Los frentes abiertos de Pedro Castillo agudizan la inestabilidad pol¨ªtica de Per¨²
Una nueva investigaci¨®n por corrupci¨®n en la familia del presidente, un Congreso enfocado en destituirlo y electores decepcionados por promesas incumplidas ponen en jaque el proyecto del Gobierno
La primera dama de Per¨², Lidia Paredes, respondi¨® este viernes durante tres horas las preguntas que le formul¨® el fiscal que investiga a su hermana Jennifer por presuntamente favorecer a una empresa para que consiga contratos en el Estado. La gran cantidad de polic¨ªas que dificultaban tomar im¨¢genes de la esposa del presidente, Pedro Castillo, a su llegada al despacho era una se?al de la incomodidad del Ejecutivo frente al continuo escrutinio del Ministerio P¨²blico. Es un episodio m¨¢s. Adem¨¢s de la cu?ada del mandatario, el mismo Castillo afronta junto con dos de sus sobrinos una investigaci¨®n por organizaci¨®n criminal, tr¨¢fico de influencias y colusi¨®n agravada en la licitaci¨®n de una obra p¨²blica millonaria en la Amazonia. Cuando est¨¢ a punto de cumplir un a?o mandato, sus frentes abiertos con la justicia, las amenazas de destituci¨®n por parte del Congreso y la decepci¨®n de un sector de sus electores complican el trabajo del Gobierno.
¡±La investigaci¨®n al presidente y su entorno afecta definitivamente el desempe?o del Gobierno¡±, opina la congresista Flor Pablo, del Partido Morado, una formaci¨®n de centro-derecha . La que fuera ministra de Educaci¨®n durante el mandato de Mart¨ªn Vizcarra sostiene en declaraciones a EL PA?S que la atenci¨®n del presidente est¨¢ en ¡°negar su responsabilidad y victimizarse frente a los indicios que aparecen en su entorno cercano y familiar¡± y cree que si los indicios fueran corroborados ¡°generar¨ªan una nueva crisis pol¨ªtica que esta vez tendr¨ªa mayor repercusi¨®n¡±.
A inicios de semana, la nueva fiscal general, Patricia Benavides, cre¨® un equipo contra la corrupci¨®n en en los estamentos de poder: 18 fiscales est¨¢n encargados de investigar al presidente en el caso conocido como Puente Tarata, en el que se habr¨ªan coludido dos de sus sobrinos -uno de ellos pr¨®fugo- con traficantes de influencias de un consorcio constructor y con el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien tambi¨¦n est¨¢ buscado por la polic¨ªa.
El ex l¨ªder sindical del magisterio, que lleg¨® al poder hace casi un a?o como candidato invitado de Per¨² Libre, est¨¢ ya sin partido desde la semana pasada. La ruptura se consum¨® por la petici¨®n expresa del fundador de la formaci¨®n, el leninista Vladimir Cerr¨®n, quien esperaba desarrollar con su socio pol¨ªtico una agenda populista de izquierda y a la vez conservadora en lo social.
Cuando Castillo asumi¨® la presidencia a fines de julio del a?o pasado, contaba con 37 votos de Per¨² Libre y los de la bancada de izquierda moderada de Juntos por el Per¨². El partido de Cerr¨®n se dividi¨® en tres y hoy el jefe de Estado cuenta solo con diez votos del llamado Bloque Magisterial -que se escindi¨® de Per¨² Libre- y unos cu¨¢ntos m¨¢s de congresistas de otras bancadas con quienes ha negociado obras o cargos en los ministerios para sus entornos.
¡°No cabe duda que Castillo dentro de su pragmatismo har¨¢ alianzas espec¨ªficas, especialmente con los extremos¡±, apunta la parlamentaria Pablo. ¡±La ruptura era una cuesti¨®n de tiempo, dado que esa alianza electoral ya estaba muy deteriorada, pero tambi¨¦n fue provocada por el mismo Castillo, a quien la bancada de Per¨² Libre culpa de estar detr¨¢s de la divisi¨®n del grupo parlamentario en varias bancadas¡±, a?ade. La congresista Pablo lee la ruptura de Cerr¨®n con Castillo en el marco de las pr¨®ximas elecciones regionales y locales de octubre, en las que el primero quiere evitar que le salpique la desaprobaci¨®n del Ejecutivo.
Fuerza Popular, la formaci¨®n pol¨ªtica de Keiko Fujimori, quien perdi¨® las elecciones frente a Castillo, cuenta con 24 votos y hoy, tras la fragmentaci¨®n del partido de Cerr¨®n, es la bancada con m¨¢s esca?os. La coalici¨®n opositora en el Parlamento est¨¢ liderada por pol¨ªticos ultraconservadores y conservadores: si bien no alcanzaron 87 sufragios para retirar al presidente del cargo -mediante la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente- podr¨ªan intentarlo en los pr¨®ximos meses por otra v¨ªa: la destituci¨®n. Con esa f¨®rmula necesitar¨ªan 66 votos.
