Ni el Estado ni la paz han llegado a la llanura de Colombia
Los embates de guerrillas y paramilitares siguen golpeando Arauca, Vichada y Casanare. La Defensor¨ªa del Pueblo visita la zona en misi¨®n humanitaria
En Arauca, donde se juntaron todas las violencias, a¨²n arde la guerra que Colombia busca extinguir. Con el cambio de siglo fue escenario de la sangrienta arremetida paramilitar y despu¨¦s, de un feroz enfrentamiento entre guerrillas: las extintas FARC y el ELN, que a¨²n sigue activo y hace sentir su presencia en la regi¨®n. Incluso en su fronteriza capital, que comparte nombre con el departamento y con el r¨ªo que la separa de Venezuela, confluye la fragilidad del Estado con la persistencia de los actores armados.
Este departamento atravesado por dos oleoductos concentr¨® en el primer semestre de este a?o una quinta parte de todas las acciones de los grupos armados ilegales ¡ªque ahora incluyen a las disidencias que se apartaron del acuerdo de paz sellado con las FARC a finales de 2016¡ª, seg¨²n la Fundaci¨®n Ideas para la Paz. Un tercio de sus 300.000 habitantes son v¨ªctimas registradas de un conflicto que todav¨ªa resuena, sin que las autoridades hayan copado el vac¨ªo que dej¨® la insurgencia m¨¢s antigua del continente.
Arauca, la capital, marca el inicio de una misi¨®n humanitaria de la Defensor¨ªa del Pueblo por los Llanos Orientales para conocer de primera mano los problemas y necesidades de la zona. EL PA?S ha acompa?ado al organismo en su viaje, por tierra y agua, a varias poblaciones remotas, en su mayor¨ªa ribere?as, en Arauca, Vichada y Casanare, tres departamentos de la Orinoqu¨ªa colombiana (este del pa¨ªs). Territorios que pese a los recursos de la explotaci¨®n petrolera no han escapado del abandono estatal.
La inmensidad de los llanos ¡ªuna extensa planicie que limita, adem¨¢s de con Venezuela, con la Amazon¨ªa y la regi¨®n andina colombiana¡ª se aprecia en el camino entre Arauca y Cravo Norte, la primera parada. El sobrecogedor paisaje, con abundantes espejos de agua y una exuberante fauna que incluye chig¨¹iros, garzas y babillas, se pierde en el horizonte. El trayecto de menos de 150 kil¨®metros puede durar m¨¢s de seis horas, dependiendo del clima. La ausencia del Estado se siente en la propia carretera, por momentos convertida en un barrizal y pavimentada solo en un 20%. Seg¨²n las actas, las obras se suspendieron por las exigencias econ¨®micas de los grupos armados, que a¨²n reclutan y extorsionan.
Cravo Norte fue sede de una fallida negociaci¨®n de paz, cuando el Gobierno se sent¨® en 1991 con la Coordinadora Nacional Guerrillera, que reun¨ªa a las FARC y el ELN. ¡°Aqu¨ª todav¨ªa sigue la presencia de los grupos armados de forma oculta, ya no como en esa ¨¦poca que andaban por la calles¡±, explica el ganadero Luis Ernesto Espitia, alcalde de esta localidad entre 2001 a 2003. ¡°Uno aspira a que esta paz se consolide. Los acuerdos han servido, la intensidad de la violencia ha bajado¡±, matiza.
El municipio est¨¢ hoy salpicado de "elefantes blancos", costosas obras inconclusas que nunca han visto la luz. La personera ¡ªrepresentante del Ministerio P¨²blico¡ª Alba Yaneth Lizarazo, con una escolta que no se le despega, se queja de que no tienen hospital, e incluso para un parto deben ir hasta Arauca. Es la primera vez que regresa desde febrero, cuando tuvo que huir por amenazas despu¨¦s de denunciar la corrupci¨®n. Grupos herederos del paramilitarismo amedrentan por medio de panfletos y grafitis en las viviendas rurales. Lizarazo habla de un ¡°conflicto vivo¡± con al menos cinco desparecidos desde que ella lleg¨® en 2016 ¡ªel mismo a?o en que se firm¨® el acuerdo de paz¡ª.
