La CIDH advierte de que ¡°las elecciones en Nicaragua buscan perpetuar a Ortega en el poder¡±
La Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos se?ala el riesgo de un proceso electoral bajo el ¡°clima de represi¨®n¡± que atraviesa el pa¨ªs centroamericano
La Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluye en un informe publicado este jueves que las elecciones previstas para el 7 de noviembre en Nicaragua buscan perpetuar en el poder al presidente Daniel Ortega. La advertencia llega un d¨ªa despu¨¦s de que cuatro organizaciones latinoamericanas denunciaran irregularidades en el proceso electoral, en el que Ortega pretende su tercera reelecci¨®n sin contrincantes, tras haber encarcelado a los siete aspirantes de la oposici¨®n.
Para la CIDH, en el pa¨ªs centroamericano existe una ¡°impunidad estructural¡± en medio de un ¡°clima de represi¨®n y cierre de los espacios democr¨¢ticos¡±. El informe hace un repaso hist¨®rico de lo que ha ocurrido en Nicaragua para concluir que se han llevado a cabo reformas cuyo ¨²nico prop¨®sito ha sido facilitar la concentraci¨®n del poder. Recuerda, por ejemplo, que en el a?o 2000 se redujo de 45% a 40% el porcentaje requerido de votos v¨¢lidos para ser elegido presidente y vicepresidente de la Rep¨²blica, estableciendo incluso la posibilidad de asumir la presidencia con un m¨ªnimo del 35% de los votos v¨¢lidos cuando se supere a los candidatos que obtuvieron el segundo lugar por una diferencia m¨ªnima de cinco puntos porcentuales. En 2014 ¡ªrepasa la CIDH¡ª la Asamblea Nacional, controlada por el partido af¨ªn al Gobierno, elimin¨® el art¨ªculo 147 de la Constituci¨®n que prohib¨ªa la reelecci¨®n inmediata al cargo para presidente de la Rep¨²blica y habilit¨® la reelecci¨®n presidencial indefinida, lo que ha permitido que Daniel Ortega contin¨²e en el poder.
La CIDH se?ala que el sometimiento de la Justicia y de cualquier otro poder p¨²blico a la voluntad y control total del Gobierno es un atropello a la democracia y menciona las manifestaciones de hace tres a?os como el inicio de una profunda crisis marcada por las violaciones a los derechos humanos y que ha persistido con diferentes niveles de intensidad. ¡°Las protestas iniciadas desde abril de 2018 fueron reprimidas mediante el uso de la fuerza letal por grupos policiales y parapoliciales bajo el mando de la presidencia, como jefe supremo de las mismas. Asimismo, se estableci¨® un estado policial para acallar la disidencia y cerrar los espacios democr¨¢ticos, mediante la detenci¨®n y privaci¨®n arbitraria de la libertad de personas consideradas como opositoras, calificar las manifestaciones p¨²blicas como ilegales, allanar y tomar instalaciones de las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicaci¨®n independientes¡±.
Para el Gobierno de Ortega no ha sido suficiente mandar a prisi¨®n a la oposici¨®n y se ha valido del control que tiene sobre el Consejo Supremo Electoral (CSE) para cancelar la personer¨ªa jur¨ªdica del Partido Restauraci¨®n Democr¨¢tica (PRD) y determinar anular ¡°de oficio¡± la personer¨ªa jur¨ªdica del Partido Conservador as¨ª como la del partido Ciudadano por la Libertad. ¡°Con ello se elimin¨® la candidatura del ¨²nico aspirante de la oposici¨®n que hab¨ªa logrado registrarse formalmente para la pr¨®xima elecci¨®n presidencial¡±, subraya la CIDH, que ha documentado durante este a?o un aumento en las persecuciones, amenazas, agresiones, detenciones arbitrarias y ataques contra defensores de derechos humanos, opositores y periodistas. Durante el a?o electoral, el Ejecutivo ha intensificado acciones contra cualquier expresi¨®n que considere contraria a sus ideas a trav¨¦s de detenciones injustificadas. ¡°Se ha puesto en evidencia la concentraci¨®n de poder absoluto en Nicaragua por parte del Ejecutivo¡±, insiste la Comisi¨®n en su informe.
Hasta octubre pasado, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) hab¨ªa constatado que la represi¨®n iniciada en abril de 2018 ha dejado al menos 328 v¨ªctimas mortales, 1.614 personas han sido privadas de la libertad y m¨¢s de 100.000 nicarag¨¹enses han salido del pa¨ªs y permanecen en el exilio. En el primer semestre de 2021, la CIDH recibi¨® un n¨²mero mayor de solicitudes de medidas cautelares que las recibidas en todo el a?o 2020. En los ¨²ltimos meses tambi¨¦n se ha agudizado la persecuci¨®n a la prensa, al menos 12 periodistas tuvieron que buscar protecci¨®n en otro pa¨ªs por temor a represalias en su contra. ¡°La mayor parte de los medios de comunicaci¨®n audiovisuales se encuentran bajo el control pol¨ªtico de la familia presidencial o de un empresario af¨ªn al gobierno¡±, se?ala el documento, que recuerda las investigaciones administrativas y penales en contra de la Fundaci¨®n Violeta Barrios de Chamorro, una de las principales organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa en el pa¨ªs, y el allanamiento a la sede de la revista digital Confidencial y del programa televisivo Esta Semana, dirigidos por Carlos Fernando Chamorro, que se vio obligado a volver al exilio, del que hab¨ªa regresado en noviembre de 2019.
El Gobierno de Ortega ha rechazado el informe de la CIDH, que le fue compartido d¨ªas antes de su publicaci¨®n, y asegura que es una ¡°recopilaci¨®n de hechos falsos, tergiversados y manipulados que no reflejan la realidad del pa¨ªs y cuyo ¨²nico fin es difamar al Estado¡±, respondi¨® el presidente a la Comisi¨®n. El Ejecutivo asegura, como lo ha hecho en el pasado, que las denuncias en su contra atienden a los intereses de Estados Unidos y su pretensi¨®n ¡ªacusa el Gobierno¡ª de lesionar la soberan¨ªa y la autodeterminaci¨®n de Nicaragua de cara al proceso electoral del 7 de noviembre. La CIDH, que se ha unido al reclamo de organizaciones civiles y de derechos humanos, insiste en exigir al Estado nicarag¨¹ense unas elecciones justas. A poco menos de dos semanas para que se realicen los comicios, la CIDH advierte de que es inviable un proceso electoral ¨ªntegro y libre con las actuales condiciones que atraviesa Nicaragua.
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