La confrontaci¨®n del Congreso con el Ejecutivo ha sido continua en los ¨²ltimos diez meses, en los que la bancada de Per¨² Libre ha chocado constantemente con la oposici¨®n parlamentaria. Sin embargo, desde abril la facci¨®n cerronista ha encontrado coincidencias con la mayor¨ªa del Congreso y han aprobado leyes que retroceden en derechos sociales. Por ejemplo, anularon la supervisi¨®n de la calidad educativa en las universidades y la educaci¨®n sexual integral en las escuelas, entre otras.
El abogado y analista pol¨ªtico Juan de la Puente plantea que por el momento en el Congreso hay un pacto de no agresi¨®n contra el primer ministro, An¨ªbal Torres, y algunos ministros conservadores, pero que los embates contra el presidente retornar¨¢n. ¡±Esa no agresi¨®n [del Congreso] se explica en que no hay una moci¨®n de censura hacia el primer ministro pese a que fue interpelado, pero contin¨²an adelante los procesos destinados a acusar a Castillo, por traici¨®n a la patria o infracci¨®n constitucional, y sacarlo del poder con 66 votos¡±, comenta el polit¨®logo.
De la Puente destaca que hay colaboraci¨®n entre ambos poderes, ¡°como en las normas aprobadas para el retroceso de derechos fundamentales, pero hay una evidente intenci¨®n del Parlamento de sacar a Castillo del poder¡±. La congresista Pablo calcula que no hay 87 votos para la vacancia, porque ¡°est¨¢n condicionados a transacciones pol¨ªticas como puestos de trabajo, cargos y proyectos de inversi¨®n con diversos sectores del Parlamento¡±, pero estima que los graves indicios de corrupci¨®n en el entorno m¨¢s cercano del jefe de Estado, ¡°incluyendo a sus familiares¡±, har¨¢n que los congresistas consideren la destituci¨®n ¡°dentro del marco constitucional¡±.
El exmaestro rural gan¨® las elecciones en segunda vuelta con el voto masivo de los sectores m¨¢s vulnerables del pa¨ªs: entre ellos, los agricultores, los campesinos, las comunidades afectadas por el impacto de las industrias extractivas y los pueblos ind¨ªgenas. Tambi¨¦n hizo una alianza con transportistas informales durante su campa?a electoral. El pr¨®ximo 18 de julio, los transportistas y agricultores de la regi¨®n Jun¨ªn, que protestaron varios d¨ªas de abril en la Carretera Central contra el Ejecutivo por los altos precios de los fertilizantes y combustibles, volver¨¢n a un paro indefinido porque los compromisos que hizo el Ejecutivo cuando depusieron huelga no han sido cumplidos, anunci¨® este viernes el medio local Huanca York Times.
Guerra a las filtraciones
El ministro de Justicia de Perú, Felix Chero, y el primer ministro, Aníbal Torres, enviaron esta semana al Congreso un proyecto de ley que podría interesar no solo al presidente Pedro Castillo y a su entorno. La iniciativa crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal y castiga con dos a cuatro años de pena a los operadores de justicia y las partes comprendidas en un proceso. El agravante es la entrega de esa información a los medios.
En el Parlamento, varios líderes de bancadas y congresistas en ejercicio están bajo investigación fiscal o a punto de iniciar juicio oral. Por ejemplo, Keiko Fujimori en el caso Odebrecht; o el parlamentario José Luna en el expediente conocido como Los gangsters de la política.
La fiscalía abrió una primera investigación al presidente Castillo a inicios de este año por presunto tráfico de influencias en los ascensos militares de 2021, pero lo incorporó en mayo a una pesquisa por organización criminal contra el exministro de Transportes, Juan Silva; dos sobrinos del presidente y dos empresarios y traficantes de influencias. Sin embargo, la prensa asocia al jefe de Estado con estos casos desde el año pasado, cuando estos gestores de intereses -involucrados en la irregular adjudicación de obra del millonario Puente Tarata- acudieron al Ministerio Público a reconocer que cometieron delitos y colaborar aportando pruebas a cambio de penas menores. Sus testimonios han sido publicados en la mayoría de medios de la capital.
El proyecto del Gobierno de Castillo de sancionar las filtraciones ha sido calificado por los gremios periodísticos y la prensa de Lima como una "ley mordaza". Ello ha empeorado su relación con la prensa mayoritaria, con la que está enfrentado desde 2021 porque favoreció la campaña de la entonces candidata Fujimori y respaldó la falsa versión de que hubo fraude electoral.
El miércoles, un confuso episodio en la provincia de Chota, donde Castillo vivió y trabajó como maestro rural, tensó más aún esa relación con los periodistas de Lima. El reportero que la semana anterior denunció en televisión la interferencia de la cuñada de Castillo a favor de una empresa contratista fue retenido el miércoles -durante cinco horas, dijo- por personas aún no identificadas. El periodista relató que entró sin permiso a la zona rural y que los campesinos se incomodaron por ello, pero que además lo reconocieron como parte de la “prensa corrupta que favoreció a una candidata”. Según él, las personas condicionaron su liberación a que emitiera un mensaje en vivo por televisión negando la denuncia contra la hermana de la primera dama.
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