La carta de los dem¨®cratas de EE UU que presiona a Boluarte por las violaciones de derechos humanos en Per¨²
Un escrito de 15 congresistas a Antony Blinken, al que ha tenido acceso en exclusiva EL PA?S, expresa ¡°serias preocupaciones sobre las amenazas a los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho¡±
El jueves, mientras la presidenta de la Rep¨²blica Dina Boluarte ultimaba detalles de su discurso por el 28 de julio, fecha en la que se conmemora la independencia del Per¨², un grupo de quince congresistas dem¨®cratas de Estados Unidos le enviaron una carta al secretario de Estado Antony Blinken, la m¨¢xima autoridad de pol¨ªtica exterior del gigante norteamericano. El prop¨®sito era alertarlo de lo que sucede en Per¨², un pa¨ªs sumido en una convulsi¨®n social desde que Boluarte se cruz¨® la banda presidencial en diciembre pasado tras el fracaso de Autogolpe de Estado de Pedro Castillo.
EL PA?S ha tenido acceso al documento, encabezado por Joaqu¨ªn Castro (Texas) y Sydney Kamlager-Dove (California), dem¨®cratas del m¨¢s alto rango en el Subcomit¨¦ de Asuntos Exteriores del Hemisferio Occidental de la C¨¢mara de Representantes. El punto principal de la carta es ¡°la falta de rendici¨®n de cuentas de las fuerzas de seguridad peruanas, responsables del uso desproporcionado y letal de la fuerza en contra de los manifestantes en los ¨²ltimos meses que refleja la corrupci¨®n y la impunidad subyacentes que han socavado la democracia del Per¨² y contribuido a la desilusi¨®n pol¨ªtica generalizada¡±. Entre diciembre y febrero, los meses m¨¢s ¨¢lgidos de las movilizaciones, fallecieron 49 civiles debido a la represi¨®n militar y policial, otros 11 civiles murieron por el bloqueo de carreteras y siete militares y un polic¨ªa perdieron la vida en el contexto del conflicto. Las protestas se han reactivado desde el 19 de julio.
Los representantes de la C¨¢mara consideran que, dada su profunda relaci¨®n bilateral, ¡°Estados Unidos tiene la responsabilidad de trabajar activamente con los l¨ªderes y la sociedad civil de Per¨² para garantizar que los responsables de las violaciones de derechos humanos rindan cuentas y as¨ª apoyar un proceso de reconciliaci¨®n pol¨ªtica¡±. No hacerlo ser¨ªa ¡°un punto de inflexi¨®n en la historia democr¨¢tica del Per¨² y solo exacerbar¨¢ la inseguridad en la regi¨®n, alentar¨¢ a los actores no democr¨¢ticos y aumentar¨¢ la migraci¨®n irregular¡±.
En la carta ¡ªque tambi¨¦n ha sido remitida a la embajadora de los Estados Unidos en Per¨², Lisa Kenna¡ª enfatizan que el grueso de manifestantes ¡°eran personas ind¨ªgenas y rurales de regiones marginadas que enfrentan las tasas m¨¢s altas de pobreza, discriminaci¨®n y poseen un menor acceso a los servicios p¨²blicos¡±. Denuncian que a pesar de que la Defensor¨ªa del Pueblo describi¨® que la mayor¨ªa de los manifestantes eran pac¨ªficos, ¡°los funcionarios peruanos insinuaron que eran delincuentes y terroristas¡±.
Los parlamentarios en el documento han hecho un listado de seis medidas que le solicitan al Departamento de Estado, el ¨®rgano responsable de las relaciones internacionales y la pol¨ªtica exterior. El m¨¢s dr¨¢stico consiste en ¡°coordinar con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para suspender temporalmente los ejercicios conjuntos o la cooperaci¨®n con unidades de las fuerzas de seguridad peruanas, presuntamente responsables de violaciones de derechos humanos, as¨ª como realizar una investigaci¨®n sobre si dichas unidades recibieron asistencia de seguridad de parte de los Estados Unidos¡±. De comprobarse, exigen que ¡°se restrinja la asistencia adicional¡±.
Tambi¨¦n instan al establecimiento de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en Per¨² para brindar asistencia legal y t¨¦cnica para esclarecer los asesinatos, una recomendaci¨®n que ya hizo la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A su vez piden que se brinde apoyo a la Fiscal¨ªa de Per¨² para ¡°garantizar investigaciones exhaustivas, r¨¢pidas e imparciales¡±. Les causa preocupaci¨®n que el cabo de varios meses ¡°el Gobierno peruano a¨²n no haya tomado medidas significativas para responsabilizar a los perpetradores de estos abusos¡±.
Desde el despacho del congresista Joaqu¨ªn Castro (Texas) relatan a EL PA?S que ¡°no ha habido una actualizaci¨®n p¨²blica sobre qu¨¦ evidencia se ha recopilado o qui¨¦n est¨¢ siendo investigado y los miembros de la sociedad civil han expresado serias preocupaciones sobre la falta de transparencia y urgencia en el proceso¡±. ¡°Un informe de Amnist¨ªa Internacional encontr¨® que los responsables de la toma de decisiones en los niveles m¨¢s altos tambi¨¦n intentaron activamente ocultar las armas que se utilizaron para matar a los manifestantes¡±, contin¨²an.
En otro fragmento de la carta se enumera una serie de hechos que involucran al Congreso peruano, una instituci¨®n cuya desaprobaci¨®n suele rondar el 90% en las encuestas. Denuncian la salida de la Defensora del Pueblo interina, Eliana Revollar a modo de represalia por haberse mostrado en contra de la ¡°villanizaci¨®n hacia de los manifestantes de parte del gobierno¡± para elegir en su lugar a Jos¨¦ Guti¨¦rrez, un excongresista ¡°sin experiencia ni conocimientos en derechos humanos¡±. Tambi¨¦n dejan constancia de su rechazo por el ¡°reemplazo de seis de los siete miembros del Tribunal Constitucional en un proceso que careci¨® de transparencia y criterios claros para la selecci¨®n de candidatos¡±.
Adem¨¢s de Joaqu¨ªn Castro (Texas) y Sydney Kamlager-Dove (California), firman la moci¨®n Nanette D¨ªaz-Barrag¨¢n (California), presidenta del Caucus Hispano del Congreso; Raul M. Grijalva (Arizona), miembro del Comit¨¦ de Recursos Naturales; Jim McGovern (Massachusetts), integrante del Comit¨¦ de Reglas; Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York), del Caucus Hispano. Completan la lista Cori Bush (Misuri), Lloyd Doggett (Texas), Adriano Espaillat (Nueva York), Chuy Garc¨ªa (Illinois), Hank Johnson (Georgia), Eleanor Holmes-Norton (Distrito de Columbia), Jan Schakowsky (Illinois), Melanie Stansbury (Nuevo M¨¦xico) y Juan Vargas (California).
En suma, los quince firmantes expresan ¡°serias preocupaciones sobre las crecientes amenazas a los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en el Per¨²¡± y ¡°esperan que la administraci¨®n del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, vea el imperativo urgente de apoyar al pueblo peruano durante este momento crucial¡±.
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