Los juicios pol¨ªticos de Managua: pantomima judicial y venganza contra los opositores del Gobierno

Josefina ¡®Pinita¡¯ Gurdi¨¢n tiene n¨¢useas despu¨¦s de la quimioterapia, pero lo que m¨¢s le afecta esta tarde de 3 de marzo no son las complicaciones del c¨¢ncer que padece: es que a su nieta, la presa pol¨ªtica Tamara D¨¢vila, la justicia del r¨¦gimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le lee una condena de culpabilidad por ¡°conspiraci¨®n para cometer menoscabo a la integridad nacional¡± en total hermetismo en la prisi¨®n de El Chipote, en Managua. La joven acaba de ser condenada a ocho a?os de prisi¨®n.

Pinita, su abuela, es una mujer reconocida en Nicaragua: ha sido una reputada chef que instal¨® en Managua la franquicia Panader¨ªa Margarita, un nombre que lleva una de sus hijas, Ana Margarita Vijil, tambi¨¦n presa pol¨ªtica del r¨¦gimen sandinista. Tamara y Ana Margarita son dos activistas opositoras que fueron capturadas por el r¨¦gimen sandinista hace m¨¢s de nueve meses. El inicio y desarrollo de sus juicios pol¨ªticos, en enero de este a?o, coincidieron con el agravamiento del c¨¢ncer de ¡®Pinita¡¯, que sufre adem¨¢s la zozobra de saber que sus familiares han pasado aislamiento y torturas en la misma c¨¢rcel donde han sido juzgadas y condenadas.

Los juicios de ambas activistas, al igual que el de una cuarentena de opositores capturados sin orden judicial por la polic¨ªa en altas horas de la noche a partir de junio de 2021, cuando Ortega inici¨® una cacer¨ªa para perpetuarse en el poder, han estado plagados de irregularidades y anomal¨ªas. El preludio de estos juicios pol¨ªticos ha sido la tortura que han sufrido los reos, a tal punto que el general en retiro Hugo Torres falleci¨® el pasado 12 de febrero producto de la falta de atenci¨®n m¨¦dica en la mazmorra sandinista.

La primera raz¨®n del agravamiento de su situaci¨®n, dice Pinita, es saber que su hija y su nieta ¡°est¨¢n en la c¨¢rcel totalmente aisladas e incomunicadas¡±. Cuenta que Tamara es la que m¨¢s sufre el aislamiento y que duerme sobre una plancha de concreto sin derecho siquiera a una frazada. ¡°Solo cinco visitas que nos han permitido verlas, abrazarlas y conversar por un breve espacio¡±.

Ella no pudo asistir a una de esas escasas visitas, bajo la vigilancia constante de la polic¨ªa, porque tuvo una reca¨ªda y tuvo que ser intubada. Estuvo a punto de morir y se le aviv¨® su mayor temor: ¡°La segunda causa de mi sufrimiento en mi caso es no saber en qu¨¦ etapa est¨¢ mi c¨¢ncer y no quiero morir, estoy haciendo todo lo posible para vivir y ver a mi hija y mi nieta libres¡±. Pinita no sabe en qu¨¦ etapa est¨¢ su enfermedad, explica, porque el 2 de septiembre pasado fue despojada de su pasaporte junto con el de su hija y el de su hijo que la acompa?aban a Costa Rica para realizarse un PET CT Scan, una tomograf¨ªa basada en medicina nuclear que no hay forma de hacer en Nicaragua. ¡°El ¨²nico examen que existe para saber mi estado¡±, dice.

Que le hayan quitado el pasaporte es una represalia m¨¢s del r¨¦gimen Ortega-Murillo contra su familia, ya que la matriarca de las Vijil ha denunciado todo el tiempo las irregularidades de los juicios. Para empezar, los procesos debieron ser orales y p¨²blicos seg¨²n el Codigo Procesal Penal, pero se han realizado todos a puertas cerradas en el Chipote, que es la sede de la Direcci¨®n de Auxilio Judicial.

¡°Ellos han querido subsanar el tema de la publicidad de los juicios con el ingreso de un familiar a las audiencias, pero eso no lo subsana porque seg¨²n al ley tienen que ser p¨²blicos, con presencias de medios de comunicaci¨®n¡±, explica a EL PA?S Vilma N¨²?ez, veterana defensora de derechos humanos que de manera incansable registra todo lo relacionado a estos juicios pol¨ªticos.

Sin derecho a la defensa

Despu¨¦s de la cacer¨ªa de opositores desatada a partir de junio de 2021, el Gobierno de Ortega prepar¨® el andamiaje legal para iniciar estos juicios pol¨ªticos. Mientras la comunidad internacional desviaba su atenci¨®n de lo que pasaba en Nicaragua, las torturas en prisi¨®n para los disidentes fueron la antesala para estos procesos que han sentado un precedente de terror, en especial para el ejercicio de la libertad de expresi¨®n.

Los reos no han tenido derecho a una tutela efectiva, ya que no les han permitido entrevistarse con sus abogados para preparar la defensa. De hecho, algunos defensores, como el del precandidato presidencial F¨¦lix Maradiaga, conocieron a sus clientes el mismo d¨ªa del juicio.

