Un grupo de familias de Pa¨ªses Bajos demanda al primer ministro por negligencia en el esc¨¢ndalo de las ayudas sociales
Los querellantes consideran que Mark Rutte sab¨ªa que se incurr¨ªa en un atropello al acusarles de un fraude que no cometieron
Un grupo de 80 padres de los Pa¨ªses Bajos, afectados por el esc¨¢ndalo de las ayudas a las familias que provoc¨® en enero pasado la dimisi¨®n del Gobierno de centroderecha, ha presentado una demanda contra el primer ministro, Mark Rutte. Le acusan de haber forzado la devoluci¨®n del subsidio a sabiendas de que se estaba violando la ley. Tambi¨¦n le se?alan por no haber exigido la correcta aplicaci¨®n de las normas fiscales, neg¨¢ndoles con ello la oportunidad de explicarse cuando eran acusados de fraude sin motivo. Una negligencia deliberada o grave, seg¨²n Vasco Groeneveld, el abogado de los afectados.
Al presentar su renuncia, Rutte dijo que el Gabinete tomaba una decisi¨®n conjunta y ¨¦l se sent¨ªa pol¨ªticamente responsable, pero no en lo personal, de lo ocurrido. Cerca de 30.000 familias se endeudaron porque fueron obligadas por la Agencia Tributaria a retornar una prestaci¨®n que les correspond¨ªa para el cuidado de sus hijos.
A mediados de enero, el mismo Groeneveld ya present¨® una demanda contra cinco ministros y secretarios de Estado en nombre de una veintena de padres, v¨ªctimas del mismo caso. En ese momento, Rutte qued¨® al margen porque no qued¨® demostrada su responsabilidad legal. Sin embargo, tras la dimisi¨®n del Gobierno han aparecido nuevos datos aprovechados ahora por el abogado. Entre ellos, destaca la declaraci¨®n del ahora primer ministro en funciones sobre el hecho de que su Gobierno ¡°supiera ya entre mayo y junio de 2019 c¨®mo era de grave el problema de las ayudas¡±. Rutte as¨ª lo admiti¨® durante el debate parlamentario dedicado al esc¨¢ndalo, y a?adi¨® que estuvo ¡°directamente involucrado en el asunto¡±. Por otro lado, los documentos hechos p¨²blicos en virtud de la Ley de Transparencia indican que ¡°particip¨® en la toma de decisiones sobre los pasos a seguir¡±. A pesar de ello, la reclamaci¨®n ilegal de las ayudas por parte de la Agencia Tributaria sigui¨® adelante hasta noviembre de 2019, e incluso despu¨¦s, y Groeneveld considera que Rutte s¨ª puede ser considerado ahora legalmente responsable.
Para apoyar la reclamaci¨®n de los padres, el abogado alude a las declaraciones de un diputado democristiano, Peter Omtzigt, que describi¨® as¨ª el ambiente en el Gabinete en junio de 2019: ¡°Cunde el p¨¢nico y todo el mundo est¨¢ pensando en las repercusiones pol¨ªticas, pero no en los padres¡±. Omtzigt respondi¨® en 2017 a la llamada de la abogada Eva Gonz¨¢lez P¨¦rez, de origen espa?ol, que destap¨® el esc¨¢ndalo, y pregunt¨® desde entonces en el Congreso sobre la labor de la Agencia Tributaria.
La comisi¨®n parlamentaria ante la que declararon todos los ministros involucrados en la concesi¨®n del subsidio familiar, incluido Rutte, concluy¨® que se hab¨ªa cometido ¡°una injusticia sin precedentes¡± porque se hab¨ªa violado ¡°el imperio de la ley¡± al no permitir margen de maniobra alguno a los padres, que no fueron escuchados.
A todo ello se sum¨® la discriminaci¨®n derivada de las listas de apellidos y doble nacionalidad elaboradas por los funcionarios de tributos: en su mayor¨ªa, se trataba de padres de origen inmigrante. El Gobierno ha empezado a indemnizar con 30.000 euros a cada una de las familias, que no tendr¨¢n que devolver las deudas contra¨ªdas con instancias p¨²blicas. Sobre las deudas privadas acumuladas por la devoluci¨®n de las ayudas no se ha tomado una decisi¨®n todav¨ªa.
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