Bruselas intentar¨¢ atajar los litigios abusivos contra activistas, sindicalistas o periodistas

Antes de morir asesinada, la periodista maltesa Dafne Caruana acumulaba m¨¢s de 40 querellas contra ella por sus art¨ªculos contra la corrupci¨®n en la isla mediterr¨¢nea. Pretend¨ªan disuadirla para que dejara de publicarlos. Para atajar esta pr¨¢ctica intimidatoria y abusiva de los tribunales usada contra periodistas, ONG, activistas o sindicalistas desde empresas e incluso instituciones p¨²blicas, la Comisi¨®n Europea ha aprobado este mi¨¦rcoles un paquete legislativo que busca impulsar el archivo inmediato de estas denuncias en cuanto los jueces detecten indicios de estos excesos que, siguiendo el razonamiento del Ejecutivo comunitario, mina la labor de la sociedad civil y el periodismo en las democracias.

El paso dado por la Comisi¨®n es, en realidad, doble. Por un lado, ha dado luz verde a un proyecto de directiva que prev¨¦ armonizar los criterios por los que los tribunales de toda Europa podr¨¢n declarar inadmisibles de manera expeditiva las denuncias que se consideren desproporcionadas o reiterativas. Para eso, lo primero que hace es definir, si bien de una forma amplia, qu¨¦ es una demanda abusiva: ¡°Procedimientos llevados a los tribunales en relaci¨®n con la participaci¨®n p¨²blica [en el ejercicio de la libertad de expresi¨®n e informaci¨®n] que se consideren total o parcialmente infundados y que tienen el objetivo principal de evitar, restringir o penalizar esa participaci¨®n p¨²blica¡±. Su identificaci¨®n se har¨¢ a partir de indicios que se consideren desproporcionados por lo ¡°excesivo o irracional de toda o de parte de la demanda¡±, ¡°la reiteraci¨®n de m¨²ltiples procedimientos iniciados por el demandante o partes asociadas con asuntos similares¡± o ¡°la intimidaci¨®n, el acoso o las amenazas por parte del demandante o de sus representantes¡±.

Nada m¨¢s aparezcan estos indicios, la directiva dar¨¢ a los jueces la posibilidad de negarse a cursar ¨®rdenes judiciales extracomunitarias en el caso de denuncias en las que se vea que ¡°en todo o en parte son manifiestamente infundadas¡±. Bajo la norma comunitaria caer¨¢n los pleitos que se consideren transfronterizos, que ser¨¢n aquellos que afecten a dos estados miembros (una empresa pone una demanda en un pa¨ªs por lo publicado en otro) y tambi¨¦n ¡ªy esto es novedoso¡ª las disputas que pese a darse en un Estado miembro pueda considerarse que tiene efectos sobre otro. Un ejemplo de esto ¨²ltimo podr¨ªa ser un reportaje publicado en un pa¨ªs denunciado por una filial en ese mismo pa¨ªs, pero que tambi¨¦n tiene impacto all¨ª donde est¨¦ la empresa matriz.

Adem¨¢s del archivo raudo de la denuncia, la directiva obligar¨¢ al denunciante a pagar los gastos que provoque su demanda ¡°incluso si la denuncia no es manifiestamente infundada, [pero] hay indicios de procedimientos abusivos y la perspectiva de ¨¦xito en un procedimiento principal son escasas¡±. Entre esos gastos, puede incluirse el coste de la defensa del denunciado. En la misma l¨ªnea disuasoria, abre la puerta a que el demandado pueda pedir una compensaci¨®n ¡°total¡± por el da?o material e inmaterial. En el primer caso se incluyen abogados, gastos m¨¦dicos (como un psic¨®logo) si est¨¢n relacionados con el proceso. Y en el segundo estar¨ªan los da?os reputacionales e, incluso, ¡°deterioro vital y de relaciones¡± y, ¡°en general, cualquier tipo de da?o intangible¡±.

