Aumentan las ejecuciones extrajudiciales en las zonas m¨¢s pobres de Venezuela

Enero de 2022 no hab¨ªa llegado a la quincena y en Venezuela ya hab¨ªan sido asesinadas 27 personas por las fuerzas de seguridad, report¨® la ONG Control Ciudadano. Un preocupante comienzo de a?o que recuerda una realidad a¨²n peor: entre 2016 y 2021 se contabilizaron 9.211 casos de ejecuciones extrajudiciales, parte del expediente de violaciones de derechos humanos que pesa sobre el Gobierno de Nicol¨¢s Maduro, por el que varios organismos internacionales han encendido alarmas y la Corte Penal Internacional ha abierto una investigaci¨®n.

El dato global de los 9.211 casos de ejecuciones extrajudiciales es de Cofavic, una organizaci¨®n creada por los familiares de las v¨ªctimas del Caracazo del 27 de febrero de 1989, los masivos disturbios y saqueos registrados en la capital que fueron controlados violentamente por la fuerza militar y policial y terminaron en ajusticiamientos y desapariciones. La ONG ha seguido por m¨¢s de 30 a?os este fen¨®meno y asegura que no ha dejado de ocurrir e incluso ha venido en aumento, pese a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han exigido al Estado venezolano garant¨ªas de no repetici¨®n.

¡°Ahora no solo estamos viendo ejecuciones extrajudiciales por un uso desproporcionado de la fuerza p¨²blica, estamos frente a patrones sistematizados vinculados al prop¨®sito de generar control social en zonas populares de ¨¢reas urbanas¡±, advierte la abogada Liliana Ortega, directora de Cofavic. ¡°Las ejecuciones extrajudiciales, al igual que la tortura, son violaciones de derechos humanos m¨²ltiples, porque involucran el derecho a la vida, a la integridad personal y al debido proceso¡±.

Gregorio Chinchilla habl¨® con su hijo por tel¨¦fono antes de entrar al Metro. Al salir del subterr¨¢neo, en un viaje de no m¨¢s de media hora, ten¨ªa mensajes en su celular de familiares que le informaban que el joven hab¨ªa sido asesinado. ¡°Le dieron tres tiros en el pecho, uno de gracia en el coraz¨®n¡±, relata, seg¨²n lo que ha podido reconstruir de ese d¨ªa de abril de 2019 en que mataron a su ¨²nico hijo. ¡°Unos funcionarios presuntamente del FAES (un grupo ¨¦lite de la Polic¨ªa Bolivariana) llegaron a su casa diciendo que eran del CLAP (Comit¨¦ Local de Abastecimiento y Producci¨®n, la estructura gubernamental que reparte bolsas de comida a precios subsidiados), tocaron la puerta y el suegro de mi hijo les abri¨®. Al se?or lo arrodillaron y metieron en un cuarto. A mi hijo lo sacaron de la cama y lo mataron en el pasillo¡±. Hubo disparos al aire y en medio de la requisa a la casa los funcionarios le gritaban ¡°?Entr¨¦gate!¡±. Era parte, dice Chinchilla, de la actuaci¨®n para simular un enfrentamiento con la polic¨ªa, aunque Anrry Chinchilla Berroter¨¢n ¡ªmototaxista y mec¨¢nico, de 30 a?os de edad, padre de una ni?a de 6¡ª no estaba armado. Los funcionarios llevaron el cuerpo en una camioneta a un hospital y ah¨ª comenz¨® un calvario para la familia que intenta hacer justicia.

Ortega insiste en que la violencia con la que act¨²a la polic¨ªa en las zonas pobres de las ciudades evidencia una pol¨ªtica del uso de la fuerza p¨²blica para inhibir protestas o denuncias, y ¡°demostrar hasta d¨®nde llega su capacidad de terror¡±, algo que tambi¨¦n ha recogido el informe de la Misi¨®n Independiente para la Determinaci¨®n de los Hechos sobre Venezuela ordenado por Naciones Unidas. Estas incursiones violentas se han hecho cotidianas en muchos barrios pobres de Caracas y el resto del pa¨ªs. ¡°El mecanismo de control social se perpet¨²a porque estos cuerpos policiales hacen vida en esas zonas, amenazan a los familiares si denuncian, los ven ir al mercado o a los tribunales, lo que crea una cadena de amenaza y hostilidad para no hacer justicia efectiva¡±.

De los 9.211 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridos entre 2016 y marzo de 2021, Cofavic elabora un perfil de la v¨ªctima: un 80% son menores de 25 a?os, 99% son hombres de sectores vulnerables y en un 80% de los casos ha habido alg¨²n acto de amenaza o intimidaci¨®n contra quienes denuncian, en su mayor¨ªa mujeres, muchas de la tercera edad. La polic¨ªa judicial, encargada de investigar cr¨ªmenes, es uno de los cuerpos de seguridad con m¨¢s denuncias.

