El Supremo de Estados Unidos se muestra dividido sobre el delito de obstrucci¨®n en el asalto al Capitolio

El nombre de Donald Trump no se ha pronunciado este martes en la monumental sala de vistas del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Sin embargo, su presencia podr¨ªa intuirse tras las imponentes columnas. Los jueces discut¨ªan la validez de aplicar el delito de obstrucci¨®n de un procedimiento oficial por el asalto al Capitolio. El acto oficial interrumpido fue la certificaci¨®n de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Los jueces se han mostrado divididos sobre la interpretaci¨®n de la norma. Sin embargo, las voces m¨¢s esc¨¦pticas han sido las de los magistrados conservadores, que tienen una mayor¨ªa de seis a tres, as¨ª que la sentencia puede acabar beneficiando a Trump. Dos de los cuatro delitos que se imputan a Trump en el juicio de Washington por interferencia en el resultado electoral tienen que ver con ese delito.

La vista de argumentos orales es un combate de esgrima dial¨¦ctica en que los nueve magistrados del Supremo interrogan o rebaten a los abogados de las partes. Los jueces llegan con el caso estudiado y de sus preguntas se deduce con frecuencia ¡ªaunque no siempre¡ª cu¨¢l es su opini¨®n al respecto. El Tribunal debate luego a puerta cerrada y redacta la sentencia y los votos particulares, concurrentes o discrepantes, que los magistrados consideren.

En la sesi¨®n de este martes, se estudiaba un recurso de Joseph Fischer, un imputado por participar en el asalto al Capitolio por varios cargos. El que se analizaba era el de obstrucci¨®n de un procedimiento oficial. Los jueces conservadores han cuestionado que un art¨ªculo que se redact¨® dentro de una ley prevista para castigar la destrucci¨®n de pruebas en delitos financieros se pueda aplicar a lo que han llamado ¡°protestas¡± pol¨ªticas. Consideran que abrir esa puerta supone conceder patente de corso a la Fiscal¨ªa para perseguir las protestas que considere. Algunos daban a entender, adem¨¢s, que esa norma no se hab¨ªa aplicado hasta ahora con ese sentido.

¡°Por todas las protestas que se han producido en este tribunal, el Departamento de Justicia no ha imputado ning¨²n delito grave¡±, ha se?alado el juez Samuel Alito, que junto a Clarence Thomas est¨¢ en el extremo conservador de la sala. Thomas le ha secundado con preguntas similares: ¡°Ha habido muchas protestas violentas que han interferido en los procedimientos. ?Ha aplicado el Gobierno esta disposici¨®n a otras protestas en el pasado? Y ?ha sido esta la postura del Gobierno a lo largo de la vida del art¨ªculo?¡±.

La abogada del Estado, Elizabeth Prelogar, ha contestado: ¡°La hemos aplicado en una serie de procesos que no se centran en la manipulaci¨®n de pruebas. Ahora bien, no puedo darle un ejemplo de aplicaci¨®n en una situaci¨®n en la que la gente haya irrumpido violentamente en un edificio para impedir que se lleve a cabo un procedimiento oficial, uno espec¨ªfico, con todos los elementos (¡­). Pero eso es solo porque no me consta que esa circunstancia se diera antes del 6 de enero¡±, la fecha de 2021 en que se produjo el asalto al Capitolio.

Neil Gorsuch, tambi¨¦n conservador, tambi¨¦n ha mostrado su escepticismo al respecto: ¡°?Se aplicar¨ªa [el art¨ªculo] a una sentada que interrumpe un juicio o el acceso a un tribunal federal? ?Se aplicar¨ªa a un abucheador en la vista de hoy o en el discurso del Estado de la Uni¨®n? ?Tirar de la alarma de incendios antes de una votaci¨®n dar¨ªa lugar a 20 a?os de prisi¨®n federal?¡±. Esa ¨²ltima pregunta conten¨ªa una carga de profundidad. Los 20 a?os son la pena m¨¢xima prevista en el art¨ªculo y la activaci¨®n de la alarma de incendios es algo que hizo el congresista dem¨®crata Jamaal Bowman en medio del caos que se apoder¨® de la C¨¢mara de Representantes hace unos meses. Finalmente, se declar¨® culpable de una falta y acept¨® una multa de 1.000 d¨®lares.

