Human Rights Watch advierte de que el Gobierno debilita la protecci¨®n de los l¨ªderes sociales en Colombia

La reacci¨®n del Gobierno de Iv¨¢n Duque ante el incesante asesinato de todo tipo de l¨ªderes sociales en Colombia durante sus m¨¢s de tres a?os de mandato ha sido lenta e insuficiente. Human Rights Watch (HRW) ha se?alado en el pasado que los programas gubernamentales para prevenir esos asesinatos tienen deficiencias y que, sin medidas eficaces, es probable que m¨¢s defensores de derechos humanos sean asesinados y sus comunidades queden indefensas. Ahora, advierte que un nuevo decreto del Ejecutivo debilita la protecci¨®n de las personas en riesgo.

El panorama es alarmante. Aunque el acuerdo de paz que sellaron el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC hace ya cinco a?os incluye iniciativas espec¨ªficas para prevenir asesinatos de defensores de derechos humanos, esos cr¨ªmenes aumentaron a medida que diversos grupos armados ocuparon el vac¨ªo que dejaron los rebeldes y comenzaron a disputarse el control de los territorios y las econom¨ªas ilegales. Solo en lo que va de este a?o, 130 l¨ªderes sociales han sido asesinados a lo largo y ancho de Colombia, uno cada tres d¨ªas, de acuerdo con la Defensor¨ªa del Pueblo. Tambi¨¦n ha sido por dos a?os consecutivos el pa¨ªs donde han asesinado m¨¢s ambientalistas, 65 solo en 2020, de acuerdo con la ONG Global Witness.

En ese contexto, el Gobierno colombiano aprob¨® a finales de septiembre un decreto para modificar los mecanismos de protecci¨®n para personas en riesgo. Por ser un asunto aparentemente t¨¦cnico, las consecuencias de esa medida han pasado desapercibidas. Pero el an¨¢lisis de HRW advierte que limita la informaci¨®n para tomar decisiones sobre a qui¨¦n proteger, socava la transparencia, aumenta algunos requisitos legales y reduce las medidas de protecci¨®n colectiva. ¡°El efecto m¨¢s grave es que en Colombia, que es el pa¨ªs de Am¨¦rica Latina donde m¨¢s l¨ªderes sociales han asesinado en los ¨²ltimos a?os, va a haber m¨¢s l¨ªderes amenazados sin protecci¨®n debido a esta decisi¨®n¡±, se?ala Juan Pappier, investigador senior de HRW.

El Gobierno de Duque ha hecho una implementaci¨®n muy pobre de todos los mecanismos que hay en Colombia para proteger l¨ªderes sociales, el ¨²nico que realmente estaba implementando era la Unidad Nacional de Protecci¨®n (UNP), explica el investigador. Eso hab¨ªa sobrecargado a la UNP, de manera que el Ejecutivo busca reformarla para, en teor¨ªa, hacerla m¨¢s eficiente. ¡°En realidad lo que est¨¢n haciendo es que las decisiones que se toman dentro de la UNP sobre a qui¨¦n proteger y a quien no, y c¨®mo hacerlo, se van a tomar con peor informaci¨®n. Se va a traducir en malas decisiones¡±, subraya Pappier.

Antes, se tomaban con informaci¨®n de varias entidades del Estado, algunas con presencia sobre el terreno, y se pod¨ªan discutir con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Pero el decreto elimina el Grupo de Valoraci¨®n Preliminar, y eso lleva a que ahora el principal peso para decidir quien recibe protecci¨®n recae en los analistas de la UNP, que suelen haber pertenecido a la polic¨ªa o al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en muchos casos operan desde Bogot¨¢ con una visi¨®n m¨¢s limitada y a menudo carecen de informaci¨®n detallada sobre los riesgos y vulnerabilidades en regiones remotas de Colombia. Esto podr¨ªa agilizar las decisiones de la UNP, pero tambi¨¦n impide que haya informaci¨®n exhaustiva que permita tomar una decisi¨®n informada sobre el riesgo que enfrentan los l¨ªderes en distintas zonas del pa¨ªs.

Los reparos al decreto no acaban all¨ª. La medida tambi¨¦n establece por primera vez una vigencia de un a?o para las medidas de protecci¨®n colectiva de la UNP, cuyo prop¨®sito debe ser modificar las condiciones de desprotecci¨®n m¨¢s all¨¢ de un plazo fijo. Adem¨¢s, aumenta la carga de la prueba para establecer medidas de protecci¨®n para los familiares de una persona en riesgo. ¡°Colombia es uno de los pa¨ªses m¨¢s peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos, sin duda hacen falta reformas a los mecanismos de protecci¨®n, pero este decreto en lugar de fortalecerlos constituye un retroceso¡±, valora Pappier en un llamado a derogarlo.

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