La insatisfacci¨®n con el modelo econ¨®mico, clave en la segunda vuelta presidencial en Per¨²

Cerca del 90% de los peruanos quiere que cambie el modelo econ¨®mico del pa¨ªs, aunque solo un tercio desear¨ªa una modificaci¨®n radical, seg¨²n las encuestadoras Ipsos Per¨² e Instituto de Estudios Peruanos. La econom¨ªa peruana tuvo 20 a?os de crecimiento hasta que se desplom¨® un 11% por la pandemia en 2020. Durante esas dos d¨¦cadas se mantuvo, sin embargo, un 70% de empleo informal, que se agrav¨® con la crisis del coronavirus. El pasado viernes, las cifras oficiales indicaron que en 2020 la pobreza subi¨® 10 puntos porcentuales, lo que se traduce en que un 30% de los peruanos (10 millones de personas) viven en la pobreza. El acceso a los servicios -educaci¨®n, salud, saneamiento e internet-, que ya era deficiente antes de la pandemia, tambi¨¦n ha empeorado.

Los candidatos presidenciales que han pasado a la segunda vuelta, el radical de izquierda Pedro Castillo y la conservadora Keiko Fujimori, se presentan ante el electorado como los representantes del cambio y de la continuidad del modelo, respectivamente. Julio C¨¦sar G¨®mez, nacido en el caser¨ªo de Pu?a (Cajamarca) fue compa?ero de escuela de Castillo y tiene la misma edad, 51 a?os. ¡°Estamos decepcionados de este modelo econ¨®mico porque la Constituci¨®n de 1993 fue hecha para los grandes, se olvidaron del que se gana el pan del d¨ªa con el sudor de su frente, por eso se pide a gritos el cambio de la Constituci¨®n. El pueblo ya despert¨® y es dif¨ªcil que lo hagan retroceder¡±, explica desde Lima.

¡°Pedimos una asamblea para cambiar esas leyes hechas para los grandes. Ac¨¢ la justicia es solo para el pobre que roba una gallina, un celular. Lo sentencian cuatro a?os, pero para aquel que roba millones o que vendi¨® nuestras empresas, hay libertad¡±, a?ade G¨®mez, que acompa?a a Castillo como parte del cord¨®n de seguridad de su campa?a.

El economista Luis Alberto Arias, ex vicepresidente del Banco Central de Reserva, explica que ¡°los principales problemas de insatisfacci¨®n con el modelo econ¨®mico son el empleo y el acceso a servicios b¨¢sicos como salud, educaci¨®n y protecci¨®n social¡±. Seg¨²n cifras oficiales, en Lima solo cinco de cada 100 tiene acceso a un seguro privado de salud y solo el 38% tiene seguro con Essalud, sistema estatal que a¨²n antes de la pandemia estaba colapsado. ¡°El resto o no tiene seguro o tiene acceso al Seguro Integral de Salud (de cobertura m¨ªnima con el Ministerio de Salud). Con la pandemia la situaci¨®n se ha agravado. Hasta ahora el 15% de los trabajadores no ha recuperado el empleo y los que lo han recuperado lo obtienen en forma precaria¡±, describe el consultor y profesor universitario Arias.

¡°El Estado no ha avanzado en cerrar las enormes brechas en el acceso a salud, educaci¨®n y protecci¨®n social en los ¨²ltimos cinco a?os. Ha priorizado el grado de inversi¨®n, equilibrio fiscal, el ratio de deuda p¨²blica, a costa del estancamiento del gasto en salud, educaci¨®n, protecci¨®n social e infraestructura. Seg¨²n la CEPAL, Per¨² gasta en estos rubros menos que el promedio de Am¨¦rica Latina: esto explica el paup¨¦rrimo sistema de salud para enfrentar la pandemia y la incapacidad para proteger a los que perdieron el empleo¡±, agrega Arias.

