El narco avanza en tierras ind¨ªgenas de la Amazonia peruana

Marcelino Tangoa, apu (jefe ind¨ªgena) de una poblaci¨®n amaz¨®nica en la regi¨®n Hu¨¢nuco, tendr¨ªa que estar hoy cosechando cacao en su chacra de dos hect¨¢reas, pero ha tenido que abandonar su tierra en abril a causa de amenazas del narcotr¨¢fico. Lidera los tr¨¢mites de titulaci¨®n de la comunidad de Unipacuyacu y las gestiones ante el Estado contra el crimen en un territorio que colinda con la regi¨®n Ucayali, en la Amazonia. All¨ª desde desde 2020 se han multiplicado los cultivos de coca y las narcopistas, seg¨²n reportan organizaciones ind¨ªgenas afectadas y la entidad antidrogas de Per¨².

La Comisi¨®n Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) indica que ese a?o aument¨® en un 13% la superficie de coca cultivada en Per¨² y fue de 61.777 hect¨¢reas. De ellas, casi 28.000 estaban en el Valle de los r¨ªos Apur¨ªmac, Ene y Mantaro (un territorio llamado VRAEM, en la zona centro-sur del pa¨ªs), y m¨¢s de 3.800 en Ucayali (en la frontera con Brasil). Sin embargo, en 2021 en esta regi¨®n amaz¨®nica la superficie super¨® las 10.000 hect¨¢reas sembradas, report¨® esta semana el presidente de la entidad, Ricardo Sober¨®n.

El VRAEM era desde la d¨¦cada pasada el principal centro de operaciones del narco y el valle de mayor producci¨®n de coca con fines il¨ªcitos, pese a la presencia militar y policial desde 2006; pero la situaci¨®n ha cambiado a ra¨ªz de la pandemia. ¡±La din¨¢mica creciente de demanda europea y de EE UU ahora usa el espacio de la Amazon¨ªa para tr¨¢nsito, cultivo, tr¨¢fico y explotaci¨®n. Tenemos nuevos focos cocaleros: se va vaciando el VRAEM y se incrementa en Ucayali¡±, explic¨® Sober¨®n en una conferencia de prensa en Lima esta semana.

La comunidad de Unipacuyacu, poblada mayoritariamente por ind¨ªgenas cacataibo, tramita desde 1995 el t¨ªtulo de sus 22.000 hect¨¢reas, pero la burocracia del Gobierno regional y la influencia de redes ilegales le han impedido defenderse de invasores que alquilan tierras para producir coca destinada al narco. Arbildo Mel¨¦ndez, el jefe de la comunidad que gestionaba la titulaci¨®n en 2020 fue asesinado en abril de ese a?o, al inicio de la cuarentena por la covid-19, cuando el Estado peruano estaba paralizado. Una testigo de las amenazas a Mel¨¦ndez refiere por tel¨¦fono que, desde 2010 operadores del narco y del tr¨¢fico de tierras han asesinado a cinco personas en Unipacuyacu.

Desde 2019, la Federaci¨®n Nativa de Comunidades Cacataibo (Fenacoca) y otras organizaciones amaz¨®nicas han denunciado ante autoridades y entidades internacionales la ¡°narcoviolencia¡± entre Hu¨¢nuco y Ucayali. En junio, el Estado erradic¨® por primera vez cultivos de coca en varias comunidades de esa zona, y destruy¨® una narcopista de cemento en Unipacuyacu con explosivos lanzados desde helic¨®pteros.

Las consecuencias fueron negativas para los comuneros pese a que hab¨ªan alertado a las autoridades. En un comunicado reportaron represalias en su contra, pues se quedan solos frente a los invasores armados despu¨¦s de la interdicci¨®n. ¡±Los operativos de erradicaci¨®n constituyen un hito importante y el primer golpe real que se le da al narcotr¨¢fico en la zona, pero no se ha atendido la oportuna advertencia sobre la necesidad de acompa?ar las operaciones de erradicaci¨®n con una presencia efectiva de las fuerzas del orden y una inmediata restituci¨®n de los territorios ind¨ªgenas invadidos¡±, plante¨® la federaci¨®n Fenacoca en un comunicado de junio¡±.

