Colombia judicializa a m¨¢s mujeres cada a?o por abortar

En Colombia el aborto es un derecho en tres causales (malformaci¨®n del feto, riesgo de vida para la madre y abuso sexual) y, sin embargo, son cada vez m¨¢s las mujeres criminalizadas y condenadas por acceder a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo. Aunque el n¨²mero de judicializaciones no es constante, desde 2008 hay alrededor de 400 al a?o, un 320% m¨¢s que en el 2005. As¨ª lo consigna el detallado informe Criminalizaci¨®n por el delito de aborto en Colombia, hecho por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres e investigadores de la Universidad de Los Andes, que da cuenta de la dimensi¨®n del problema que ahora estudia la Corte Constitucional colombiana.

El tribunal estudia una demanda promovida por el Movimiento feminista Causa Justa, que busca eliminar el delito de aborto del C¨®digo penal colombiano para evitar que las mujeres se enfrenten a investigaciones y condenas por interrumpir su embarazo. Actualmente existen penas de 16 a 54 meses. De acuerdo con el Centro de Derechos Reproductivos, 47 pa¨ªses han despenalizado el aborto en las ¨²ltimas d¨¦cadas, el ¨²ltimo de ellos M¨¦xico. Colombia espera la respuesta de la Corte en los pr¨®ximos dos meses.

Persecuci¨®n a menores de edad

Desde que se permiti¨® el aborto libre y seguro en las tres causales, en el debate p¨²blico se instal¨® la idea de que ninguna mujer en Colombia es condenada por ello, aseguran las autoras del estudio. Sin embargo, las cifras arrojan que desde el 2006, 346 mujeres han sido sancionadas y que estas condenas tambi¨¦n han aumentado desde ese a?o. Con un agravante, ¡°las menores de edad son m¨¢s perseguidas y sancionadas que las mujeres en los dem¨¢s grupos de edad por este delito¡±, indica el documento, que alerta de que una cuarta parte de los casos resueltos negativamente corresponde a menores de edad entre 14 y 17 a?os.

La Mesa ha acompa?ado legalmente casos como el de Carla, una estudiante de 15 a?os que vivi¨® en 2018 un proceso de judicializaci¨®n traum¨¢tico para ella y su familia. ¡°La estudiante qued¨® en embarazo como resultado de violencia sexual y, en compa?¨ªa de su madre denunci¨® ante la Fiscal¨ªa sin que se le informara sobre el derecho a la Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo. Con 25 semanas de edad gestacional y con la asesor¨ªa de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la adolescente solicit¨® ante su Entidad Promotora de Salud (EPS) la Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo (IVE) por la causal violencia sexual¡±, recoge el testimonio de la organizaci¨®n. Aunque le hicieron el procedimiento, un empleado de la cl¨ªnica las denunci¨® ante las autoridades y miembros de la polic¨ªa judicial las esperaron a la salida de la cl¨ªnica, intimidaron a la menor y a la madre y las acusaron de haber cometido un homicidio. Despu¨¦s de un viacrucis judicial y mucha estigmatizaci¨®n, el caso fue cerrado.

El informe evidencia tambi¨¦n que la persecuci¨®n judicial es m¨¢s aguda contra las mujeres del campo. Entre 2010 y 2017, seg¨²n datos de la Fiscal¨ªa, el 97% de las denunciadas por aborto son de zonas rurales. Adem¨¢s, las mujeres que deciden abortar tienen mayor probabilidad de sufrir procesos penales cuando son v¨ªctimas de delitos como violencia intrafamiliar o abuso sexual. Al menos el 42% de las mujeres que son judicializadas por abortar han sido v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero.

¡°El sistema colombiano opera tendenciosamente para condenar a las mujeres que deciden abortar y, en cambio, exonera a los hombres que ejercen violencia contra las mujeres¡±, ha declarado Ana Cristina Gonz¨¢lez V¨¦lez, cofundadora de La Mesa por la Vida, del Grupo M¨¦dico por el derecho a Decidir y pionera del Movimiento Causa Justa.

Personal m¨¦dico, el principal denunciante

El rol de los m¨¦dicos se ha convertido en clave para las barreras que enfrentan las mujeres al acceder al aborto. No solo cuando evitan atenderlas o alargar los tiempos de los procedimientos, sino tambi¨¦n cuando las denuncian ante las autoridades que en algunos casos llegan a capturarlas en los propios centros m¨¦dicos. ¡°Encontramos que con mucha frecuencia el personal de salud pone en conocimiento de las autoridades la llegada de mujeres con complicaciones en sus abortos; lo hacen incluso antes de que alg¨²n m¨¦dico eval¨²e la situaci¨®n y determine si el aborto fue inducido o no¡±, dice la profesora Isabel Cristina Jaramillo.

Con esas pr¨¢cticas, concluye el estudio, no solo violan el secreto profesional, sino que al obtener supuestas confesiones en momentos de vulnerabilidad, hacen que las mujeres se alejen de los hospitales y acudan, en su lugar, a centros clandestinos donde se enfrentan a abortos inseguros o a la muerte.

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