Los defensores ind¨ªgenas de la tierra en Guatemala est¨¢n en ¡°primera l¨ªnea de fuego¡±

Llueve sobre mojado en Guatemala. Un Estado culpable de cometer genocidio contra sus comunidades ind¨ªgenas durante la guerra civil (1960-1996), seg¨²n la Comisi¨®n para el Esclarecimiento Hist¨®rico, parece no haber aprendido de los errores del pasado. Los pueblos ind¨ªgenas son criminalizados, desalojados y desplazados de sus tierras; despojados de sus recursos; empobrecidos dr¨¢sticamente; v¨ªctimas de la ¡°violencia de ge?nero y sexual, explotacio?n laboral y violaciones al derecho de nin?ez y al derecho a la educacio?n¡±, el hambre, la sed y la falta de acceso a la justicia; abandonados por un Gobierno ¡°incapaz de impedir el uso de la fuerza y la violencia ilegi?tima¡± contra ellos. Una retah¨ªla interminable de atentados a los derechos humanos recogidos en un informe presentado este viernes por Independent Delegation of International Lawyers (IDIL), una organizaci¨®n de abogados de todo el mundo.

Los juristas independientes han concluido tras una investigaci¨®n en las tierras de Alta Verapaz, en el centro del pa¨ªs, que la naci¨®n centroamericana criminaliza y comete ¡°fallas sist¨¦micas en la proteccio?n de los derechos indi?genas¡±. Las ¡°defensoras y defensores indi?genas de la tierra est¨¢n en la li?nea de fuego tras oponerse a proyectos extractivos y desarrollos agri?colas insostenibles¡±. IDIL ha exigido ¡°medidas urgentes¡± de protecci¨®n y expresado su ¡°grave preocupacio?n por el impacto de los violentos desalojos forzosos en Guatemala¡±. Los expertos en derechos humanos instan a la necesidad de garantizar el acceso a la justicia. ¡°La criminalizacio?n generalizada de las personas defensoras de derechos humanos es un obsta?culo para garantizar la rendicio?n de cuentas y el Estado de Derecho¡±, contin¨²a el comunicado.

Un grupo de abogados de la organizaci¨®n se reuni¨® con distintas ¡°comunidades y organizaciones indi?genas, incluidos miembros de comunidades encarcelados, actores de la sociedad civil, abogadas y abogados que representan a comunidades afectadas y representantes del Gobierno con el fin de comprender las causas estructurales de la violencia rural¡±. El viaje fue motivado por ¡°los recientes informes de la ONU y de la sociedad civil sobre desalojos violentos, abusos contra los derechos humanos y amenazas al Estado de Derecho¡±, se lee en el comunicado.

Este mismo jueves, Volker T¨¹rk, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunci¨® su ¡°alarmante preocupaci¨®n¡± por la ¡°erosi¨®n del Estado de Derecho en Guatemala¡±. T¨¹rk sostuvo que los funcionarios de justicia del pa¨ªs, ¡°entre ellos los que trabajaron o cooperaron con la Comisi¨®n Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, siguen enfrent¨¢ndose a actos de intimidaci¨®n, acoso y criminalizaci¨®n¡±. Numerosos abogados, fiscales y activistas se han visto obligado a exiliarse en los ¨²ltimos tiempos debido a persecuciones pol¨ªticas.

El pa¨ªs encara el pr¨®ximo junio elecciones presidenciales marcadas por la corrupci¨®n y la criminalizaci¨®n de los partidos de izquierda, cr¨ªticos con el actual Gobierno y respaldados por miles de campesinos e ind¨ªgenas. La justicia ha llegado a excluir de la carrera por el Gobierno a varios opositores en un gesto que, seg¨²n analistas, puede suponer la consolidaci¨®n de una autocracia.

¡°Guatemala necesita urgentemente iniciar una revisio?n holi?stica de sus leyes y pra?cticas en favor de sus pueblos indi?genas, defendiendo su derecho al territorio para rescatar su identidad cultural y preservar sus conocimientos tradicionales¡±, ha asegurado Silvana Baldovino, jurista peruana experta en derechos indi?genas, en el informe de IDIL.

¡°Las comunidades indi?genas de Guatemala se enfrentan al menosprecio de los derechos territoriales comunales, a una distribucio?n desigual de la tierra, al racismo, a la violencia y a una clara falta de acceso a la justicia¡±, ha a?adido Camila Zapata Besso, experta en derechos humanos del Reino Unido. Daniel Cerqueira, especialista brasilen?o en derecho internacional, ha reiterado que ¡°la comunidad internacional y las empresas con inversiones en Guatemala deben estar atentas a los retrocesos legislativos y a la criminalizacio?n de las comunidades indi?genas que reclaman su derecho a vivir en sus territorios ancestrales¡±.

Para la organizaci¨®n internacional, la comunidad ind¨ªgena y los defensores de los derechos humanos que ¡°hacen valor sus derechos¡± corren un especial peligro en Guatemala. Existe una ¡°falta de reconocimiento legal, institucional y pra?ctico de sus derechos colectivos, incluido el derecho a decidir sobre el uso de sus tierras y recursos¡±. Hay tambi¨¦n un ¡°dra?stico aumento de la pobreza, relacionado con el debilitamiento de la soberani?a alimentaria y el acceso limitado al agua y los recursos naturales¡±, y ¡°problemas en la cadena de suministro llevada a cabo por empresas nacionales y multinacionales que hacen negocios en determinadas zonas, y con contrapartes guatemaltecas presuntamente implicadas en conflictos agrarios¡±.

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