Aunque el asedio de los violentos ha disminuido, los servicios siguen sin llegar a las comunidades vulnerables, un reclamo repetido a lo largo del trayecto. Las carencias son a¨²n mayores en Santa B¨¢rbara de Agua Verde, a tres horas en lancha, una aislada poblaci¨®n en Vichada, sin agua potable ni alcantarillado, que solo disfruta de cinco horas diarias de energ¨ªa. La violencia inter¨¦tnica que caracteriz¨® la colonizaci¨®n de la zona dej¨® huella. Aqu¨ª es palpable la tensi¨®n entre los colonos ¡ªque se autodenominan as¨ª incluso cuando sus rasgos insin¨²an algo distinto¡ª y los ind¨ªgenas de la comunidad waipijiwi que salieron del resguardo de Ca?o Mochuelo, en su mayor¨ªa tierras inundables, huyendo del hambre.
De all¨ª se llega por el r¨ªo Meta a La Primavera. Aunque hoy se siente la presencia del Ej¨¦rcito, los lugare?os recuerdan cuando la que patrullaba era la guerrilla. Los militares, que tambi¨¦n sufren la falta de v¨ªas y batallan para abastecerse, explican que toda la zona es un corredor estrat¨¦gico dif¨ªcil de vigilar: en la temporada de lluvias los r¨ªos son navegables y en verano es f¨¢cil moverse por las s¨¢banas, donde ¡°juegan al gato y al rat¨®n¡±. Esas condiciones permiten sacar la droga desde regiones cocaleras de los departamentos de Meta y Guaviare hasta Venezuela, donde el ELN y las disidencias encuentran refugio. El tr¨¢fico de armas y ganado fluye en la direcci¨®n contraria.
¡°Ac¨¢ el que se enferma se muere¡±, se lamenta Didier Joaqu¨ªn Oropeza, un hombre vestido de botas y sombrero vaquero, como es costumbre, en Bocas de Pauto, el primer corregimiento al que llega la misi¨®n en Casanare. Atribuye la muerte de su prima de 23 a?os, que acaba de enterrar, a la falta de doctores y medicinas. As¨ª como en Cravo deben ir hasta Arauca para conseguir un hospital, en Bocas no les queda otra que ir hasta Yopal, la respectiva capital departamental, a unas nueve horas por carretera.
Al complejo panorama hay que a?adir que las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), a diferencia de otros grupos, nunca se sometieron al proceso de paz que desmoviliz¨® a buena parte de los paramilitares en el Gobierno de ?lvaro Uribe (2002-2010). En Orocu¨¦, muchas de las v¨ªctimas que hoy reclaman reparaci¨®n se quejan de que tienen a sus victimarios por vecinos. Adem¨¢s, la regi¨®n tambi¨¦n sufre una de las cicatrices m¨¢s profundas de la guerra: la b¨²squeda de desaparecidos. Son al menos 2.500 casos solo en Casanare, asegura Jeiny Alexandra Jarro de la fundaci¨®n Yovany Quevedo. ¡°Tristemente no se desmovilizaron, a la mayor¨ªa los cogieron delinquiendo. No hay nada que los obligue a decir la verdad¡±, se lamenta en Yopal, una urbe en expansi¨®n, la ¨²ltima parada de los marat¨®nicos encuentros con comunidades.
¡°Miramos hacia estas zonas porque no son debidamente atendidas por el Gobierno nacional. Ha habido una paz relativa, pero sin servicios p¨²blicos, salud ni educaci¨®n¡±, afirma Carlos Negret, el defensor del Pueblo, a manera de balance. ¡°Aqu¨ª se tiene que dar el posconflicto, que no es la entrega de unas armas, es inversi¨®n social. Si no hacemos inversi¨®n social, con seguridad se van a volver rearmar¡±, advierte.
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