El hermetismo de los juicios pol¨ªticos ha sido una constante. Algunos familiares han tenido la oportunidad de ingresar, pero al entrar se les despoja de sus tel¨¦fonos y quedan incomunicados. Varios abogados consultados por EL PA?S explican que las causas de las que acusan a los presos pol¨ªticos ni siquiera figuran en el sistema del Poder Judicial, y que conocen los legajos acusatorios reci¨¦n cuando llegan a las audiencias. Adem¨¢s, a los abogados defensores se les impide constantemente intervenir y todos los recursos legales o impugnaciones que presentan son denegados.

¡°Otra de las anomal¨ªas es que los delitos que se achacan ¡ªconspiraci¨®n para cometer menoscabo¡ª, tienen que ser juzgados por un tribunal de jurado y no por un juez t¨¦cnico. Eso constituye violaciones al derecho constitucional de ser juzgado por tribunal competente establecido por el art¨ªculo 34 de la Constituci¨®n¡±, alega N¨²?ez, presidenta del Centro Nicarag¨¹ense de Derechos Humanos (Cenidh).

Remedo de pruebas

De acuerdo con familiares y abogados consultados para este art¨ªculo, la Fiscal¨ªa de Ortega ha basado sus alegaciones contra los presos pol¨ªticos en testimonios de polic¨ªas, entrevistas que los procesados concedieron a medios de comunicaci¨®n y publicaciones de redes sociales que, a juicio de defensores de derechos humanos, no son pruebas que soporten condenas de culpabilidad que implican penas m¨¢ximas, tal como ha pedido el Ministerio P¨²blico.

Los elementos de pruebas se deben presentar conforme dos art¨ªculos del C¨®digo Procesal Penal, el 268 y el 269. El primero plantea que las pruebas deben ser obtenidas de forma l¨ªcita por la Polic¨ªa y el Ministerio P¨²blico. El segundo explica la forma en que deben ser incorporadas durante el juicio. Estas pruebas ¡ªsean testimoniales, periciales o documentales¡ª deben ser siempre de car¨¢cter l¨ªcito. Sin embargo, en los juicios pol¨ªticos no ha sido as¨ª.

En estas condiciones han sido condenadas ya, desde finales de enero, 27 personas. Los primeros en ser declarados culpables fueron Yader Paraj¨®n, hermano de un asesinado en 2018, y Yaser Vado Gonz¨¢lez, activistas pol¨ªticos detenidos en momentos diferentes pero juzgados en un mismo proceso. La Fiscal¨ªa present¨® como ¨²nicas pruebas los testimonios de siete agentes policiales, quienes estuvieron a cargo de las investigaciones. Tres de ellos brindaron versiones contradictorias y una se mostr¨® renuente a responder. Otra oficial de polic¨ªa, a quien se le pregunt¨® c¨®mo perjudicaban las publicaciones en redes sociales realizadas por Vado ¡ªacusado de ¡°propagaci¨®n de noticias falsas¡±¡ª, afirm¨® que ¡°afectaban a su partido¡±. Fueron condenados a diez y 13 a?os de c¨¢rcel, respectivamente.

¡°Los argumentos son de viajes atrabiliarios, enredados y concretamente son sofismas, o sea que hacen afirmaciones falsas en las cuales fundamentan la supuesta culpabilidad o responsabilidad del acusado¡±, insiste N¨²?ez.

Durante el juicio del l¨ªder estudiantil Lesther Alem¨¢n, los fiscales recurrieron a un perfil falso de Facebook, dos videos de entrevistas y fotograf¨ªas que, seg¨²n abogados, no demuestran de qu¨¦ forma caus¨® menoscabo al Estado, que es de lo que se le acusa. La Alianza Universitaria Nicarag¨¹ense (AUN) denunci¨® que durante el juicio contra Alem¨¢n en la sala hubo presencia de dos operadores pol¨ªticos del gobierno. La primera, sentada en un escritorio en la puerta de la sala. El segundo, sentado al lado del juez. ¡°Estas personas no identificadas estuvieron tomando nota de todo lo transcurrido sin derecho o identificaci¨®n legal que se los permitiera¡±, inform¨® la AUN. En la mayor¨ªa de los casos, a los procesados no se les permite la palabra. El joven de 24 a?os fue condenado en tal fecha a 13 a?os de prisi¨®n. Su principal pecado, en realidad, fue atreverse a decirle en la cara a Daniel Ortega que saliera del poder.

En el caso de Ana Margarita Vijil, la Fiscal¨ªa no present¨® siquiera testigos. Solo bast¨® un video en el que no se demuestra la culpabilidad de la activista. El 7 de febrero, Pinita tuvo otro d¨ªa aciago: su hija fue la primera presa pol¨ªtica en ser condenada. A diez a?os de prisi¨®n. ¡°Para m¨ª ha sido dur¨ªsima esta etapa; estar con este c¨¢ncer y saber que mi hija y mi nieta est¨¢n sufriendo aisladas en ese lugar desde hace nueve meses. Todos los d¨ªas lloro porque todas sufrimos¡­ con ellas a mi lado, todo ser¨ªa m¨¢s calmo. Llevarlo m¨¢s en paz, poni¨¦ndome en las manos de Dios¡±, dice a Pinita a EL PA?S, una hora antes de conocerse la condena contra su nieta, Tamara D¨¢vila, por ocho a?os de c¨¢rcel.

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