El r¨¦gimen de Ortega y Murillo suspende de por vida a 25 abogados opositores, entre ellos el escritor Sergio Ram¨ªrez

El mismo d¨ªa que el Gobierno de Espa?a inici¨® a otorgar nacionalidades a los primeros 14 de 317 nicarag¨¹enses declarados ap¨¢tridas, Daniel Ortega y Rosario Murillo aceleraron su engranaje represivo, en espec¨ªfico el del poder judicial: los t¨ªtulos de 25 abogados opositores quedaron anulados de un tajo, entre los que sobresalen el escritor Sergio Ram¨ªrez Mercado, la defensora de derechos humanos Vilma N¨²?ez y hasta el padrino de bodas de la pareja presidencial, el exmagistrado Rafael Sol¨ªs, uno de los desertores de mayor calado del r¨¦gimen.

El combo de juristas inhabilitados ya hab¨ªan sido condenados en ausencia previamente por delitos pol¨ªticos, como ¡°traici¨®n a la patria¡±, y tambi¨¦n los Ortega-Murillo los hab¨ªan despojado de su nacionalidad nicarag¨¹ense, confiscado y exiliado. Quince de los 25 afectados son parte de los 222 presos pol¨ªticos que fueron desterrados a Estados Unidos en febrero pasado.

El poder judicial emiti¨® este 11 de mayo dos resoluciones en las que se invoca al Consejo Nacional de Administraci¨®n y Carrera Judicial y su ¡°competencia para organizar y dirigir el procedimiento de incorporaci¨®n y otorgamiento de los t¨ªtulos de abogados y notarios p¨²blicos, as¨ª como, autorizar y suspender el ejercicio de la profesi¨®n¡± por ser traidores a la patria y haber sido desnacionalizados. La suspensi¨®n de estos abogados sucede dos d¨ªas despu¨¦s que la justicia sandinista impusiera la misma medida con la defensora de presos pol¨ªticos Yonarqui Mart¨ªnez, lo que inaugura una nueva t¨®nica represiva ejecutada por la justicia sometida al dictado de la pareja presidencial.

El abogado H¨¦ctor Mairena, uno de los despojados del t¨ªtulo de abogado, dijo a EL PA?S que la decisi¨®n demuestra sa?a. ¡°Evidencia la voluntad del r¨¦gimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de aniquilarnos civilmente. Ya fuimos aniquilados econ¨®micamente cuando nos quitaron las pensiones a varios de los que ¨¦ramos jubilados¡­ y ahora nos quieren aniquilar profesionalmente¡±, sostuvo.

Mairena, miembro del movimiento UNAMOS (antes Movimiento Renovador Sandinista), indic¨® que el ¡°men¨² de la dictadura es variado pero tambi¨¦n demuestra que se est¨¢ agotando¡±. Seg¨²n ¨¦l, dentro del ¡°men¨² de la represi¨®n se encuentra la c¨¢rcel, el exilio y ahora este despojo de la profesi¨®n¡±.

El poder judicial sostiene que ¡°se les impusieron las penas accesorias de inhabilitaci¨®n absoluta y especial para ejercer cargos p¨²blicos, ejercer la funci¨®n p¨²blica en nombre y al servicio del Estado de Nicaragua, as¨ª como, ejercer cargos de elecci¨®n popular y la p¨¦rdida de sus derechos ciudadanos de forma perpet¨²a, asimismo, la p¨¦rdida de la nacionalidad nicarag¨¹ense, consecuentemente, de conformidad con el ordenamiento jur¨ªdico nicarag¨¹ense y normativas que rigen la profesi¨®n de abogado y notario p¨²blico, estas personas no pueden ostentar el t¨ªtulo, ni ejercer la profesi¨®n de abogado y notario p¨²blico, ya que perdieron el derecho de ejercer dicha profesi¨®n, en virtud de haber perdido la nacionalidad nicarag¨¹ense [sic]¡±.

En la segunda resoluci¨®n, el poder judicial inhabilita a Uriel Pineda; al escritor Sergio Ram¨ªrez; al exmagistrado Rafael Enrique Sol¨ªs; a la ambientalista M¨®nica L¨®pez Baltodano; al activista H¨¦ctor Ernesto Mairena; al defensor de los derechos humanos Gonzalo Carri¨®n; al exdiputado Eliseo N¨²?ez; a Manuel Jacinto D¨ªaz Morales; a ?lvaro Leiva S¨¢nchez y, por ¨²ltimo, a la presidenta del Centro Nicarag¨¹ense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma N¨²?ez Ruiz de Escorcia.

Los abogados de esta segunda resoluci¨®n est¨¢n exiliados, condenados y forman parte del grupo de los 94 desnacionalizados, sin embargo, han mantenido desde 2018 la denuncia contra las tropel¨ªas y violaciones a los derechos humanos cometidas por los Ortega-Murillo. ¡°Tengo m¨¢s de 30 a?os de ser defensor de derechos humanos y por repudiar los abusos cometidos con m¨¢s fuerza desde 2018 es que nos pasan la cuenta. Es una venganza, es un castigo. Sin embargo, desde el exilio seguimos comprometidos con la lucha de los derechos humanos de los nicarag¨¹enses. El objetivo es llevar el terror hacia afuera de Nicaragua. Por eso nos despojan de la nacionalidad y ahora nos arrebatan el t¨ªtulo¡±, denunci¨® el defensor de derechos humanos Gonzalo Carri¨®n.

A pesar de que es del conocimiento p¨²blico que la mayor¨ªa de estos abogados est¨¢n exiliados y desterrados, el poder judicial ¡°les previene que deber¨¢n enviar a la Secretar¨ªa de la Corte Suprema de Justicia, en el t¨¦rmino de veinticuatro (24) horas, bajo apercibimiento de ley, si no lo hicieren, los t¨ªtulos de abogados y notarios p¨²blicos, los protocolos respectivos, el sello y el carn¨¦ de abogado y notario p¨²blico¡±.

El exdiputado Eliseo N¨²?ez, otro de los afectados por la resoluci¨®n, calific¨® este hecho como ¡°abusivo¡± porque se basan en una sentencia ilegal, en la que ninguno de los abogados tuvieron derecho a la defensa. ¡°Es lo que le ha sucedido a todos los nicarag¨¹enses y que es violatorio del debido proceso¡±, enfatiz¨®.

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