M¨¦xico se ve las caras por primera vez con la industria armamentista de EE UU

M¨¦xico y los fabricantes de armas de Estados Unidos se han enfrentado cara a cara por primera vez en una corte de Massachusetts. Los litigantes de ambas partes han presentado sus alegatos orales para que el juez decida si la demanda que interpuso el Gobierno mexicano el a?o pasado ser¨¢ admitida a juicio o no. Ha sido un d¨ªa clave. A partir de lo que se dijo en la audiencia de este martes y de los argumentos dados por escrito en los ¨²ltimos diez meses se definir¨¢ el curso de la batalla legal y si las empresas armamentistas se sentar¨¢n en el banquillo de los acusados o no. Est¨¢ previsto, sin embargo, que esa decisi¨®n se d¨¦ a conocer en las pr¨®ximas semanas.

M¨¦xico reclama que medio mill¨®n de armas cruzan la frontera ilegalmente cada a?o y cifra el da?o de la violencia en dos puntos porcentuales del PIB. La indemnizaci¨®n que exigen los litigantes mexicanos est¨¢ en el orden de los 10.000 millones de d¨®lares bajo el argumento de que las armer¨ªas no solo son conscientes del tr¨¢fico hacia el pa¨ªs, sino que lo alientan de forma negligente con campa?as publicitarias y productos especialmente dise?ados para atraer a los grupos criminales. Entre las ocho compa?¨ªas demandadas est¨¢n algunos de los l¨ªderes del mercado de las llamadas armas ligeras como Beretta, Smith & Wesson, Colt y Glock. Pr¨¢cticamente siete de cada diez armas ilegales en el pa¨ªs latinoamericano son producidas por estas compa?¨ªas.

Los fabricantes responden que no hay evidencia suficiente para responsabilizarles del uso inadecuado de sus armas, que el caso no cae en la jurisdicci¨®n de Massachusetts ¨Duno de los Estados que no est¨¢ alineado al cintur¨®n proarmas de EE UU y donde muchos tienen su sede¨D y que est¨¢n blindados ante cualquier demanda por la Ley de Protecci¨®n al Comercio Legal de Armas (PLCAA), un estatuto que les da inmunidad legal en territorio estadounidense impulsado por la Administraci¨®n de George W. Bush. El mismo d¨ªa que el caso llega a una cita definitoria se ha producido un tiroteo en Brooklyn que ha dejado 16 heridos.

La corte tiene que decidir precisamente eso, si un pa¨ªs extranjero puede demandar a los productores de armas en Estados Unidos por da?os perpetrados en el extranjero, en este caso M¨¦xico. Las preguntas del juez Dennis Saylor han ido en ese sentido, si es correcto que Italia demande en Estados Unidos a las armer¨ªas por los cr¨ªmenes de la mafia en Sicilia o si la decisi¨®n de admitir esta demanda se traducir¨¢ en que otros pa¨ªses busquen juicios similares en los tribunales estadounidenses. Adem¨¢s de la met¨¢fora de la mafia italiana, el juez hizo referencia a otros ejemplos hipot¨¦ticos como Israel y las milicias palestinas o, incluso, Rusia y las tropas de resistencia en Ucrania. ¡°?Si los ucranios est¨¢n usando armas militares fabricadas en Estados Unidos o un rev¨®lver de Smith & Wesson para defenderse, entonces el Gobierno ruso puede venir y argumentar que se les caus¨® un da?o?¡±, ha cuestionado Saylor por videoconferencia.

El equipo legal que representa a M¨¦xico han contestado que no se trata de casos hipot¨¦ticos y que el tr¨¢fico ilegal y las pr¨¢cticas comerciales que lo sostienen son reales. ¡°Ellos saben que los criminales est¨¢n comprando sus armas¡±, ha asegurado Jonathan Lowy, uno de los abogados, durante una sesi¨®n que se extendi¨® durante una hora y media. ¡°Ellos podr¨ªan detener [este tr¨¢fico] y deciden por voluntad propia ser ciegos ante estos hechos¡±, ha agregado Lowy. ¡°Las circunstancias de este litigio son propias y particulares de M¨¦xico¡±, ha dicho Alejandro Celorio, el consultor jur¨ªdico de la Secretar¨ªa de Relaciones Exteriores.

Un argumento clave de la parte mexicana es que la inmunidad de la que goza la industria armamentista, una de las m¨¢s poderosas de Estados Unidos, no aplica porque los da?os se cometieron fuera de territorio estadounidense y porque el estatuto PLCAA no dice expl¨ªcitamente en su texto que el blindaje de las armer¨ªas frente a cualquier demanda aplica en el extranjero tambi¨¦n. Para Andrew Lelling, el representante de Smith & Wesson, el argumento es ¡°absurdo¡± y ha defendido que las armas fueron vendidas legalmente en Estados Unidos.

La estrategia de las compa?¨ªas demandadas ha ido en varios frentes. Cada compa?¨ªa ha presentado respuestas por separado para fragmentar al equipo legal de M¨¦xico y obligarlo a responder uno a uno los argumentos de cada armer¨ªa. Fueron ocho mociones individuales para desechar el caso y una en conjunto. Tambi¨¦n han argumentado que no se les puede culpar por la ¡°incompetencia¡± del Gobierno mexicano en hacer frente a la crisis de violencia que azota al pa¨ªs. Tan solo en enero y febrero de este a?o se han iniciado m¨¢s de 2.800 investigaciones en M¨¦xico por homicidio con armas de fuego, a pesar de que en el pa¨ªs solo hay una tienda para la compra de armas legales, a cargo del Ej¨¦rcito. No es solo violencia homicida: m¨¢s de 1.300 personas han denunciado lesiones con balas en los dos primeros meses del a?o, seg¨²n cifras oficiales.

El Gobierno mexicano ha buscado aliados en Estados Unidos para contrarrestar el peso pol¨ªtico de la industria armamentista. Una veintena de Estados, entre ellos los dem¨®cratas California y Nueva York, han respaldado la demanda, as¨ª como 25 fiscales estadounidenses de distrito. Tambi¨¦n ha llevado su cruzada contra la violencia armada a la ONU y ha trabajo en conjunto con think tanks y organizaciones de la sociedad civil en ambos lados de la frontera. Ante la exigencia permamente de la Casa Blanca de frenar el tr¨¢fico de drogas, es la primera vez que las autoridades mexicanas llevan el reclamo de las armas a la mesa bilateral de negociaciones.

Las fabricantes han dicho que el litigio es una forma de darle la vuelta a los canales diplom¨¢ticos y pol¨ªticos donde, en su opini¨®n, deber¨ªa desahogarse. Pero M¨¦xico sostiene que debe recibir el mismo trato igualitario que cualquier demandante tiene ante la ley. Fuentes de la Canciller¨ªa mexicana han dicho que ten¨ªan presupuestado que el juez fuera duro al exigir que se justificara el litigio, incluso m¨¢s que con las partes demandadas, pero se muestran confiados y se dicen listos para apelar en caso de que el fallo no sea favorable.

En el escenario de que se estanque el proceso en Massachusetts, dicen, no significa que sea el final de la causa legal. ¡°La violencia no se puede resolver con m¨¢s violencia¡±, ha afirmado Celorio, al hablar sobre la trascendencia del litigio. ¡°Nunca se hab¨ªa cuestionado la responsabilidad de las empresas¡±, ha agregado. En cuesti¨®n de semanas, aunque sin un plazo definido, se sabr¨¢ si los litigantes mexicanos podr¨¢n tener ¡°su d¨ªa en la corte¡± en Estados Unidos.

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