La activista menciona una sentencia de la CIDH dictada en junio 2021 sobre un caso de ejecuci¨®n extrajudicial cometido en 2003 contra los j¨®venes venezolanos Jimmy Guerrero y Ram¨®n Molina. ¡°Esta sentencia sirve para explicar lo que ocurri¨® entonces y sigue ocurriendo, que estos mecanismos se establecen para perseguir y criminalizar la pobreza, a los j¨®venes pobres¡±. La corte determin¨® que las detenciones y asesinatos de Guerrero y Molina estuvieron motivados por ¡°preconceptos de los funcionarios policiales, consistentes en la atribuci¨®n de una supuesta peligrosidad a un hombre joven en situaci¨®n de pobreza¡±.

Letalidad policial e impunidad

Las categor¨ªas de muertes por ¡°resistencia a la autoridad¡±, ¡°enfrentamiento¡± o ¡°bajo averiguaci¨®n¡± esconden una buena parte de las ejecuciones extrajudiciales. En su informe de finales de 2021, el Observatorio Venezolano de Violencia calcul¨® un promedio de seis muertes al d¨ªa por ¡°resistencia a la autoridad¡± el a?o pasado. El observatorio, adem¨¢s de Cofavic y otras organizaciones civiles, viene alertando de un peligroso aumento de las muertes por resistencia a la autoridad, que en a?os recientes comenzaron a tener casi el mismo peso que los homicidios en un pa¨ªs que ha figurado entre los m¨¢s violentos en la regi¨®n. Para 2019, Venezuela era uno de los pa¨ªses con la mayor tasa de letalidad policial ¡ªciviles muertos por arma de fuego de agentes de seguridad por cada 100.000 habitantes¡ª, seg¨²n los c¨¢lculos del Monitor del Uso de la Fuerza Letal en Am¨¦rica Latina.

En 2015 el Gobierno nacional implement¨® las llamadas Operaciones de Liberaci¨®n del Pueblo (OLP), incursiones violentas de varios cuerpos de seguridad en barrios para supuestamente cazar delincuentes, que han sido condenadas en varios informes de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet. Ese ha sido un punto de inflexi¨®n en la violencia en Venezuela, que se suma a una progresiva militarizaci¨®n de la seguridad ciudadana iniciada durante el Gobierno de Hugo Ch¨¢vez. ¡°De entonces a ahora ha cambiado el aumento de los casos y la participaci¨®n m¨¢s masiva de las fuerzas de seguridad en la toma de zonas determinadas como ocurri¨® el a?o pasado en La Vega. Tambi¨¦n han cambiado los nombres de los operativos y de los grupos ¨¦lites que act¨²an¡±, se?ala Ortega.

El combustible de estos cr¨ªmenes es la impunidad. En septiembre pasado, el Ministerio P¨²blico report¨® al Comit¨¦ de Derechos Humanos de la ONU que en tres a?os hab¨ªan abierto 4.890 investigaciones sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales, se hab¨ªa acusado a 731 funcionarios y apenas en 118 casos se obtuvo condena. ¡°Eso significa que solo en 16% de los casos se han obtenido condenas, no se sabe si firmes, y que la impunidad es una se?al inequ¨ªvoca de que estos cr¨ªmenes se van a seguir multiplicando¡±, se?ala Ortega. El caso de Chinchilla, por ejemplo, ha estado estancado en la fiscal¨ªa desde hace tres a?os.

El 25 de este mes Venezuela vuelve a rendir cuentas en el Examen Peri¨®dico Universal con estos indicadores a cuestas. En los ¨²ltimos meses, presionado por la investigaci¨®n en la CPI y las negociaciones en M¨¦xico ahora congeladas, el Gobierno emprendi¨® algunas reformas en leyes del sistema de justicia y ahora deber¨¢ rendir cuentas a la ONU sobre lo ocurrido en materia de derechos humanos desde 2016, cuando se realiz¨® la ¨²ltima evaluaci¨®n.

La directora de Cofavic advierte que las ejecuciones extrajudiciales pueden considerarse como cr¨ªmenes de lesa humanidad porque est¨¢n dirigidos contra poblaci¨®n espec¨ªfica y deben juzgarse de acuerdo a los par¨¢metros del derecho internacional, que establecen que las v¨ªctimas deben ser escuchadas para una reparaci¨®n y se debe castigar a los m¨¢ximos responsables, no solo a los autores materiales, algo que no ha ocurrido hasta ahora. ¡°Cuando hay impunidad el dolor se mantiene intacto y deja heridas en el tejido social muy dif¨ªciles de reparar. La violencia sistem¨¢tica vivida los ¨²ltimos diez a?os en Venezuela, el da?o creado, tendr¨¢ una afectaci¨®n generacional¡±.

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