El periodismo nicarag¨¹ense, arrinconado entre las ¡®leyes del silencio¡¯ y el exilio

?lvaro Navarro lleva cinco meses sent¨¢ndose con cautela ante el teclado de la computadora. Nunca, ni en sus inicios como reportero incisivo y luego como director del medio de comunicaci¨®n Art¨ªculo 66, tuvo que ¡°cuidar tanto¡± cada palabra que teclea. Desde junio pasado, la situaci¨®n para ¨¦l y sus colegas nicarag¨¹enses es ¡°de alto riesgo¡±, afirma. ¡°Estamos bajo la amenaza de leyes sobre ciberdelitos, de agentes extranjeros y de traici¨®n a la Patria. Cualquiera puede ser usada en nuestra contra¡±, dice el periodista, quien timonea una de las publicaciones con m¨¢s alcance en el pa¨ªs centroamericano.

Las tres leyes que menciona fueron aprobadas por el Gobierno de Daniel Ortega a finales de 2020. Desde hace cinco meses, en medio del cierre total de los espacios democr¨¢ticos en Nicaragua, con la liquidaci¨®n de las elecciones generales tras el apresamiento de los l¨ªderes opositores, estas normativas son usadas para acallar las voces cr¨ªticas. En especial la de los reporteros y sus fuentes de informaci¨®n. ¡°Se ha impuesto un apag¨®n informativo¡±, define Navarro.

De las tres leyes punitivas, la de ciberdelitos es la que m¨¢s afecta al trabajo de los periodistas. El Gobierno de Daniel Ortega y su esposa y ¡°copresidenta¡± Rosario Murillo, que mantiene un ataque sistem¨¢tico contra los medios de comunicaci¨®n independientes desde las protestas de 2018, se atribuye con esta legislaci¨®n la facultad de decidir cu¨¢ndo una publicaci¨®n es ¡°noticia falsa¡±. Adem¨¢s, enca?ona directamente a los empleados p¨²blicos que filtren informaci¨®n estatal, clave para el periodismo en un r¨¦gimen cerrado. Las penas de prisi¨®n que establece la ley de ciberdelitos oscilan entre uno y ocho a?os de c¨¢rcel.

La Fiscal¨ªa ha amenazado con esa ley a varios periodistas, lo que les ha empujado al exilio. Tambi¨¦n lo ha hecho el Ministerio de Salud contra los m¨¦dicos que han criticado la negligencia oficial en la administraci¨®n de la pandemia de covid-19. Mientras que expertos en materia electoral, empresarios y opositores que usualmente eran consultados por noticieros y peri¨®dicos fueron apresados invocando la llamada Ley del Pueblo¡±, acus¨¢ndolos de ¡°traici¨®n a la patria¡±.

La cacer¨ªa desatada por la polic¨ªa instal¨® en la libertad de expresi¨®n y prensa de Nicaragua una autocensura sin precedentes, nunca vista desde la posguerra a partir de 1990 ¡ªa?o en que gan¨® las elecciones Violeta Chamorro¡ª, dice el defensor de derechos humanos Gonzalo Carri¨®n, exiliado en Costa Rica precisamente por ser una de esas voces inc¨®modas para el r¨¦gimen.

¡°Hay persecuci¨®n de periodistas cuando est¨¢n en las calles reporteando. Hay espionaje: Los siguen polic¨ªas y paramilitares. Les toman fotos o acosan las casas de sus familias¡±, describe el periodista Navarro. ¡°Por otro lado, las pocas personas que hablan lo hacen con suma cautela; siempre est¨¢n pensando en no ser objeto de acusaciones. Otros te dicen que no hablan. Ha habido una disminuci¨®n sustancial de la cantidad de fuentes de informaci¨®n. Adem¨¢s, por lo menos 40 l¨ªderes de oposici¨®n en Nicaragua est¨¢n presos y eran quienes generalmente hablaban¡±.