La pobre inversi¨®n en salud afecta a los pacientes, pero tambi¨¦n a 18.000 estudiantes de Medicina y Ciencias de la Salud que realizan su internado en hospitales. Recientemente, la Federaci¨®n Peruana de Estudiantes de Medicina Humana (Fepemh) logr¨® que el Ejecutivo apruebe el pago de un estipendio mensual no menor a 243 d¨®lares para los internos, un seguro de salud y la entrega de equipos de protecci¨®n personal, sin embargo el anuncio no se cumple en su totalidad. ¡°La situaci¨®n que vivimos miles de internos es producto del modelo neoliberal, donde todo tiene un precio y donde la educaci¨®n y la salud han degenerado a un servicio o una mercanc¨ªa para quienes puedan adquirirla. Desafortunadamente, vivimos en un modelo depredador no solo de la naturaleza sino tambi¨¦n del ser humano¡±, responde el gremio de estudiantes de Medicina, consultado por este diario.

Reforma laboral

La Constituci¨®n de 1993 que estableci¨® el modelo econ¨®mico vigente modific¨® el r¨¦gimen laboral. ¡°Muchas de las cosas que pasan ahora sobre la oficializaci¨®n de la precariedad laboral y el que los trabajadores est¨¦n excluidos de ejercer alg¨²n tipo de derecho se relacionan con lo que estableci¨® el Gobierno de Alberto Fujimori¡±, afirma la soci¨®loga Alejandra Dinegro, investigadora de la precariedad y la informalidad laboral de los j¨®venes en Per¨².

¡°Varias investigaciones sobre la reforma laboral en Am¨¦rica Latina califican la de Per¨² como una de las m¨¢s salvajes, por el atropello sistem¨¢tico a los derechos laborales, la sindicalizaci¨®n y los pliegos de negociaciones colectivas. La flexibilidad laboral permite, por ejemplo, contratos de un mes. En ese panorama, en mi generaci¨®n se impuso la incapacidad de hacer planes, a diferencia de nuestros padres o abuelos¡±, destaca la investigadora.

Al estudiar las condiciones en que trabajan los repartidores de plataformas de m¨®viles en las tres principales ciudades peruanas, Dinegro constata que hay ¡°una especie de agujero negro¡± porque trabajan por menos de un sueldo m¨ªnimo. ¡°Est¨¢n fuera del marco regulatorio en cuanto a derechos laborales y sociales, y est¨¢n en un mercado laboral no tradicional: sin horario, sin jefe, sin contrato, donde todo es incierto y la ¨²nica interacci¨®n es con el m¨®vil¡±, anota.

El descontento con el modelo econ¨®mico es m¨¢s acentuado en una parte de la poblaci¨®n ind¨ªgena peruana. ¡°Nos sentimos abandonados, excluidos, discriminados por este modelo de desarrollo econ¨®mico¡±, dice por tel¨¦fono el apu (jefe ind¨ªgena) Lizardo Cauper, presidente de Aidesep, la principal organizaci¨®n de pueblos originarios de la Amazon¨ªa. ¡°Se necesita priorizar las necesidades en salud, educaci¨®n, agua, saneamiento e infraestructura, pero tambi¨¦n los derechos colectivos, como la seguridad jur¨ªdica de nuestros territorios -la titulaci¨®n- y el respeto a la consulta previa. Hay proyectos (de empresas extractivas) que se realizan sin conocimiento ni autorizaci¨®n de los pueblos¡±, a?ade el jefe ind¨ªgena. ¡°Se necesitan cambios estructurales y reactivaci¨®n econ¨®mica, no soluciones parciales y esfuerzos aislados en salud y educaci¨®n¡±, remata el l¨ªder de la etnia shipibo-conibo, que padeci¨® las dificultades del sistema de salud en 2020 cuando se contagi¨® de covid.

D¨ªas antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales el pasado abril, el problema de acceso a la vivienda estall¨® con la invasi¨®n de un terreno privado en un distrito de Lima, Villa El Salvador. La polic¨ªa expuls¨® a las personas que hab¨ªan llegado hasta all¨ª, que ahora viven en carpas en la calle, sin agua ni servicios b¨¢sicos. La mayor¨ªa son personas que se quedaron sin trabajo durante la pandemia y no pueden pagar un alquiler. El urbanista Manuel Dammert se?ala que entre 2001 y 2018, el 93% del nuevo suelo urbano construido son asentamientos informales.

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