La violencia represiva en Colombia renueva el clamor por una reforma de la polic¨ªa

Los abusos policiales documentados en videos que inundan los celulares cada noche han vuelto a agitar la indignaci¨®n en Colombia. Con m¨¢s de una veintena de muertos sobre el asfalto de varias ciudades del pa¨ªs tras diez d¨ªas de movilizaciones contra el Gobierno de Iv¨¢n Duque, ha resurgido el aplazado debate sobre una reforma de la polic¨ªa. Abundan las voces que abogan por buscar f¨®rmulas para reconstruir una confianza resquebrajada.

Las denuncias de abusos policiales en Colombia han sido frecuentes incluso en medio de las medidas de confinamiento para atender la pandemia del coronavirus, un malestar que se acumula desde la primera oleada de manifestaciones contra Duque a finales del 2019. En aquel entonces, un proyectil del Escuadr¨®n M¨®vil Antidisturbios, el Esmad, mat¨® durante una protesta pac¨ªfica en el centro de Bogot¨¢ al estudiante de bachillerato Dilan Cruz.

En la madrugada del pasado 9 de septiembre, el homicidio del estudiante de Derecho Javier Ord¨®?ez bajo custodia policial, torturado por dos patrulleros que antes lo hab¨ªan sometido a incesantes descargadas de taser a pesar de sus s¨²plicas, desat¨® la ira ciudadana. Ese crimen, cometido en el interior de un Comando de Acci¨®n Inmediata (CAI), provoc¨® dos ca¨®ticas noches de disturbios en Bogot¨¢, que a su vez desencadenaron nuevos y graves abusos, con un saldo de 13 muertos. La alcaldesa de la capital, Claudia L¨®pez, le pidi¨® p¨²blicamente al presidente Duque liderar un profundo proceso de reforma de la polic¨ªa. El Gobierno respondi¨® con una defensa cerrada de la fuerza p¨²blica y el propio Duque se fotografi¨® con una chaqueta de polic¨ªa para escenificar su respaldo.

En este nuevo ciclo de movilizaciones, iniciado el 28 de abril, se cuentan al menos 27 muertos, de acuerdo con la Defensor¨ªa del Pueblo. Human Rights Watch, por su parte, ha recibido 36 denuncias de fallecidos en el marco de las protestas. Solo en la capital, la noche del martes dej¨® casi un centenar de heridos y una turba intent¨® incendiar un CAI con polic¨ªas que lograron escapar. Los reportes crecen cada noche y la crisis de confianza es palpable. En el m¨¢s reciente estudio de la firma Invamer, en febrero, el 55% de los consultados ten¨ªa una imagen desfavorable de la polic¨ªa.

Las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas evidencian que sigue existiendo y se ha hecho m¨¢s grave la intervenci¨®n ¡°sistem¨¢tica, arbitraria y violenta¡± de los uniformados en las manifestaciones, apunta el centro de pensamiento Dejusticia. Junto a otras organizaciones, le han pedido a la Corte Suprema que declare un incumplimiento de lo ordenado por el alto tribunal en una sentencia del 22 de septiembre . La Corte encontr¨® que el Estado reprime de manera ¡°sistem¨¢tica, violenta, arbitraria y desproporcionada¡± las manifestaciones ciudadanas, y en ese fallo le ordenaba al Gobierno, entre otras medidas, no estigmatizar la protesta social.

Los m¨²ltiples episodios de uso excesivo de la fuerza se producen adem¨¢s en un momento de transici¨®n, cuando Colombia intenta doblar la p¨¢gina de la violencia asociada a m¨¢s de medio siglo de conflicto armado con la extinta guerrilla de las FARC. Las denuncias han llevado a que se pronuncie la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz, el tribunal encargado de juzgar los cr¨ªmenes m¨¢s graves ocurridos durante la guerra.

¡°La justicia transicional se caracteriza, entre otras cosas, por pretender la no repetici¨®n de las violaciones ocurridas durante el conflicto armado colombiano, en cualquiera de sus manifestaciones¡±, se?al¨® la JEP al hacer un llamado para que, con el apoyo de la ONU y de la comunidad internacional, ¡°se promueva una reforma profunda de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano¡±. El tribunal pidi¨® a la sociedad colombiana tomarse en serio el proceso transicional que la debe llevar a ¡°sustituir, y a exigir que se sustituya, la violencia por otras formas de resoluci¨®n de los conflictos¡±.

El estallido de violencia ha agitado el debate. ¡°En las ¨²ltimas semanas hemos recibido denuncias alarmantes de abusos por parte de la polic¨ªa, incluyendo uso de armas de forma indiscriminada y letal, detenciones arbitrarias y golpizas¡±, el dijo a EL PA?S Jos¨¦ Miguel Vivanco, director para las Am¨¦ricas de Human Rights Watch. Entre otras, la ONG ha corroborado que los uniformados han usado tanquetas con lanzadores de proyectiles m¨²ltiples dirigidos a manifestantes, en un comportamiento que no hab¨ªan visto antes en Am¨¦rica Latina.

¡°En las protestas ocurridas en 2019 y 2020, la Polic¨ªa y el Esmad ya hab¨ªan dado muestras de sus falencias estructurales para controlar manifestaciones de una forma que respete plenamente los derechos humanos de la poblaci¨®n. Dadas las graves violaciones cometidas, la discusi¨®n sobre una reforma policial parece impostergable¡±, asegura Vivanco. ¡°Colombia debe tomar medidas urgentes para contar con una polic¨ªa de car¨¢cter civil, que est¨¦ subordinada al Ministerio del Interior, no al de Defensa, y que cuente con la capacitaci¨®n adecuada sobre el uso de armas y firmes controles que ayuden a prevenir abusos¡±, detalla.

¡°Por supuesto que hay problemas de formaci¨®n¡±, se?ala Mar¨ªa Victoria Llorente, directora de la Fundaci¨®n Ideas para la Paz (FIP), ¡°pero creo que tiene m¨¢s que ver m¨¢s con temas de cultura institucional, con los mecanismos de control y de liderazgo civil¡±. ¡°Est¨¢n en pie de guerra, y ese es un terreno muy f¨¦rtil para teor¨ªas locas como la revoluci¨®n molecular disipada¡±, alerta Llorente, en referencia al t¨¦rmino que difundi¨® en redes el expresidente ?lvaro Uribe, el mentor pol¨ªtico de Duque. El exmandatario tambi¨¦n ha defendido el derecho de polic¨ªas y militares a usar las armas en las protestas, lo que ha elevado la tensi¨®n.

La reubicaci¨®n institucional de la polic¨ªa o la creaci¨®n de una fuerza intermedia, estilo guardia civil o gendarmer¨ªa para brindar mejor seguridad en zonas rurales, son alternativas que deben ser consideradas, argumenta la FIP en un documento sobre la crisis de la fuerza p¨²blica. Pero el contexto de polarizaci¨®n impide que se d¨¦ una discusi¨®n serena y suficientemente calificada tanto dentro de la polic¨ªa como fuera de ella. Entre varias ideas, la FIP propone que la polic¨ªa debe abrirse a la participaci¨®n y escrutinio de la sociedad civil.

Suscr¨ªbase aqu¨ª a la newsletter de EL PA?S Am¨¦rica y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la regi¨®n.