¡°Mi mam¨¢ tambi¨¦n fue un ¡®falso positivo¡¯ del Ej¨¦rcito colombiano¡±

Los est¨ªmulos que ofrec¨ªa el Ej¨¦rcito colombiano a los militares para que sumaran muertos a la lista de guerrilleros abatidos en combate se llevaron por delante la vida de miles de civiles. Sin importar el g¨¦nero ni la edad, cualquiera pod¨ªa terminar asesinado y presentado como subversivo. A la mam¨¢ de Marino Mazo se la llevaron el 20 de mayo de 2004. Dos d¨ªas despu¨¦s, apareci¨® en una morgue disfrazada con un uniforme camuflado sobre un jean y una camiseta gris. En la radio de Cocorn¨¢ ¨Cel pueblo en el que la encontraron¨C las noticias la presentaban como una guerrillera dada de baja en un intercambio de disparos con los militares.

La semana pasada, la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP) determin¨® que 6.402 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente entre 2002 y 2008 en Colombia. Sus cad¨¢veres serv¨ªan para engordar la lista de triunfos del Ej¨¦rcito en la guerra contra las FARC. Adem¨¢s, por cada muerto los oficiales y soldados eran premiados con d¨ªas libres, condecoraciones y hasta dinero en efectivo. Tambi¨¦n ganaba el Gobierno, porque cada baja era una muestra m¨¢s de la ¡°mano dura¡± contra la guerrilla, el pilar de la pol¨ªtica de ¡°seguridad democr¨¢tica¡± del Ejecutivo de ?lvaro Uribe (2002-2010), en el que m¨¢s se registraron asesinatos de civiles que luego hicieron pasar por criminales.

Blanca G¨®mez, que estaba por cumplir 50 a?os, era una campesina que la ma?ana en que se la llevaron se hab¨ªa detenido en su camino a recoger caf¨¦ para visitar a una vecina. Estaban desgranando ma¨ªz y conversando cuando seis militares aparecieron en el rancho. Seg¨²n cuenta su hijo, y coincide con la sentencia del caso, le pidieron a Blanca que los ayudara a sacar unas vacas que llevaban a la v¨ªa principal. Junto con la mujer y los uniformados iba otro campesino de la zona, Jairo de Jes¨²s Garc¨ªa ¨Cel Gordo, le dec¨ªan¨C. Ambos fueron reportados como dados de baja. A ¨¦l tambi¨¦n lo disfrazaron de guerrillero.

A la mam¨¢ de Marino Mazo la enterraron antes de que su familia llegara al pueblo y fue identificada con una foto de su cad¨¢ver. Seg¨²n la sentencia contra uno de los suboficiales condenados por el asesinato, el cuerpo de Blanca G¨®mez ten¨ªa ¡°un orificio de entrada en la parte abdominal del lado izquierdo con salida en la cadera, un orificio de entrada en la axila lado derecho con salida en la parte lumbar. En la parte frontal presenta una herida abierta y otra igual en la parte orbital¡±.

El Ej¨¦rcito la se?al¨® como integrante del IX Frente de las FARC. Junto al bulto que marcaron como ¡°sin identificar¡±, los militares presentaron un arma supuestamente incautada en el operativo. Seg¨²n la descripci¨®n del expediente, la encontraron vestida con un ¡°pantal¨®n camuflado, debajo ten¨ªa un pantal¨®n jean color caf¨¦, talla 16, camisa color azul oscuro manga corta talla L, y ten¨ªa otra camisa debajo color gris manga corta sin talla, botas negras talla 37 y un brasier color blanco con fondo de flores¡±.

Marino Maza cuenta que su mam¨¢ era delgada, bajita y llevaba el pelo corto. Hab¨ªa quedado viuda muy joven. A su marido lo hab¨ªa asesinado la guerrilla del ELN a inicios de los a?os ochenta. ¡±Ella nunca se quiso ir del campo porque mi abuela viv¨ªa cerca y no la quer¨ªa dejar sola¡±, recuerda el hijo, de 36 a?os.

