Los casos de inmigraci¨®n no despiertan del letargo judicial en Estados Unidos

Laura G¨®mez atribuye a la intervenci¨®n divina que su familia no haya sido separada al llegar a Estados Unidos. Se entreg¨® junto a sus cuatro hijos a las autoridades de la patrulla fronteriza de San Diego, California, en agosto de 2018. Aquel momento pon¨ªa fin a un trayecto iniciado meses atr¨¢s en una de las primeras caravanas con las que decenas de miles de centroamericanos migraron al norte. ¡°Me subieron a una camioneta de detenidos sin mi hija mayor¡±, cuenta. Hac¨ªa calor y los ni?os no llevaban su¨¦ter. Uno de los agentes vio en el brazo de una de las menores las marcas de quemaduras. Era la huella de la violencia que hab¨ªan dejado en Honduras. ¡°Despu¨¦s de eso lleg¨® mi hija al veh¨ªculo. Dios no hace las cosas a medias¡±, dice G¨®mez por tel¨¦fono.

Casi cuatro a?os despu¨¦s de aquello la incertidumbre no termina para los G¨®mez, quienes viven en Beaverton, a las afueras de Portland (Oreg¨®n). La familia espera a¨²n la condici¨®n de asilados en Estados Unidos despu¨¦s de sufrir en su pa¨ªs el acoso de las maras, que mataron al hermano de Laura y quemaron su casa, hiriendo a sus hijas. Su caso es uno de los 1,6 millones que est¨¢n atascados en un sistema judicial colapsado por la pandemia del coronavirus. Han cambiado tres veces de abogado y las audiencias para analizar su petici¨®n han sido aplazadas una y otra vez. ¡°?bamos a tener una en diciembre de 2020, pero nos la cancelaron. El a?o pasado no tuvimos ninguna fecha. Y ahora toca ir a la corte en mayo¡±, explica Rosa, de 25 a?os, la primog¨¦nita.

Hay escasas posibilidades de que eso suceda. Los abogados expertos en migraci¨®n han visto c¨®mo desaparecen las citas para argumentar los casos de sus clientes frente a uno de los jueces especializados que hay en el pa¨ªs. Es un proceso que, por el momento, no tiene final. Algo digno de Kafka.

El tiempo de espera para un solicitante de asilo es ahora de 58 meses, unos cinco a?os, de acuerdo a un an¨¢lisis del sistema por la Universidad de Syracuse. Los juicios por resolver pasaron de 516.000 en 2016 a unos 1,6 millones, una cifra nunca antes vista (el bufete legal Berry, Appleman & Leiden estima que son ocho millones de casos en manos de las autoridades del Servicio de Ciudadan¨ªa e Inmigraci¨®n, pero no todos se dirimen en tribunales). El fen¨®meno se explica por varios factores. El sistema se ha saturado tras el a?o pasado, que registr¨® las cifras m¨¢s altas de cruces fronterizos ilegales en la historia. Los tribunales sufren tambi¨¦n de un reajuste despu¨¦s de los a?os duros de la Administraci¨®n Trump, que apost¨® por magistrados expulsores de migrantes. Adem¨¢s, el Departamento de Justicia sufre de la falta de personal. Solo hay poco m¨¢s de 500 magistrados para menos de 70 tribunales, de acuerdo a la Asociaci¨®n Nacional de Jueces de Inmigraci¨®n. Un juez de Houston tiene bajo su cargo 9.048 casos por resolver.

Los expertos de Syracuse comenzaron a notar la bola de nieve desde junio pasado. El Departamento de Seguridad Interior estaba inundando las cortes con casos. El sistema registr¨® la mayor entrada de litigios al sistema entre octubre y diciembre de 2021. Si este ritmo sigue durante el primer trimestre del a?o fiscal 2022 esto se traducir¨¢ en 800.000 nuevos casos. El Gobierno de Biden calculaba recibir 300.000 solicitudes de asilo el a?o pasado y 125.000 refugiados para el presente (una cifra que se modificar¨¢ tras el conflicto entre Rusia y Ucrania).

La abogada Lizbeth Mateo no ha tenido una sola audiencia desde marzo de 2020. La letrada llevaba antes de la pandemia entre 12 y 15 casos activos al a?o, que podr¨ªan desahogarse entre seis meses y a?o y medio, en promedio. Despu¨¦s estall¨® la crisis sanitaria. ¡°Ahora nos dan una fecha de audiencia y un d¨ªa antes nos la cambian y la mueven un a?o¡±, explica Mateo, originaria de Oaxaca (M¨¦xico), tambi¨¦n indocumentada, y quien protagoniza un documental de HBO centrado en su trabajo en favor de los sin papeles como ella.

Mateo prepara a la par decenas de juicios, todos sin conclusi¨®n. Uno de ellos, asegura, fue reprogramado recientemente para enero de 2023. Es la tercera vez que ha ensayado la vista judicial. Tres veces ha repasado con su cliente, solicitante de asilo, el duro relato para tocar el coraz¨®n de los jueces encargados de su futuro en Estados Unidos y donde el defendido debe exponer una vez m¨¢s su pasado con crudeza antes de enterrarlo de una vez por todas. De nada ha servido hasta el momento. ¡°Mis clientes est¨¢n hartos. Debemos de practicar mucho lo que se dice. Eso los revictimiza y no me gusta remover sus traumas¡±, asegura Mateo, de 37 a?os. Sus clientes se quejan de la falta de certezas. Cada vez que solicitan informaci¨®n, el Departamento de Justicia promete dar respuesta en 72 horas, pero pasan ¡°hasta 30 d¨ªas para la llamada de vuelta¡±, de acuerdo a la abogada.

La crisis coloca una gran presi¨®n sobre profesionales como Mateo, que pertenecen a peque?os despachos con solo un pu?ado de abogados para llevar varios litigios, algunos de ellos pro bono. ¡°Ya no tomo casos nuevos¡±, confiesa la abogada. ¡°No les puedo proveer el servicio que necesitan¡±. Lizbeth teme que cuando el sistema se desatasque, si es que llega a suceder, varias de sus audiencias coincidan en d¨ªas o semanas.

Esto afecta el debido proceso, una alarma que encendieron los jueces especializados desde mayo. ¡°Los procesos involucran com¨²nmente un gran volumen de ciudadanos no representados legalmente. Aquellos que aparecen frente a la corte no dominan nuestra lengua, cultura o leyes, pero se les requiere que presenten su caso sin ayuda, mientras que el Gobierno est¨¢ representado por abogados muy h¨¢biles¡±, se?ala la organizaci¨®n. Un estudio del grupo afirma que es 10 veces m¨¢s probable que un inmigrante acompa?ado por un defensor tenga una resoluci¨®n exitosa de su caso a uno sin abogado.

Esto no solo es una pesadilla burocr¨¢tica. El proceso se convierte en una nube negra para las miles de personas que viven a la sombra a la espera de papeles. Las gestiones significan permisos de trabajo y de residencia. Laura G¨®mez, de 40 a?os, recibi¨® en septiembre el n¨²mero de seguridad social y un permiso de trabajo temporal. Esta semana comenz¨® a laborar en un restaurante. A¨²n aguardan su asilo de forma permanente y sin saber si ese d¨ªa llegar¨¢.

Suscr¨ªbase aqu¨ª a la newsletter de EL PA?S Am¨¦rica y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la regi¨®n