Ortega desata una feroz persecuci¨®n pol¨ªtica en Nicaragua para mantenerse en el poder

Las palabras del fallecido comandante Tom¨¢s Borge, oscuro y temido personaje de la revoluci¨®n sandinista de Nicaragua, parecen hoy salidas de una sombr¨ªa profec¨ªa. Daniel Ortega reci¨¦n se hab¨ªa instalado de nuevo en el poder en 2007, cuando Borge sentenci¨®: ¡°Todo puede pasar aqu¨ª, menos que el Frente Sandinista pierda el poder¡­ cueste lo que cueste¡±. Y el coste ha sido alto, con una estrategia pol¨ªtica de tierra arrasada, en la que el exguerrillero sandinista nacido de la lucha contra la dictadura de Somoza est¨¢ dispuesto a eliminar a cualquier adversario o acallar todo tipo de disidencia. Ortega se ha instalado en la represi¨®n y la persecuci¨®n pol¨ªtica para mantener el poder en el pa¨ªs centroamericano, a trav¨¦s del control del aparato de justicia, eficiente a la hora de levantar casos contra los opositores; la instrumentalizaci¨®n de la Asamblea Nacional, a sus ¨®rdenes para aprobar leyes que criminalicen la cr¨ªtica y, sobre todo, su dominio sobre la Polic¨ªa Nacional, el ¨®rgano represivo del r¨¦gimen. ¡°Eliminar toda candidatura, toda oposici¨®n, es el objetivo de una dictadura en agon¨ªa. Por eso recurre a la represi¨®n masiva. Nada le ha funcionado¡±, ha dicho Dora Mar¨ªa T¨¦llez, exguerrillera sandinista, otrora compa?era de armas de Ortega y hoy voz cr¨ªtica desde la oposici¨®n, detenida el domingo en Managua.

No es que Ortega haya jugado bajo las reglas de la democracia cuando volvi¨® a la presidencia en 2006 tras casi dos d¨¦cadas como candidato opositor en Nicaragua y de perder tres elecciones consecutivas (frente a Violeta Chamorro en 1990, Arnoldo Alem¨¢n en 1996 y Enrique Bola?os en 2001). Al contrario, entonces comenz¨® una estrategia para desmantelar la de por s¨ª fr¨¢gil institucionalidad nicarag¨¹ense, apoyado en parte por la millonaria cooperaci¨®n petrolera que llegaba de la Venezuela de Hugo Ch¨¢vez, usada para amedrentar a la prensa independiente, comprar medios de comunicaci¨®n, acallar las voces cr¨ªticas y desarrollar una pol¨ªtica clientelar para mantener el favor de los m¨¢s pobres, bajo su lema ¡°arriba los pobres del mundo¡±.

Su primera estrategia fue contra el periodismo, implementada por su esposa Rosario Murillo, hoy convertida en su vicepresidenta. El Gobierno control¨® las licencias de radio y televisi¨®n, ejerci¨® presi¨®n econ¨®mica contra los peri¨®dicos, a trav¨¦s de impuestos y otros tributos o poniendo trabas a la entrega del papel en las aduanas. Luego llegaron los grupos de choque, hordas fanatizadas financiadas por el Frente Sandinista, para amedrentar a opositores y reventar manifestaciones, con especial ¨¦nfasis en un inicio contra las mujeres, que plantaron cara con valent¨ªa al nuevo r¨¦gimen. Y a partir de 2008, con los comicios municipales de ese a?o, llegaron los fraudes electorales para expandir su poder pol¨ªtico territorial y garantizarse el control de todo el aparato de elecciones. Aprovech¨¢ndose de una oposici¨®n d¨¦bil, dividida y sin legitimidad frente al electorado; del poco inter¨¦s que Nicaragua generaba internacionalmente y de una alianza estrat¨¦gica con los empresarios, que permit¨ªan los desmanes del sandinista a cambio de hacer jugosos negocios, Ortega fue construyendo su autocracia, pero sin poner atenci¨®n en la que se convertir¨ªa en la piedra que pondr¨ªa en jaque su proyecto: una naciente clase media que exig¨ªa m¨¢s derechos.

El golpe no se lo esperaba y lleg¨® en la primavera de 2018. Ortega impuso unas reformas de la seguridad social que afectaban a las pensiones y que fueron rechazadas por los empresarios, porque impon¨ªan a la patronal el pago de mayores cuotas. Las primeras manifestaciones fueron t¨ªmidas, pero reventadas con violencia por los grupos de choque. Las im¨¢genes de jubilados sangrando por las palizas generaron una indignaci¨®n nacional que devino en protestas masivas, en las que se exig¨ªa el fin del r¨¦gimen. Una de esas primeras protestas, que convoc¨® a decenas de miles de nicarag¨¹enses, fue financiada por los empresarios, en una afrenta directa a Ortega. Pasmado por la rebeli¨®n ciudadana y el inter¨¦s internacional que despert¨®, el Gobierno decidi¨® recurrir a la violencia. La respuesta inicial vino de la esposa de Ortega, Rosario Murillo, quien dio la orden a sus subalternos: ¡°Vamos con todo¡±. La polic¨ªa, los grupos de choque y un cuerpo parapolicial provisto de armas de guerra, impusieron el terror en las ciudades, atacaron manifestaciones y desmantelaron barricadas. El saldo, de acuerdo a la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue de 328 asesinados, centenares de presos pol¨ªticos y miles de exiliados. Para la ONU y la OEA, Ortega cometi¨® cr¨ªmenes de lesa humanidad en Nicaragua.

