El ¡®Gran Hermano¡¯ de la UE en los campos de refugiados en Grecia: c¨¢maras con inteligencia artificial, concertinas y normas draconianas

Cientos de refugiados palestinos y sirios iniciaron una protesta en octubre de 2023 por la guerra de Gaza, que entonces viv¨ªa sus primeros d¨ªas, en el campo de refugiados de Samos, en Grecia. En una escena similar a la de una pel¨ªcula de ciencia ficci¨®n, las c¨¢maras de seguridad del recinto, dotadas de un sistema de inteligencia artificial que interpreta alteraciones del orden, lanzaron una alerta de seguridad a un centro de control situado en Atenas y a otro en el propio campo. Un dron, tambi¨¦n equipado con inteligencia artificial, sobrevol¨® a los manifestantes y envi¨® en directo las im¨¢genes a Atenas. Inmediatamente, varias compuertas del campo se cerraron para impedir el avance de los manifestantes, que quedaron bloqueados. Ni siquiera hizo falta que interviniera la polic¨ªa.

¡°Las c¨¢maras tienen un algoritmo de inteligencia artificial que les permite centrarse en donde se produce una alteraci¨®n y env¨ªan alertas tanto al Ministerio de Migraci¨®n como la sala de monitoreo del campo,¡± declar¨® entonces un funcionario de ese departamento que prefiri¨® no revelar su identidad.

Los campos de refugiados de Samos, Kos y Leros fueron inaugurados en 2021 gracias a la financiaci¨®n de la UE, y han recibido alabanzas de la Comisi¨®n Europea y el Gobierno griego por su sofisticaci¨®n tecnol¨®gica. Cuentan con un doble vallado con concertinas que cumplen el est¨¢ndar de la OTAN y un entramado de c¨¢maras que vigilan cada cent¨ªmetro del mismo. Su nombre oficial es Centros de Acceso Cerrado y Controlado (CCAC por sus siglas en ingl¨¦s). Las autoridades sostienen que dicha tecnolog¨ªa ofrece seguridad a los solicitantes de asilo y ya no hay incidentes violentos, lo que contrasta con la peligrosidad que sufr¨ªan antes los campos de refugiados.

Este argumento obvia que la continua vigilancia a estas personas no solo viola su derecho a la privacidad, sino que infringe otros derechos fundamentales y las propia legislaci¨®n europea sobre protecci¨®n de datos. Los residentes deben atenerse, adem¨¢s, a normas internas draconianas que, de ser infringidas, llegan hasta a la suspensi¨®n de la entrega de alimentos o la expulsi¨®n del campo, lo que conlleva la interrupci¨®n del procedimiento de asilo, seg¨²n revela una investigaci¨®n internacional en la que ha participado EL PA?S junto a los medios Solomon, Tagesspiegel, Inkstick y Wochenzeitung. Este trabajo ha examinado en nueve pa¨ªses inteligencias artificiales y tecnolog¨ªas de vigilancia automatizada en las fronteras exteriores y en los campos de refugiados y ha entrevistado a responsables pol¨ªticos, polic¨ªas, refugiados, informadores an¨®nimos y defensores de los derechos humanos, ademas de en la revisi¨®n de miles de p¨¢ginas de documentos, p¨²blicos y confidenciales.

Estos CCAC se establecieron como respuesta a la crisis de refugiados que estall¨® en marzo de 2020. En febrero de ese a?o, el campo de Moria, en Lesbos, lleg¨® a albergar a 20.000 personas, mientras que el de Samos contaba con 7.500. Estas cifras se acercaban al total de la poblaci¨®n de las respectivas capitales de ambas islas: Mitilene y Vathi.

El hacinamiento extremo en los campos fue consecuencia de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis tras su victoria electoral en julio de 2019, cuando decidi¨® detener los traslados masivos de refugiados desde los campos de las islas hacia el continente. Como resultado, la poblaci¨®n de los campos insulares se dispar¨® a cifras sin precedentes, superando las 42.000 personas, lo que provoc¨® protestas, una huelga general de dos d¨ªas y disturbios liderados por grupos de extrema derecha.

El Ejecutivo de Mitsotakis respondi¨® con dos pol¨ªticas que han definido su gesti¨®n: la generalizaci¨®n de las devoluciones en caliente, con el objetivo de reducir al m¨¢ximo las llegadas a las islas, y la construcci¨®n de nuevos campos de refugiados alejados de los n¨²cleos urbanos y equipados con estrictas medidas de seguridad para restringir los movimientos de sus residentes.