Interpretaci¨®n literal

La redacci¨®n del art¨ªculo parece cubrir la interrupci¨®n de un procedimiento como la certificaci¨®n de la victoria de Biden, pero el lugar donde se encuentra, entre normas destinadas a evitar la destrucci¨®n de pruebas, lleva a dudar del esp¨ªritu con que se regul¨®. Las magistradas progresistas se han atenido a la letra de la ley. La jueza Elena Kagan ha subrayado que el texto no dice que se condene a alguien que ¡°de otro modo estropee las pruebas¡± sino a alguien ¡°que de otro modo obstruya un procedimiento¡±.

Elizabeth Prelogar tambi¨¦n se ha atenido a la letra de la norma. ¡°En lenguaje llano, el error fundamental cometido por muchos de los alborotadores, incluidos los peticionarios, fue el intento deliberado de impedir que el Congreso certificara los resultados de las elecciones. Es decir, obstruyeron la labor del Congreso en ese procedimiento oficial¡±, perturbando el traspaso pac¨ªfico del poder, ha argumentado la abogada del Estado.

En cambio, Jeffrey Green, el letrado del acusado, ha rechazado la interpretaci¨®n literal: ¡°Los procesamientos del 6 de enero demuestran que hay una serie de delitos graves y menores que abarcan la conducta alegada. Un estatuto de manipulaci¨®n de pruebas basado en la ley Sarbanes-Oxley e impulsado por Enron no es uno de ellos¡±.

Cuando Green ha dicho que no entiende c¨®mo el Departamento de Justicia puede pedir que se ampl¨ªe el alcance del art¨ªculo que trata la obstrucci¨®n de un procedimiento oficial para ¡°cubrir algo que nunca ha cubierto antes¡±, la jueza Sonia Sotomayor le ha replicado que tampoco el asalto al Capitolio ten¨ªa precedentes. ¡°Nunca antes hab¨ªamos tenido una situaci¨®n (¡­) con personas que intentaran detener un procedimiento de forma violenta¡±, ha dicho.

Sotomayor ha usado una analog¨ªa con un cartel colocado en un teatro que dijese: ¡°Ser¨¢ expulsado del teatro si fotograf¨ªa o graba a los actores, o interrumpe de cualquier otra forma la representaci¨®n¡±. ¡°Si te pones a gritar, creo que nadie cuestionar¨ªa que te pudieran echar en virtud de esta pol¨ªtica, aunque gritar no tenga nada que ver con fotografiar o grabar¡±, argument¨®.

En el medio quedan algunos de los jueces conservadores moderados, que no han dado tantas pistas sobre su posici¨®n. La sentencia del caso se espera para junio.

El delito en cuesti¨®n est¨¢ regulado en el c¨®digo penal estadounidense en el art¨ªculo 1512 del US Code 18, que indica en su letra (c)(2) que ¡°quien de manera corrupta obstruya, influya o impida cualquier procedimiento oficial, o intente hacerlo, ser¨¢ multado conforme a este t¨ªtulo o encarcelado no m¨¢s de 20 a?os, o ambas cosas¡±. Sin embargo, el titular de esa disposici¨®n es: ¡°Interferencia sobre un testigo, una v¨ªctima o un informante¡±. Ese art¨ªculo se aprob¨® como parte de la ley Sarbanes-Oxley de 2002, dirigida a perseguir delitos de cuello blanco. En el original en ingl¨¦s, adem¨¢s, hay varias palabras que dejan margen de interpretaci¨®n.

En el caso de Washington contra Donald Trump por intentar alterar el resultado electoral de las elecciones de 2020, el fiscal lo acusa de cuatro delitos: conspiraci¨®n para defraudar al Gobierno estadounidense, conspiraci¨®n para obstruir un procedimiento oficial, obstrucci¨®n o intento de obstrucci¨®n de un procedimiento oficial y conspiraci¨®n para violar derechos civiles. El segundo y el tercer delito pueden depender de lo que diga el Supremo en este caso. Un fallo que desestime la acusaci¨®n contra Fischer podr¨ªa complicar, aunque no imposibilitar, que prosperen esas dos acusaciones contra Trump.

La sentencia del caso Fischer afectar¨¢ a decenas de condenados por el asalto al Capitolio. Al menos 353 acusados han sido imputados por obstruir, influir o impedir de forma corrupta un procedimiento oficial, o por intentarlo, seg¨²n un recuento reciente del Departamento de Justicia. Es una de las figuras penales m¨¢s utilizadas para perseguir a los que asaltaron el Capitolio.

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