Human Rights Watch denuncia ¡°abusos aberrantes¡± del Ej¨¦rcito venezolano en la frontera con Colombia

La ofensiva que desplegaron hace poco m¨¢s de un mes las fuerzas de seguridad venezolanas contra grupos armados en el estado Apure, en la frontera con Colombia, ha estado plagada de atrocidades. Esos ¡°abusos aberrantes contra la poblaci¨®n local¡± han empujado a cerca de 6.000 personas a refugiarse del otro lado de la l¨ªnea lim¨ªtrofe, y ahora muchos de esos desplazados temen volver a su pa¨ªs, de acuerdo con decenas de testimonios recopilados por Human Rights Watch en el departamento colombiano de Arauca.

El operativo en Apure incluy¨® la ejecuci¨®n de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados, denuncia la ONG en un informe publicado este lunes. Casos que ¡°siguen un patr¨®n similar al de los abusos sistem¨¢ticos de las fuerzas de seguridad del r¨¦gimen que han originado investigaciones internacionales sobre posibles cr¨ªmenes de lesa humanidad en Venezuela¡±, concluye el documento.

¡°Las investigaciones internacionales de estos cr¨ªmenes son fundamentales ante el volumen creciente de evidencias que implican a los agentes que han cometido abusos, as¨ª? como a los comandantes y altos funcionarios que sab¨ªan o deber¨ªan haber sabido lo que ocurr¨ªa durante estos operativos¡±, se?ala Jose? Miguel Vivanco, director para las Ame?ricas de HRW. ¡°Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistem¨¢ticos de las fuerzas de seguridad de [Nicol¨¢s] Maduro¡±, abunda.

Desde que el pasado 21 de marzo se reportaron enfrentamientos en varias zonas rurales del estado Apure entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y una de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC ¨Choy convertida en un partido pol¨ªtico en virtud de los acuerdos de paz sellados a finales de 2016¨C, al menos 5.800 personas han huido a Arauca (Colombia), en su mayor¨ªa al municipio de Arauquita, de apenas 50.000 habitantes. A pesar del apoyo de autoridades y organizaciones humanitarias, ¡°los albergues se encuentran hacinados y la asistencia humanitaria es insuficiente¡±, describe el informe, para el que HRW entrevist¨® a 68 personas entre marzo y abril.

La mayor¨ªa de los testigos de los abusos temen sufrir represalias en Venezuela, de modo que hablaron bajo la condici¨®n de no divulgar sus nombres. Los venezolanos desplazados relataron que huyeron debido a los frecuentes ataques a¨¦reos y combates entre uniformados venezolanos y los grupos armados, adem¨¢s de ¡°por los aberrantes abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad venezolanas¡±, que incluyen a la FANB, a las temidas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsio?n y Secuestro (CONAS).

En una de las varias denuncias, sustentadas tambi¨¦n en informaci¨®n de autoridades de ambos pa¨ªses, as¨ª como en el an¨¢lisis de videos, audios y fotograf¨ªas, el informe relata que las FAES se llevaron a cuatro miembros de una familia de su vivienda en La Victoria (Venezuela) y sus cuerpos fueron encontrados en El Ripial, a un kilometro y medio, con cortes, heridas de bala y presuntas luxaciones ¨®seas. ¡°Peritos forenses concluyeron que las fotograf¨ªas de los cuerpos sugieren que habr¨ªan sido movidos y que las armas de fuego y granadas que se ven junto a sus manos pudieron haber sido sembradas¡±, denuncia la organizaci¨®n de defensa de los derechos humanos. Los uniformados tambi¨¦n ingresaron por la fuerza en varios hogares en los que saquearon o destruyeron efectos personales, comida y enseres.

Los testimonios reflejan una violencia extrema. Un habitante de la zona rural de La Victoria que huy¨® a Arauquita, identificado bajo el seud¨®nimo de Pablo Ram¨ªrez, cont¨® a HRW que los agentes de las FAES llegaron a la finca donde viv¨ªan y trabajaban con su familia y mientras lo interrogaban sobre sus supuestos v¨ªnculos con grupos guerrilleros le clavaron una navaja en el dedo me?ique y despu¨¦s se lo torcieron con un alicate. Tambi¨¦n amenazaron con matarlo, llevarse a su hijo peque?o y cortarle el vientre a su esposa embarazada para sacarle el beb¨¦.

Las fuerzas de seguridad venezolanas mataron a ma?s de 19.000 personas en casos de supuesta ¡°resistencia a la autoridad¡± entre 2016 y 2019, de acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). En sus informes, la oficina encabezada por la expresidente chilena Michelle Bachelet ha concluido que muchas de esas muertes podr¨ªan constituir ejecuciones extrajudiciales y que las FAES suelen alterar la escena del crimen y la evidencia. El expediente de abusos incluso llev¨® a que Bachelet exhortara en 2019 al Gobierno de Maduro a disolverlas.

En el estado Apure y el departamento de Arauca, una regi¨®n donde no ha llegado la paz, todav¨ªa operan varios grupos armados que someten a la poblaci¨®n a ambos lados de la l¨ªnea lim¨ªtrofe a asesinatos y torturas, reclutamiento de menores, secuestros y trabajo forzado, seg¨²n lo ha documentado Human Rights Watch en anteriores informes. Entre esos grupos que controlan la vida cotidiana est¨¢ la guerrilla del Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN), as¨ª como dos de las disidencias que se apartaron de las negociaciones con las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): el Frente De?cimo Marti?n Villa y Segunda Marquetalia, el grupo de Iv¨¢n M¨¢rquez. Del otro lado operan adem¨¢s las Fuerzas Patri¨®ticas de Liberaci¨®n Nacional (FPLN), con una estrecha relaci¨®n con las autoridades venezolanas en Apure.

De acuerdo con las investigaciones de HRW, las fuerzas de seguridad venezolanas han tolerado a los grupos armados que operan en Apure y, en ocasiones, han actuado en connivencia con ellos. El Gobierno de Iv¨¢n Duque ha se?alado reiteradamente que tanto el ELN como las disidencias han encontrado una retaguardia en Venezuela, cobijados por las autoridades chavistas. Aunque hay distintas versiones sobre el origen de los enfrentamientos en Apure, varios testimonios se?alan que la Segunda Marquetalia tiene nexos estrechos con el Gobierno de Maduro e intenta eliminar al Frente De?cimo Marti?n Villa, su competencia en el tr¨¢fico de narc¨®ticos, en un escenario de fricciones entre el ELN y las disidencias.

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