Homogeneizaci¨®n en los Veintisiete

El punto m¨¢s ambicioso de la norma planteada por la Comisi¨®n, que ahora debe pasar por el filtro legislador del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, concierne a la posibilidad de que los tribunales de un pa¨ªs de la UE puedan rechazar la petici¨®n de otro tribunal para adoptar medidas contra un denunciado si observa indicios de que la causa proviene de una demanda abusiva. Fuentes de Bruselas admiten que este punto tiene muchos visos de no pasar el tamiz del Consejo, es decir, los gobiernos de los Estados miembro. Uno de los objetivos principales de la directiva en su prop¨®sito final de atajar esta t¨¢ctica de amedrentamiento es homogeneizar la legislaci¨®n de Los Veintisiete para evitar la proliferaci¨®n de las mismas demandas en diferentes Estados, en busca de la jurisdicci¨®n m¨¢s conveniente a sus reclamaciones.

Como la directiva solo afecta a los asuntos que se consideran transfronterizos, la Comisi¨®n tambi¨¦n emite una recomendaci¨®n para que los Estados miembros adapten sus leyes en los casos estrictamente nacionales. Esto no ser¨¢ obligatorio, puesto que, justifica Bruselas, ya se entra en el ¨¢mbito del derecho penal. Uno de los consejos del Ejecutivo comunitario en este caso es que la legislaci¨®n estatal sobre difamaci¨®n, ¡°que es uno de los instrumentos m¨¢s usados en estos abusos judiciales¡±, no tengan ¡°un impacto no justificado sobre la libertad de expresi¨®n, y la existencia de unos medios de comunicaci¨®n libres, plurales y abiertos¡±. Otro apuesta por la formaci¨®n de los profesionales de la justicia para que detecten estas situaciones y tambi¨¦n estar atentos para evitar campa?as organizadas.

Si la Comisi¨®n ha decidido poner en marcha esta iniciativa ahora, se debe a que ha detectado un n¨²mero creciente de litigios lanzados con el ¨²nico objetivo de silenciar voces cr¨ªticas o de impedir la difusi¨®n de informaciones inc¨®modas para ciertos poderes p¨²blicos o privados. Estas querellas suelen verse en asuntos de salud p¨²blica y medioambiental, en denuncias de corrupci¨®n o fraude e, incluso, en la lucha contra la desinformaci¨®n.

Mecanismo de condicionalidad para Hungr¨ªa

Junto a este significativo paso para proteger la libertad de informaci¨®n y expresi¨®n, y tambi¨¦n en el terreno del Estado de derecho, la Comisi¨®n ha dado este mi¨¦rcoles el primer paso formal para poner en marcha el llamado mecanismo de condicionalidad que permite a la UE retener fondos a Hungr¨ªa por violar los valores b¨¢sicos de La Uni¨®n. El movimiento hab¨ªa sido anunciado por la presidenta de la Comisi¨®n, Ursula von der Leyen, hace unas semanas en el Parlamento Europeo despu¨¦s de que el Tribunal de Justicia de la UE avalara la validez de este mecanismo, aprobado en enero de 2021, y de que las respuestas de Budapest a los requerimientos de Bruselas no hayan sido satisfactorias.

A la hora de abrir el expediente, la Comisi¨®n argumenta que ha detectado irregularidades que perjudican los presupuestos de la UE. Esos hallazgos se dar¨ªan en la contrataci¨®n p¨²blica, las auditorias o la transparencia. Hungr¨ªa, junto con Polonia, es uno de los pa¨ªses que todav¨ªa no tiene aprobado su plan de recuperaci¨®n por no aceptar reformas relacionadas con la calidad de su Estado de derecho. En el caso de Varsovia, las diferencias con Bruselas est¨¢n vinculadas a la independencia judicial; con el Gobierno de Viktor Orb¨¢n se debe a la falta de medidas anticorrupci¨®n.

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