La comisar¨ªa m¨¢s cercana est¨¢ a dos horas y media en bote y la polic¨ªa no tiene dinero para combustible. Yo pedir¨ªa presencia policial o de la fuerza armada aunque sea una vez a la semana para poder vivir en tranquilidad, no tenemos a d¨®nde irnos¡±, a?ade Tangoa. En su comunidad no hay se?al de m¨®vil y ante una emergencia solo pueden usar el internet de un ordenador de la escuela.

El apu tiene tres hijos en edad escolar y pasa una situaci¨®n econ¨®mica dif¨ªcil, pues sembr¨® pl¨¢tano, ma¨ªz, papaya y cacao para generar ingresos y est¨¢ perdiendo sus cultivos. ¡°Pedir¨ªa que no nos vean simplemente como ind¨ªgenas: ?cu¨¢nto tiempo estamos en esta lucha para lograr la titulaci¨®n! Esto afecta nuestro territorio, tenemos que ver por la educaci¨®n y alimentaci¨®n de nuestros hijos¡±, agrega el jefe ind¨ªgena con preocupaci¨®n.Un ambientalista consultado se?ala que las narcopistas de tierra destruidas en Hu¨¢nuco y Ucayali son r¨¢pidamente reparadas, pues como la erradicaci¨®n de cultivos no es completa, los narcotraficantes necesitan terminar de sacar su producci¨®n y las reconstruyen. ¡±Unipacuyacu es un punto estrat¨¦gico de donde salen los vuelos porque es una zona cerrada¡±, a?ade una testigo de las amenazas.

Sober¨®n explica que la nueva zona cocalera denominada Bajo Ucayali tiene ¡°condiciones ideales¡± de cultivo de coca e interconexi¨®n con ¡°las nuevas estructuras de comercio fluviales y a¨¦reas, hacia el puerto de Guayaquil e incluso, v¨ªa terrestre, hacia Brasil¡±, donde est¨¢ otra de las grandes demandas de droga, adem¨¢s de Estados Unidos y el Reino Unido. El jefe del ente peruano antidrogas describe que Guayaquil es uno de los puntos de salida de las sustancias derivadas de la coca a ra¨ªz de los cambios en el negocio y las rutas ilegales post-covid.

Defensores amenazados por el narco

En 2021, el Ministerio de Justicia cre¨® el llamado Mecanismo Intersectorial para la protecci¨®n de las personas defensoras de derechos humanos en el pa¨ªs, que incluye a defensores ambientales y de la tierra, y ha recibido una solicitud de medidas de protecci¨®n al apu de Unipacuyacu. ?ngel Gonzales, director de pol¨ªticas y gesti¨®n en derechos humanos de ese ministerio, explica que en el caso de 29 ind¨ªgenas los informes de riesgo proponen medidas de protecci¨®n v¨ªa dicho mecanismo. Sin embargo, el Ministerio de Interior a¨²n no ha aprobado lineamientos para hacer efectivas las medidas recomendadas y por lo tanto enfrentan dificultades.

¡°En el caso de Marcelino Tangoa estamos esperando la opini¨®n t¨¦cnica y el plan de actividades que indique c¨®mo se va a financiar su protecci¨®n y qui¨¦nes se encargar¨ªan de ella, pero estamos haciendo un seguimiento permanente de su situaci¨®n¡±, coment¨® Gonzales. El funcionario detall¨® que en los casos que las comisar¨ªas no cuentan con log¨ªstica o fondos para la protecci¨®n de los defensores, coordinan con algunas ONG o con Devida para gestionar los traslados. De los 29 casos de defensores que requieren medidas de protecci¨®n, 14 corresponden a Ucayali, y a todos los miembros de una comunidad de esa misma regi¨®n y en Madre de Dios, tambi¨¦n en la frontera con Brasil.

Hasta fines de diciembre, hab¨ªa 50 defensores de derechos humanos en riesgo en Ucayali, y nueve en Hu¨¢nuco, de acuerdo con un informe elaborado por las ONG Pro¨¦tica e IDL con cifras del Ministerio de Justicia. El mismo reporte indica que el narcotr¨¢fico es la fuente de riesgo de 18 defensores de derechos humanos y defensores ind¨ªgenas peruanos identificados por dicho mecanismo.

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