La justicia de EE UU acuerda pagar 144,5 millones de d¨®lares a las v¨ªctimas de un tiroteo masivo en Texas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha aceptado este mi¨¦rcoles pagar 144,5 millones de d¨®lares (unos 132,6 millones de euros) a las familias de las 26 v¨ªctimas mortales de un tiroteo ocurrido en 2017 en una iglesia del Estado de Texas, para zanjar un proceso por negligencia. M¨¢s de 75 supervivientes del tiroteo, que dej¨® tambi¨¦n 22 heridos, hab¨ªan denunciado por lo civil al Gobierno federal, acus¨¢ndole de no haber impedido que el autor de la masacre comprara el arma pese a las demostradas se?ales de alerta sobre su peligrosidad.

El acuerdo, pendiente a¨²n de ser sancionado por un tribunal, puede sentar un nuevo precedente en un pa¨ªs donde la violencia armada tiene caracter¨ªsticas end¨¦micas. La laxa regulaci¨®n existente en el acceso a las armas en algunos Estados permite casos como el de la tiradora que hace 10 d¨ªas mat¨® a seis personas en una escuela de Nashville, tres de ellas menores, con armas que hab¨ªa comprado legalmente.

El acuerdo anunciado este mi¨¦rcoles por el Departamento de Justicia pretende dar por concluida una agria batalla legal entre la Administraci¨®n y los supervivientes. ¡°El anuncio de hoy pone fin al litigio y a un cap¨ªtulo doloroso para las v¨ªctimas¡±, ha declarado Vanita Gupta, fiscal general adjunta. La indemnizaci¨®n es de las m¨¢s cuantiosas en este tipo de casos, por encima de las aprobadas anteriormente para zanjar procesos por la incapacidad o negligencia del Gobierno a la hora de compartir informaci¨®n que podr¨ªa haberse utilizado para prevenir sucesos semejantes.

Los antecedentes de Devin Kelley, el asaltante, deber¨ªan haber bastado para activar las alertas, y de hecho lo hicieron, pero fall¨® la cadena de transmisi¨®n entre Administraciones. Exmilitar de 26 a?os, hab¨ªa sido condenado en 2012 por un tribunal castrense por violencia dom¨¦stica contra su esposa y el hijo de esta. Cuando serv¨ªa en el Ej¨¦rcito, Kelley estuvo internado en una cl¨ªnica psiqui¨¢trica tras amenazar de muerte a sus superiores. La ley federal estadounidense proh¨ªbe que las personas condenadas por violencia dom¨¦stica adquieran armas de fuego, pero los mandos militares no trasladaron el expediente de Kelley a la polic¨ªa federal, la autoridad competente para verificar los antecedentes penales. La verificaci¨®n es una condici¨®n obligatoria para la compra de armas.

Armado con un rifle de asalto tipo AR-15, un armamento de combate, Kelley irrumpi¨® durante la misa en una iglesia de la peque?a localidad de Sutherland Springs, en Texas, el domingo 5 de noviembre de 2017, abriendo fuego contra los fieles que asist¨ªan al oficio, ni?os incluidos.

Un tribunal federal determin¨® en 2021 que el Gobierno podr¨ªa ser parcialmente responsable de esa matanza y le orden¨® pagar a los demandantes 230 millones de d¨®lares. El Departamento de Justicia apel¨® la sentencia, al considerar que no era responsable por no haber actualizado el sistema nacional de verificaci¨®n de antecedentes de armas de fuego. La apelaci¨®n irrit¨® a las familias, a sus abogados y a los grupos de control de armas, que consideraron el caso como una prueba crucial del compromiso de la Administraci¨®n del presidente Joe Biden con el control de armas.

¡°Las familias de Sutherland Springs son h¨¦roes¡±, ha dicho Jamal K. Alsaffar, abogado principal de las familias. ¡°Han pasado por tanto dolor y p¨¦rdida de la forma m¨¢s horrible. Pero a pesar de ello, han luchado por la justicia y ganado dos juicios contra el Gobierno federal.¡±

De Parkland a Charleston

No es el primer caso de indemnizaci¨®n pagada por el Gobierno federal a las v¨ªctimas de un tiroteo, pero s¨ª el m¨¢s notable. El a?o pasado, Washington acept¨® desembolsar 127,5 millones de d¨®lares en concepto de indemnizaci¨®n a las v¨ªctimas del tiroteo en un colegio de Parkland, en Florida (sureste), para poner fin a 40 denuncias que acusaban al FBI de no dar seguimiento a los informes de dos fuentes que en su d¨ªa alertaron sobre la peligrosidad del autor de la masacre, un conflictivo exalumno del centro que mat¨® 17 personas.

Un a?o antes, el Departamento de Justicia hab¨ªa aceptado pagar 88 millones de d¨®lares a los familiares de nueve afroamericanos asesinados en 2015 por un supremacista blanco en una iglesia de Charleston (Carolina del Sur), as¨ª como a los supervivientes del drama, poniendo fin a otra demanda similar.

La Administraci¨®n de Joe Biden ha intentado repetidamente prohibir la venta de fusiles de asalto y regular de forma mucho m¨¢s estricta el acceso a las armas, a la contra del conservador Tribunal Supremo, que en junio pasado consagr¨® el derecho a llevar armas de fuego en la calle sin necesidad de demostrar una causa justificada. Un fallo que fue un jarro de agua fr¨ªa para los partidarios de un mayor control. Pese a la orientaci¨®n del Supremo y la presi¨®n del poderoso lobby proarmas, los intentos de Biden se vieron reflejados en la primera legislaci¨®n bipartidista en d¨¦cadas, un paso importante, pero modesto en comparaci¨®n con sus pretensiones.

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