En estos nuevos campos operan dos sistemas de inteligencia artificial, financiados por la Uni¨®n Europea: Centauro e Hiperi¨®n. El primero cuenta con c¨¢maras, sensores y algoritmos que detectan supuestas amenazas a la seguridad de las que alerta a las autoridades. Hiperi¨®n es el sistema que regula las entradas y salidas del campo mediante datos biom¨¦tricos.

Esta investigaci¨®n incluy¨® entrevistas con cuatro personas que trabajan en distintas ¨¢reas del campo de Samos. Todas coincidieron en describirlo como un entorno de estricta vigilancia. Una de ellas record¨® que, durante una reuni¨®n de trabajo, el director coment¨®: ¡°Tenemos ojos en todas partes¡±.

Los residentes deben cumplir con un toque de queda a las nueve de la noche. Quienes no regresan a su sector asignado a esa hora se enfrentan a dos opciones: si est¨¢n fuera del recinto, deben permanecer fuera hasta el d¨ªa siguiente; si est¨¢n dentro pero en un sector distinto, quedan bloqueados en ¨¦l hasta que la ma?ana siguiente se levantan las restricciones. El manual de funcionamiento interno, al que esta investigaci¨®n tuvo acceso, establece sanciones para quienes incumplan las normas. Estas van desde una simple amonestaci¨®n, pasando por la suspensi¨®n de la entrega de alimentos y otros suministros b¨¢sicos, hasta la expulsi¨®n del campamento, lo que conlleva la interrupci¨®n del procedimiento de asilo.

Los solicitantes de asilo del campo no son, adem¨¢s, informados sobre esta vigilancia extrema. No hay carteles que indiquen la existencia de c¨¢maras, ni se les da ninguna explicaci¨®n sobre el prop¨®sito, la base legal o el destino de los datos que se recopilan. Los solicitantes de protecci¨®n internacional entrevistados durante esta investigaci¨®n en Samos no eran conscientes de la vulneraci¨®n de su derecho a la privacidad porque desconoc¨ªan que estaban siendo vigilados.

En abril de 2024, la Autoridad de Protecci¨®n de Datos (DPA) de Grecia impuso una multa r¨¦cord de 175.000 euros al Ministerio de Migraci¨®n por ¡°graves deficiencias¡± en el cumplimiento de las normas de protecci¨®n de datos. El Gobierno respondi¨® entonces con alegaciones que a¨²n no han sido resueltas.

Christos Kalloniatis, profesor de la Universidad del Egeo y miembro de la junta de la DPA, sostiene que es ¡°problem¨¢tico¡± que los solicitantes de asilo, que se encuentran en una clara situaci¨®n de desequilibrio de poder, no est¨¦n suficientemente informados sobre sus derechos, de lo que ocurre con sus datos, de qui¨¦n tiene acceso a ellos. Tambi¨¦n que no se les pida consentimiento para ello.

Sin control judicial

Esta investigaci¨®n ha constatado ¡ªmediante entrevistas a agentes de seguridad y migrantes¡ª, que es habitual que los guardacostas y la polic¨ªa griega accedan al contenido del tel¨¦fono de los refugiados reci¨¦n llegados, despu¨¦s de requisar los terminales y requerir a sus propietarios las contrase?as. Los agentes utilizan algunas veces un programa inform¨¢tico para volcar el contenido de los dispositivos. Otras, simplemente fotograf¨ªan con sus propios m¨®viles lo que quieren del tel¨¦fono intervenido.

La Guardia Costera ha admitido que confisca tel¨¦fonos, pero defiende que sus agentes siguen ¡°estrictos procedimientos legales¡± bajo supervisi¨®n judicial, porque esos celulares se examinan en investigaciones criminales que tienen por objetivo las redes de trata y tr¨¢fico de personas. ¡°Los tel¨¦fonos pueden contener pruebas cruciales, incluidas grabaciones de comunicaci¨®n, datos GPS o informaci¨®n de contactos, para ayudar a las autoridades a rastrear y desarticular redes de tr¨¢fico¡±, asegura la Guardia Costera.