De pronto, las ediciones de los diarios comenzaron a llenarse de ¡°fuentes an¨®nimas¡± y los nombres de los periodistas desaparecieron por ¡°seguridad¡±. Es decir, los reporteros dejaron de firmar sus notas. Uno de los casos que m¨¢s miedo infundi¨® fue el del cronista deportivo Miguel Mendoza, arrestado el 21 de junio pasado. Mendoza era muy popular en redes sociales y creaba conversaciones virales cr¨ªticas al oficialismo. La propaganda lo se?al¨® durante varias semanas como infractor de la ley de ciberdelitos, aunque al final la Fiscal¨ªa lo acus¨® de ¡°conspiraci¨®n¡±. Las pruebas que los fiscales presentaron en su contra fueron memes y mensajes publicados en sus perfiles de Twitter y Facebook.

Propensi¨®n de ciberdelitos

El uso de las fuentes an¨®nimas no solo torpedea el quehacer period¨ªstico diario, sino que facilita una acusaci¨®n por la ley de ciberdelitos. ¡°Para el Gobierno es f¨¢cil irse contra nosotros por usar una fuente an¨®nima que cuente alguna interioridad del sandinismo, por ejemplo. Aunque corroboremos la filtraci¨®n, y si es algo delicado y provenga de una fuente cre¨ªble, nos van recetar c¨¢rcel¡±, sostiene Navarro.

Esta persecuci¨®n del pensamiento cr¨ªtico ha generado una nueva oleada de exiliados, compuesta por periodistas, opositores y cr¨ªticos de la sociedad civil. Sin embargo, el exilio no es garant¨ªa de protecci¨®n. Los que huyen siempre dejan familia en Nicaragua, propensa a las retaliaciones, y tambi¨¦n la Fiscal¨ªa acusa en ausencia. El pasado 8 de septiembre, Amaru Ruiz, uno de los ambientalistas m¨¢s cr¨ªticos con el Gobierno y exiliado desde 2019 en Costa Rica, fue acusado por ¡°ciberdelitos¡±. En espec¨ªfico por ¡°propagaci¨®n de noticias falsas, a trav¨¦s de las tecnolog¨ªas de la comunicaci¨®n¡±. D¨ªas antes, Ruiz denunci¨® una matanza de ind¨ªgenas en las comunidades de la Costa Caribe Norte y se?al¨® ¡°al Estado y sus instituciones¡± de omitir ¡°deliberadamente el deber de investigar estos delitos¡±.

La periodista y excarcelada pol¨ªtica Lucia Pineda Ubau lidia con todas estas vicisitudes en San Jos¨¦, donde transmite su programa en un estudio improvisado en una vivienda. ¡°Hay que admitir que el r¨¦gimen ha logrado sembrar el miedo en nuestras fuentes, en los generadores de opini¨®n, ya que han criminalizado la expresi¨®n y opini¨®n. Incluso en fuentes que est¨¢n exiliadas¡±, lamenta la directora del confiscado canal 100% Noticias. ¡°Dentro de Nicaragua, el personal trabaja con un perfil muy bajo. No pueden decir que laboran en 100% Noticias, ya que inmediatamente el r¨¦gimen los declara sus enemigos y los comienzan a perseguir¡±.

Aunque Pineda y Navarro sostienen que el Gobierno no ha logrado callar por completo a los periodistas, la persecuci¨®n es insoslayable. ¡°Pues s¨ª, han logrado bajar la intensidad a los medios de comunicaci¨®n. Hay una gran cantidad de periodistas que est¨¢n afuera, desconectados, pues la materia prima est¨¢ en las calles, pero no lo podemos hacer. Por lo menos no a plenitud. Sin embargo, tampoco se ha logrado imponer un silencio total como quisiera el Gobierno¡±, afirma el director de Art¨ªculo 66, con cautela ante su ruidoso teclado.

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