Londres endurece su legislaci¨®n contra la inmigraci¨®n irregular

La presi¨®n migratoria coincide en el Reino Unido con la desafortunada concomitancia de tres factores que amenazan con desencadenar un cataclismo humanitario. El primero es de car¨¢cter fundamentalmente pol¨ªtico, con la l¨ªnea dura del Gobierno de Boris Johnson, que ha emprendido una reforma legislativa que penalizar¨¢ con hasta cuatro a?os de c¨¢rcel llegar sin papeles a suelo brit¨¢nico; el segundo ata?e a los n¨²meros sin precedentes en el volumen de personas interceptadas en el Canal de la Mancha; y, para completar la tormenta perfecta, no pod¨ªa faltar la t¨®xica ret¨®rica en materia de inmigraci¨®n que, ya en 2016, hab¨ªa prendido la mecha que facilitar¨ªa la victoria del Brexit.

La tr¨¢gica estampa de una embarcaci¨®n asestada de seres humanos desesperados por llegar a lo que perciben como su salvaci¨®n se ha convertido en una escena habitual en la costa meridional de Inglaterra. Pero la familiaridad no significa aceptaci¨®n, como pueden corroborar cada d¨ªa los agentes de la Real Instituci¨®n Nacional de Salvavidas (RNLI, en sus siglas en ingl¨¦s), que recientemente denunciaban el acoso al que se ven sometidos por las operaciones de rescate que acometen en el mar, incluyendo agresiones verbales, lanzamiento de objetos y arengas con un denominador com¨²n: ¡°Marchaos a Francia¡±.

La prueba de la olla a presi¨®n en la que se est¨¢ convirtiendo el Reino Unido es que nadie est¨¢ a salvo. El controvertido proyecto de Ley de Nacional y Fronteras, actualmente en tramitaci¨®n parlamentaria, incluye una cl¨¢usula que redefine el concepto de ¡°facilitar¡± la inmigraci¨®n ilegal, y aunque su objetivo fundamental es, a priori, allanar el terreno para imputar a quienes manejan las embarcaciones, los expertos legales advierten de que podr¨ªa ir contra la propia RNLI por el mero acto de salvar vidas.

El Ministerio del Interior defiende la reforma legislativa, considerada la de mayor calado en d¨¦cadas, como un intento de resolver un sistema de inmigraci¨®n que considera ¡°roto¡±. Sin embargo, desde organizaciones humanitarias, a prestigiosas instituciones acad¨¦micas como la Universidad de Oxford, o la London School of Economics, e incluso Naciones Unidas han alertado del impacto de un texto que menoscaba la Convenci¨®n del Refugiado, que este a?o cumple su 70 aniversario.

Es dif¨ªcil que las cr¨ªticas intimiden a la responsable de la reestructuraci¨®n, Priti Patel, uno de los nombres m¨¢s pol¨¦micos del gabinete de Johnson, acusada de haber roto el c¨®digo ministerial por el m¨¢s alto funcionario de Interior y azote de la pr¨¢ctica totalidad de los gremios que dependen de su departamento. Hija de inmigrantes (sus padres llegaron a Inglaterra en los 60 procedentes de Uganda, donde sus abuelos hab¨ªan emigrado desde la India), la nueva ley lleva su sello m¨¢s genuino, con propuestas que le permiten arrogarse el poder de ampliar los asentamientos establecidos el pasado a?o para alojar a los inmigrantes clandestinos, m¨¢s parecidos a campos de refugiados que lo que cabr¨ªa esperar en el segundo pa¨ªs m¨¢s rico de Europa, y mandarlos a territorios de ultramar, mientras sus demandas de residencia son procesadas, incluso si ning¨²n pa¨ªs ha aceptado hacerse cargo.

Patel mantiene que el esp¨ªritu de la ley es justo: si no se cuenta con permiso para entrar en el Reino Unido, no se puede esperar clemencia, de ah¨ª que, para suavizar el golpe, haya decidido facilitar el proceso para quienes cuenten oficialmente con estatus de refugiado. La f¨®rmula, seg¨²n ella, ¡°se basa en la necesidad, no en la capacidad de pagar a quienes trafican con personas¡±, un an¨¢lisis que convenientemente pasa por alto la gran paradoja de su planteamiento: solo quienes lleguen legalmente al Reino Unido contar¨¢n con ayuda, pero el cierre de todas las rutas viables significa, en la pr¨¢ctica, que no hay manera legal de acceder a suelo brit¨¢nico.

Por si fuera poco, esta diferenciaci¨®n amenaza con generar un sistema de dos niveles, en el que, para el Ejecutivo, solo uno es v¨¢lido, colisionando directamente con el principio b¨¢sico de la Convenci¨®n del Refugiado que estipula el ¡°derecho universal¡± de solicitar asilo. Como hab¨ªa sintetizado recientemente Alf Dubs, patr¨®n del Refugee Council (Consejo del Refugiado) y miembro de la C¨¢mara de los Lores, ¡°c¨®mo alguien se vea forzado a emprender su viaje para ponerse a salvo, ya sea a manos de traficantes, o en un bote, no define si es un refugiado o no¡±.

La nueva ley, adem¨¢s, complica a¨²n m¨¢s la ecuaci¨®n: actualmente, los sin papeles solo pueden ser imputados si llegan a entrar en el pa¨ªs, pero ya que muchos son interceptados en su intento, en la pr¨¢ctica, no acceden al Reino Unido de manera ilegal, puesto que son escoltados por los cuerpos de salvamento. La propuesta de Patel establece que todos aquellos que ¡°lleguen al Reino Unido sin un permiso v¨¢lido de entrada¡± hacen frente a cuatro a?os en prisi¨®n, una pena que, seg¨²n un estudio del Refugee Council, supondr¨ªa 412 millones de libras anuales (485 millones de euros), es decir, cinco veces m¨¢s que el coste de darles cobertura en el sistema de apoyo al solicitante de asilo.

Por si fuera poco, los inmigrantes tienen que hacer frente a las profundas discrepancias en la manera de concebir la crisis por parte de Londres y Par¨ªs. Las autoridades brit¨¢nicas denuncian la negativa gala a devolverlos a Francia cuando los halla cruzando el Canal, mientras el Ejecutivo franc¨¦s insiste en que la ley mar¨ªtima establece que solo puede intervenir si los inmigrantes lo solicitan, de ah¨ª que lo ¨²nico que pueda hacer es acompa?arlos hasta aguas brit¨¢nicas.