Controles policiales por el color de la piel

Si no hubiera sido negro el hombre que caminaba de noche por el elegante distrito 17 de Par¨ªs, ?habr¨ªan intentado realizarle un control de identidad los agentes que acabaron propinando una paliza grabada por c¨¢maras de seguridad al productor musical Michel Zecler? El caso de brutalidad y racismo de esos polic¨ªas revelado el pasado noviembre en plenas protestas por los intentos del Gobierno franc¨¦s de aprobar una ley que restringe el derecho a filmar a las fuerzas del orden, es tambi¨¦n una muestra de otro problema extendido en el mundo, los controles o detenciones discriminatorias. Como respuesta, seis ONG han lanzado este mi¨¦rcoles una acci¨®n que han calificado de ¡°in¨¦dita¡± en Francia: amenazan al Estado con una acci¨®n legal colectiva si el Gobierno no da, en los pr¨®ximos cuatro meses, ¡°respuestas satisfactorias¡± que demuestren una verdadera voluntad de cambio de esta pr¨¢ctica ¡°estigmatizante, humillante y degradante para todas las personas que las sufren¡±.

¡°A pesar de los numerosos estudios que establecen sin lugar a dudas la existencia generalizada de controles de identidad basados en caracter¨ªsticas f¨ªsicas asociadas a un origen real o supuesto (de la persona), y a pesar de las m¨²ltiples condenas p¨²blicas, los gobiernos sucesivos se han limitado a realizar cambios cosm¨¦ticos y han renunciado a reformas estructurales necesarias¡±, justifican las organizaciones participantes: las internacionales Amnist¨ªa Internacional Francia, Human Rights Watch (HRW) y Open Society, as¨ª como las francesas MCDS, Pazapas y REAJI. Entre otros asuntos, recuerdan las ONG, en los ¨²ltimos a?os, el Defensor de los Derechos (el defensor del Pueblo franc¨¦s) ha denunciado este tipo de controles que tambi¨¦n le vali¨® al Gobierno una reprimenda del Tribunal Supremo, que en 2016 juzg¨® que la detenci¨®n policial de varios hombres j¨®venes de origen o apariencia africana (por su ¡°color de piel, rasgos o vestimenta¡±, seg¨²n la sentencia) fue discriminatoria y constitu¨ªa una ¡°falta grave que compromete la responsabilidad del Estado¡±.

En vista de que, pese a todo ello, no ha habido cambios sustanciales y esta pr¨¢ctica sigue en uso a pesar de las condenas al m¨¢s alto nivel, las ONG han decidido actuar de forma colectiva. Como primer paso, tal como lo dicta la ley, han enviado este mi¨¦rcoles sendas notificaciones formales al primer ministro franc¨¦s, Jean Castex, y sus ministros de Interior, G¨¦rald Darmanin, y Justicia, Eric Dupond-Moretti. Esto abre un espacio de cuatro meses para que los interpelados ¡°inicien discusiones¡± con las ONG. Una vez terminado ese plazo, si las organizaciones consideran que las conversaciones no han dado lugar a ¡°medidas satisfactorias¡±, podr¨ªan dar el siguiente paso y acudir a la justicia en una acci¨®n colectiva, una medida usada en el pasado contra empresas privadas, pero nunca antes contra el Estado. La ley de modernizaci¨®n de la justicia aprobada en 2016 permite este tr¨¢mite para que un juez ¡°pueda ordenar medidas correctivas, especialmente orden¨¢ndole al poder ejecutivo la adopci¨®n de reformas sist¨¦micas¡±, recuerdan las ONG.

Tras la paliza sufrida por el productor musical Zecler, el presidente franc¨¦s, Emmanuel Macron, reconoci¨® en una entrevista en diciembre que en Francia ¡°cuando se tiene un color de piel que no es blanco, se es controlado mucho m¨¢s¡±. Adem¨¢s, anunci¨® la celebraci¨®n de una consulta con representantes policiales, pol¨ªticos y actores sociales para estudiar mejoras en las fuerzas del orden ante las crecientes denuncias de violencia y racismo en los ¨²ltimos meses. El ministro del Interior anunci¨® este lunes que las reuniones comenzar¨¢n la semana que viene con la participaci¨®n de Castex. Como record¨® este mi¨¦rcoles ante la prensa el portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, uno de los objetivos de estas citas, que continuar¨¢n hasta mayo, es buscar c¨®mo restablecer los ¡°v¨ªnculos entre las fuerzas de seguridad y la poblaci¨®n¡±. Para las ONG, sin embargo, esto no es garant¨ªa suficiente.

¡°El problema es conocido, reconocido y denunciado un¨¢nimemente. Pero el Estado no hace nada o casi nada¡±, resumi¨® el abogado de las ONG, Antoine Lyon-Caen, en rueda de prensa por videoconferencia. Las organizaciones dicen temer que todo esto ¡°solo lleve, una vez m¨¢s, a medidas superficiales insuficientes¡±. De ah¨ª que amenacen con actuar ante la justicia si el Gobierno no se compromete a realizar reformas profundas que impliquen, entre otras, la ¡°prohibici¨®n expl¨ªcita de la discriminaci¨®n en los controles de identidad¡±, la adopci¨®n de reglamentos e instrucciones espec¨ªficas para los controles de menores y la creaci¨®n de un sistema de ¡°registro y evaluaci¨®n¡± de los controles de identidad. Reclaman, adem¨¢s, la creaci¨®n de un mecanismo de denuncia ¡°eficaz e independiente¡±, la ratificaci¨®n del protocolo 12 de la Convenci¨®n Europea de Derechos Humanos sobre la no discriminaci¨®n y la modificaci¨®n tanto de los objetivos como del entrenamiento de la polic¨ªa sobre todo en su ¡°interacci¨®n ante el p¨²blico¡±.