Los refugiados creen que no es cierto. Tres j¨®venes solicitantes de asilo sirios entrevistados en Samos relataron que las autoridades confiscaron sus tel¨¦fonos y los de todas las personas que conoc¨ªan. Los dispositivos fueron devueltos m¨¢s tarde sin ninguna explicaci¨®n ni indicios que permitieran sostener que sus propietarios estaban implicados en actividades delictivas. A estos potenciales refugiados no se les inform¨® en ning¨²n momento del motivo de la incautaci¨®n. Tampoco firmaron formularios de consentimiento ni se les comunic¨® cu¨¢ndo podr¨ªan recuperar sus tel¨¦fonos. ¡°Tuvieron el m¨ªo durante una semana despu¨¦s de pedirme que lo desbloqueara. A otros les pidieron escribir sus contrase?as junto con el modelo del tel¨¦fono¡±, dijo uno de los solicitantes de asilo. Fuentes de seguridad familiarizadas con estas pr¨¢cticas confirmaron que las confiscaciones ocurren regularmente sin supervisi¨®n judicial ni documentaci¨®n adecuada.

Los datos extra¨ªdos de los tel¨¦fonos no se utilizan solo en procedimientos penales, sino tambi¨¦n en evaluaciones de riesgo e informes que comparten la polic¨ªa griega, Frontex e Interpol. ¡°El an¨¢lisis de datos tiene como objetivo ayudar a las autoridades a identificar individuos, descubrir redes criminales y garantizar el orden y la seguridad p¨²blica¡±, dijo la Guardia Costera.

Esta investigaci¨®n tuvo acceso a tres informes realizados con datos extra¨ªdos de tel¨¦fonos. Uno, redactado por Frontex, inclu¨ªa informaci¨®n e im¨¢genes de redes sociales y mensajes de aplicaciones de mensajer¨ªa encontrados en los m¨®viles de migrantes para mapear redes de contrabando. Un segundo informe, esta vez de la polic¨ªa griega, inclu¨ªa datos de geolocalizaci¨®n, mensajes con facilitadores y fotos de billetes e itinerarios. El tercero indicaba que los migrantes hab¨ªan ofrecido sus contrase?as ¡°voluntariamente¡±.

Polic¨ªas griegos aseguraron, bajo anonimato, que a menudo tienen acceso a fotos privadas de los refugiados aunque estos las hayan borrado antes del viaje, gracias a que ¡°a veces¡±, por desconocimiento o despiste, siguen siendo accesibles en la nube.

Otros agentes griegos admitieron que, en ocasiones, comparten informaci¨®n sobre migrantes sin respetar las normas de protecci¨®n de datos con polic¨ªas de pa¨ªses fuera de la Uni¨®n Europea mediante aplicaciones de mensajer¨ªa de sus tel¨¦fonos particulares. Seg¨²n declararon, lo hacen de manera informal para agilizar el intercambio sin necesidad de cumplir las regulaciones legales que consideran engorrosas e inc¨®modas.

La sofisticaci¨®n de la tecnolog¨ªa en los campos de refugiados contrasta con las p¨¦simas condiciones de vida en su interior. Cuando en 2021 el Gobierno griego present¨® los CCAC, proclam¨® que no se repetir¨ªan las escenas de insalubridad y hacinamiento que hab¨ªan hecho de Moria, en Lesbos, uno de los m¨¢s famosos del mundo por sus terribles condiciones de habitabilidad.

Un joven sirio que prefiere mantener el anonimato relat¨® que en el campo de Samos hay serpientes, basura por todas partes, y que los barracones donde viven los refugiados como ¨¦l no cuentan con agua caliente en invierno. ¡°Dentro solo hay agua fr¨ªa. A veces la puerta est¨¢ rota y tardan semanas en arreglarla. Est¨¢ muy sucio, es un desastre, no hay nadie que limpie y desinfecte las zonas comunes¡±, cuenta este joven, que a?ade que en verano tampoco hay ventiladores y que la direcci¨®n les prohibe meter aparatos de aire acondicionado comprados fuera del campo.

La cl¨ªnica del recinto, completamente nueva y financiada por los contribuyentes de la UE, sigue sin estar en uso. Aunque est¨¢ completamente equipada, incluso con salas de rayos X y equipos odontol¨®gicos, nunca se ha utilizado porque no hay personal m¨¦dico para ello. Los sofisticados equipos de vigilancia de los que dispone el campo parecen ser la prioridad de la inversi¨®n en sus instalaciones.