Polonia y Hungr¨ªa buscan ante la justicia europea evitar que Bruselas controle su Estado de derecho
Los dos pa¨ªses denuncian ante el tribunal de Luxemburgo el uso pol¨ªtico de la herramienta que corta el acceso a los fondos de recuperaci¨®n a quienes incumplan los valores de la Uni¨®n
Las batallas entre la Uni¨®n Europea y los d¨ªscolos vecinos del Este a cuenta de los valores centrales del bloque comunitario se multiplican en innumerables frentes. Este lunes, en Luxemburgo, le ha tocado a la asamblea plenaria del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ser testigo del fuego cruzado entre las instituciones europeas (Comisi¨®n, Consejo y Parlamento), por un lado, y Polonia y Hungr¨ªa, por otro, cuyos Gobiernos, impugnaron en marzo el llamado mecanismo de condicionalidad. Esta herramienta fue aprobada en diciembre de 2020 para asegurarse de que ni un euro de los hist¨®ricos fondos de recuperaci¨®n acabe en manos de quienes incumplen el Estado de derecho.
El tribunal europeo, tras escuchar a las partes, deber¨¢ decidir si el instrumento, que permitir¨ªa cortar el flujo de partidas presupuestarias, es contrario al derecho comunitario, tal y como denuncian Varsovia y Budapest, que ven en ella un dispositivo pol¨ªtico teledirigido contra ellos dos. La vista, que ha comenzado el lunes y continuar¨¢ este martes, se celebra en un contexto vol¨¢til, mientras Bruselas trata a¨²n de digerir y dar una respuesta a la decisi¨®n de alto voltaje del Tribunal Constitucional polaco, que neg¨® el jueves pasado la primac¨ªa del derecho comunitario sobre el nacional, coloc¨¢ndose a un paso de la ruptura legal con la UE.
¡°El reglamento [del mecanismo de condicionalidad] no sirve para crear una norma presupuestaria, sino que el legislador ha querido regular un procedimiento de contenido y significado pol¨ªtico¡±, ha denunciado el abogado M. Z. F¨¦her, en nombre del Gobierno h¨²ngaro. ¡°Introduce un mecanismo de evaluaci¨®n pol¨ªtica¡±, ha a?adido la abogada Sylwia Zyrek, en representaci¨®n de Polonia, y cuya argumentaci¨®n ha gravitado en torno a la idea de que la UE pretende, una vez m¨¢s, inmiscuirse en sus asuntos internos y forzar el cambio, por ejemplo, de su sistema judicial.
La de la independencia de sus jueces es justo una de las grandes batallas abiertas con Bruselas, y el motivo de la controvertida sentencia del m¨¢ximo int¨¦rprete de la constituci¨®n polaca de la semana pasada.
En una vista t¨¦cnica y compleja que sobrevolaba a toda velocidad entre los grandes art¨ªculos de los Tratados de la UE y la letra peque?a del reglamento que cre¨® el mecanismo, Polonia y Hungr¨ªa han criticado las vaguedades en la definici¨®n de lo que es o no es la vulneraci¨®n del Estado de derecho, y la ¡°inseguridad jur¨ªdica¡± que esto supone. Tambi¨¦n han sostenido que el legislador europeo se extralimit¨® en sus funciones, creando el mecanismo de condicionalidad como una sanci¨®n punitiva con la intenci¨®n de ¡°soslayar¡± el art¨ªculo 7 del Tratado de la UE, precepto coloquialmente conocido como el bot¨®n nuclear de la Uni¨®n. Este art¨ªculo fue pensado como una especie de arma disuasoria de ¨²ltimo recurso frente a los pa¨ªses que incumplen los valores fundamentales del bloque.
Tanto a Polonia como a Hungr¨ªa se les han abierto expedientes mediante este art¨ªculo 7, pero nunca han llegado a cuajar porque requieren mayor¨ªas muy elevadas (de 4/5) o incluso, en su vertiente m¨¢s extrema, la que permite retirar el derecho de voto a un Estado, exige la unanimidad del Consejo. El mecanismo de condicionalidad, en cambio, solo requiere de una mayor¨ªa cualificada para cortar o reducir los fondos en caso de que se constate una vulneraci¨®n de los principios del Estado de derecho.
La herramienta se negoci¨® junto al paquete hist¨®rico de los fondos de recuperaci¨®n y a punto estuvo de descarrilarlo por la reticencia, precisamente, de Polonia y Hungr¨ªa. Aunque los dos pa¨ªses, unidos en el giro iliberal, lo acabaron aceptando, recurrieron de inmediato ante la justicia europea y arrancaron el compromiso de que no ser¨ªa aplicado hasta que el tribunal se pronuncie. El fallo del TJUE podr¨ªa tardar meses. Desde entonces, se encuentra en una especie de limbo. Pero la Comisi¨®n est¨¢ decidida a plantear los primeros casos antes del final de octubre, presionada por el Parlamento Europeo, que ha amagado con llevar al Ejecutivo comunitario a los tribunales por inacci¨®n. Los primeros asuntos, seg¨²n fuentes comunitarias, tienen la mira puesta en ambos pa¨ªses. Y se da la circunstancia a?adida de que tanto Hungr¨ªa como Polonia son dos de los pocos pa¨ªses cuyo plan de recuperaci¨®n a¨²n no ha recibido el visto bueno de Bruselas.
En sus alegaciones ante los miembros del Tribunal, el Consejo, la Euroc¨¢mara y la Comisi¨®n han argumentado la idoneidad de un dispositivo de salvaguarda de los intereses financieros de la Uni¨®n. ¡°No se trata de un mecanismo punitivo ni sancionador. Su objetivo es proteger el presupuesto de la UE¡±, ha defendido la Euroc¨¢mara, por medio del Tamas Luk¨¢csi, representante de su servicio jur¨ªdico. ¡°El respeto al Estado de derecho es una cuesti¨®n fundamental para la buena gesti¨®n financiera¡±. La diferencia con el art¨ªculo 7, ha a?adido el Consejo a trav¨¦s de Alicja Sikora Kaleda, reside en que ¡°no pretende identificar una infracci¨®n de un Estado miembro¡± y que ¡°una violaci¨®n del Estado de derecho no es por s¨ª misma suficiente para desencadenar el mecanismo¡±. Este solo se activa ¡°en la medida en que afecte a la ejecuci¨®n del presupuesto¡±.
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