En 2008 se conocieron los que ser¨ªan los primeros de miles de casos. En Soacha, un municipio que colinda con Bogot¨¢, varios j¨®venes hab¨ªan desaparecido tras aceptar una oferta de trabajo en el campo que implicaba viajar. Nueve meses despu¨¦s de que se fueron sus mam¨¢s empezaron a recibir noticias en las que se?alaban a sus hijos de guerrilleros. Pronto se supo que hab¨ªan sido enga?ados y que sus ejecuciones correspond¨ªan a una pol¨ªtica macabra del Ej¨¦rcito.

¡°Los j¨®venes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate y no fueron a recoger caf¨¦, fueron con prop¨®sitos delincuenciales y no murieron un d¨ªa despu¨¦s de su desaparici¨®n sino un mes m¨¢s tarde¡¯', dijo ?lvaro Uribe, entonces presidente, cuando el esc¨¢ndalo ya ocupaba los titulares de la prensa. Las mujeres estaban ahora haci¨¦ndole frente a un mandatario que justificaba los asesinatos y las humillaba.

Uribe tuvo que retractarse a?os m¨¢s tarde, en el 2017, cuando las mujeres unidas en el colectivo Las Madres de Soacha lo demandaron por un tuit en el que relacionaba a los j¨®venes con la delincuencia. El exmandatario se disculp¨® y tuvo que mencionar, con nombre y apellido, a los muchachos que el Ej¨¦rcito hab¨ªa ejecutado. Las mam¨¢s de estos j¨®venes han sido las abanderadas del caso y han logrado que hasta septiembre pasado 1.740 integrantes del Ej¨¦rcito hayan sido condenados por participar en las ejecuciones extrajudiciales. Con el anuncio de la JEP la semana pasada, otras v¨ªctimas han aparecido para contar sus historias. ¡°Muchos no denunciaron, hubo familias que no ten¨ªan c¨®mo hacerlo, que no ten¨ªan abogado o por miedo no dijeron nada. Hay m¨¢s v¨ªctimas¡±, dice el hijo de Blanca G¨®mez, que hasta ahora hace p¨²blico el caso de su mam¨¢.

Ana P¨¢ez, mam¨¢ de Eduardo Garz¨®n P¨¢ez, insiste en que sin verdad no habr¨¢ justicia. ¡°Estamos presentes y seguiremos adelante¡±, advierte en un v¨ªdeo publicado la ¨²ltima semana. Llevan m¨¢s de trece a?os haciendo el mismo reclamo. ¡°No queremos que los militares y gobernantes se pudran en la c¨¢rcel, queremos que cuenten la verdad, que reconozcan los cr¨ªmenes y que pidan perd¨®n¡±, apunta Marino Mazo. ?Qui¨¦n dio la orden?, preguntan una vez m¨¢s las familias de las v¨ªctimas.

Uribe se defiende y Santos promete contar la verdad

¡°No hay un solo militar que pueda decir que recibi¨® de mi parte mal ejemplo o indebida insinuaci¨®n¡±, ha dicho el expresidente Uribe despu¨¦s de conocerse que bajo su mandato fue cuando se registraron, por mucho, la mayor¨ªa de las ejecuciones extrajudiciales. Uribe ha dicho que suspendi¨® a 27 oficiales de sus cargos en 2008, cuando ¨Cseg¨²n su versi¨®n¨C empez¨® a ver falta de rigor en los protocolos operativos que podr¨ªan facilitar hechos delictivos. Tambi¨¦n ha acusado a las organizaciones de derechos humanos de ser sus enemigas por denunciar las ejecuciones extrajudiciales y acompa?ar a las v¨ªctimas. Uribe era el comandante en jefe de las fuerzas militares y su respuesta resulta insuficiente para las m¨¢s de 6.000 familias que piden justicia.

De Juan Manuel Santos, expresidente y ministro de Defensa en el Gobierno de Uribe, tambi¨¦n esperan explicaciones. En 2006, cuando estaba a cargo de las Fuerzas Militares, se registraron m¨¢s de 1.200 falsos positivos. ¡°Desde el a?o pasado me puse a disposici¨®n de la justicia transicional para contarles, entre otras cosas, c¨®mo investigamos, destapamos y acabamos con ese horror de los falsos positivos¡±, dijo la semana pasada tras conocerse que no fueron 2.248 ejecuciones extrajudiciales, como oficialmente sosten¨ªa la Fiscal¨ªa, sino m¨¢s de 6.000. Las v¨ªctimas siguen esperando la verdad.

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