentes que entrevistamos¡±, agrega el documento presentado este mi¨¦rcoles al presidente Iv¨¢n Duque.
Tortura y violencia sexual
El terror se ha propagado en esta zona a trav¨¦s de pr¨¢cticas de tortura. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia le inform¨® a Human Rights Watch que se han documentado una veintena casos de homicidios con signos de tortura en 2019. Las v¨ªctimas aparecen con las manos atadas y mensajes como ¡°ladr¨®n¡± o ¡°informante¡±, como en la ¨¦poca de la guerra de carteles del narcotr¨¢fico. Este crimen ha ido en aumento: en 2017 se presentaron 3 casos, entre enero y agosto de 2018, fueron 20; y en el mismo per¨ªodo de 2019, se registraron 23 v¨ªctimas.
El asesinato de l¨ªderes sociales, que se ha vuelto un lastre en todo el territorio colombiano, tambi¨¦n afecta con fuerza a Arauca. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha documentado seis casos de defensores de derechos humanos asesinados en esa regi¨®n entre enero y fines de julio de 2019, dos homicidios m¨¢s que los registrados en 2018 y cinco m¨¢s que en 2017.
Las mujeres y ni?as son particularmente afectadas por esos alarmantes?niveles de violencia. Seg¨²n la Unidad de V¨ªctimas de Colombia se han presentado 25 casos de violencia sexual contra mujeres entre 2017 y 2019. Las fuentes humanitarias han denunciado tambi¨¦n el fuerte incremento del reclutamiento de menores. Adem¨¢s de ser reclutadas, varias menores de 14 a?os han asegurado haber sido violadas por grupos armados en esas poblaciones.
Las organizaciones sociales le ha recomendado al Gobierno colombiano que, para atender esta regi¨®n que parece fuera de control, fortalezca el aparato judicial y brinde mayor protecci¨®n a los fiscales, y no solo responda con presencia militar. ¡°Las autoridades en Arauca no han garantizado justicia a las v¨ªctimas de abusos perpetrados por grupos armados. Esta situaci¨®n, agravada por fallas m¨¢s generales en materia de seguridad, contribuye a la percepci¨®n de muchos residentes de que los grupos armados de Arauca son m¨¢s 'efectivos' que el Gobierno para resolver problemas sociales", concluye el informe.
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