Lejos de intentar hallar una salida pol¨ªtica en la llamada Mesa de Di¨¢logo, instalada con el auspicio de la Iglesia y el cuerpo diplom¨¢tico asentado en Managua, Ortega ha decidido instalarse en la violencia pol¨ªtica. Tras neutralizar las protestas, el mandatario ha iniciado la nueva etapa de la represi¨®n: el encarcelamiento de sus cr¨ªticos y sobre todo de quienes aspiran a enfrent¨¢rsele en las elecciones previstas para noviembre. Y para ello ha usado a la Asamblea Nacional, que ha aprobado leyes que permiten criminalizar a opositores, y al sistema de justicia, con jueces que, en palabras de Dora Mar¨ªa T¨¦llez, ¡°son verdaderos sicarios, que tienen hecho el machote [los borradores de las acusaciones] y solo ponen el nombre del nuevo preso¡±. Los primeros perseguidos fueron los aspirantes a una candidatura por la oposici¨®n, con especial escarnio contra Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1996) y de Pedro Joaqu¨ªn Chamorro, h¨¦roe nacional asesinado por la dictadura somocista. Cristiana Chamorro apenas hab¨ªa anunciado su inter¨¦s de participar en el proceso electoral, cuando despert¨® grandes simpat¨ªas entre los nicarag¨¹enses. Fue entonces cuando la maquinaria de justicia se ensa?¨® contra ella, levantando un caso de lavado de dinero a trav¨¦s de su fundaci¨®n ¡ªque lleva el nombre de su madre¡ª, una organizaci¨®n que durante d¨¦cadas apoy¨® al periodismo independiente. En el caso contra Chamorro han sido citados varios periodistas y en medio fue nuevamente asaltada la redacci¨®n de la revista Confidencial, que dirige su hermano Carlos Fernando Chamorro. Un juez de Managua impuso casa por c¨¢rcel [arresto domiciliario] a la candidata. A ella le siguieron el exdiplom¨¢tico Arturo Cruz, el acad¨¦mico F¨¦lix Maradiaga y el exviceministro de Hacienda Juan Sebasti¨¢n Chamorro Garc¨ªa.

La condena internacional lleg¨® de voz de los funcionarios de la Administraci¨®n de Biden, que ha exigido la liberaci¨®n de los presos, ha catalogado de ¡°dictadura¡± al r¨¦gimen y ha impuesto nuevas sanciones contra funcionarios y una hija de Ortega. ?l, sin embargo, ha decidido tensar m¨¢s la cuerda y ha desatado la segunda etapa de esta nueva ola represiva. Al primero que le ha pasado la factura es a Jos¨¦ Ad¨¢n Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), quien lider¨® la mesa del di¨¢logo de 2018 por parte de los empresarios, convertido, sin quererlo, en un personaje opositor. Ortega, que le hab¨ªa dado a los empresarios libertades para hacer negocios ¡ªsiempre y cuando las ganancias tambi¨¦n lo beneficiaran¡ª vio como una afrenta la nueva postura de Aguerri, detenido el martes en Managua. A ¨¦l le sigui¨® esa misma noche Violeta Granera, destacada activista, y un d¨ªa despu¨¦s Jos¨¦ Pallais, uno de los juristas m¨¢s l¨²cidos del pa¨ªs y quien tambi¨¦n form¨® parte de la mesa del di¨¢logo. A los nicarag¨¹enses les ha conmovido la entereza de Pallais, quien estoico esper¨® a la polic¨ªa afuera de su casa. Estas figuras de la oposici¨®n fueron acusadas de ¡°incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos¡±, un delito contemplado en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberan¨ªa y Autodeterminaci¨®n para la Paz, aprobada en diciembre por la Asamblea Nacional.

El periodista Carlos Fernando Chamorro ha catalogado esta nueva escalada represiva del r¨¦gimen como ¡°un nuevo golpe de Estado contra el derecho constitucional de los nicarag¨¹enses a elegir y ser electos en libertad¡±. Para Chamorro se trata de una estrategia con dos posibles fines: mantenerse en el poder por la fuerza, porque unas elecciones libres representan ¡°una amenaza letal para la sobrevivencia del r¨¦gimen¡±, o instaurar en Nicaragua una dictadura bajo un estilo parecido al de Cuba y Venezuela. Dos escenarios que cumplen la sombr¨ªa profec¨ªa del fallecido comandante Borge, de que el Frente Sandinista debe mantenerse gobernando en Nicaragua ¡°cueste lo que cueste¡±.

Suscr¨ªbase aqu¨ª a la newsletter de EL PA?S Am¨¦rica y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la regi¨®n