Por qu¨¦ Trump insiste en hablar de riesgo de fraude cuando no lo hay

Votar en pandemia no es f¨¢cil. Es cierto que el riesgo de contagio no es necesariamente mayor que el de acudir a una tienda o supermercado a hacer la compra: una fila de espera que casi siempre se produce al aire libre, unos minutos (no muchos) en un lugar cerrado con m¨¢s gente (no demasiada) que apenas tiene que interactuar de cerca, y fuera. Pero constituye un acto m¨¢s de exposici¨®n, un peque?o boleto en la loter¨ªa de la covid-19. Es por ello normal que muchas personas, particularmente aquellas pertenecientes a colectivos de riesgo, prefieran ejecutar su derecho sin desplazarse y votar por correo. Pero el presidente y candidato a la reelecci¨®n Donald Trump ha decidido convertir este hecho en todo un esc¨¢ndalo, apuntando a un riesgo (del que no hay pruebas fehacientes) de fraude masivo para descabalgarle en mitad de la carrera.

Todo esto puede parecer como una ocurrencia m¨¢s de Trump, pero en realidad se trata de un eslab¨®n m¨¢s en una cadena de argumentos de larga data enarbolados por el partido republicano, encaminados a limitar el acceso al voto de amplias capas de la sociedad estadounidense: en este pa¨ªs, cuando la participaci¨®n es elevada, normalmente son buenas noticias para los dem¨®cratas porque se trata de minor¨ªas raciales, hogares de menores ingresos, m¨¢s escorados hacia la izquierda. Y la verdadera raz¨®n por la que este tipo de estrategias son siquiera posibles en EE UU, una de las pocas democracias consolidadas en la que el derecho a voto es una cuesti¨®n abierta a debate, es en cierto modo el pecado original de la democracia m¨¢s longeva del mundo.

? El voto por correo no naci¨® ayer

EE UU es un pa¨ªs enorme, y muy, muy disperso. Sobre todo en su extremo noroccidental: la expansi¨®n hacia el oeste durante el siglo XIX y parte del XX produjo una geograf¨ªa poco densa, donde las distancias tienen una escala muy distinta a las metr¨®polis coste?as. En esa esquina de su mapa se encuentran Oregon y Washington, dos Estados que aprobaron el voto por correo para el conjunto de su poblaci¨®n en 1998 y 2011 respectivamente. Colorado se unir¨ªa en 2013. Hawai y Utah tambi¨¦n consideran el voto por correo como opci¨®n por defecto. En consecuencia, la mayor¨ªa de votos en estos lugares se emiten por v¨ªa postal.

En suma, uno de cada cinco votos en la elecci¨®n Trump-Clinton fueron emitidos por correo en todo el pa¨ªs. La proporci¨®n var¨ªa mucho de un Estado a otro, pero en la mayor¨ªa de ellos la tendencia es hacia arriba: en las ¨²ltimas dos d¨¦cadas, la cifra se ha multiplicado por dos, movida sobre todo por la incorporaci¨®n de esta pr¨¢ctica en los Estados citados anteriormente y por aquellos lugares que no requieren excusa espec¨ªfica para votar por esta modalidad; principalmente, California, el Estado m¨¢s poblado del pa¨ªs.

Estas cifras son en no poca medida producto de la variaci¨®n de reglamentos: un estudio de Brookings Institute que calibra la calidad de acceso al voto por correo dibuja bien la gradaci¨®n oeste-este.

Pero, y esto es notable, tambi¨¦n se adivina otra l¨ªnea divisoria: la vieja frontera entre Norte y Sur. Una que lleva el ojo de manera inmediata e irremediable a la Guerra Civil.

? El pecado original de EE UU

Los Estados Unidos tuvieron que entrar en guerra consigo mismos cuando la Uni¨®n estaba incompleta para que la Constituci¨®n, un siglo despu¨¦s de su redacci¨®n, incluyera finalmente la siguiente frase: ¡°El derecho de los ciudadanos de Estados Unidos a votar no puede ser negado o limitado por la Uni¨®n ni por ninguno de sus Estados miembros por raz¨®n de raza, color o condici¨®n previa de servidumbre¡±. Es la decimoquinta enmienda, que cost¨® un conflicto civil en torno a la cuesti¨®n central de la esclavitud. Ese es el pecado original de una de las democracias sobre las que se modelaron todas las dem¨¢s del mundo: la condici¨®n en la que mantuvo a su poblaci¨®n de origen afroamericano desde su fundaci¨®n hasta ese momento, despoj¨¢ndole de todo derecho, tambi¨¦n del m¨¢s b¨¢sico precisamente en una democracia.

Pero incluso despu¨¦s de aprobada la enmienda, en 1870, los Estados sure?os se las siguieron ingeniando para mantener un apartheid comprendido en una tupida mara?a de restricciones, entre las cuales se encontraban tambi¨¦n un sin n¨²mero de limitaciones aparentemente administrativas pero que estaban de hecho dise?adas para restringir el voto efectivo de los afroamericanos. Tuvo que pasar otro siglo m¨¢s para que el Gobierno federal aprobase una palanca legal preventiva: se reservaba de iure la prerrogativa de revisar cualquier legislaci¨®n sobre voto de cualquier Estado miembro. A una parte del sur no le gust¨® (ni eso, ni que desapareciera la posibilidad de legislar d¨®nde se sentaba o a qu¨¦ bar pod¨ªa ir una persona seg¨²n su color de piel), hasta el punto de que el entonces presidente Lyndon B. Johnson (Partido Dem¨®crata) tuvo que forzar a ciertos Gobiernos estatales a cumplir la norma.

Desde la d¨¦cada de los sesenta hasta nuestros d¨ªas este tira y afloja se ha trasladado a las c¨¢maras legislativas de los Estados y a los tribunales: un tira y afloja constante en el que los pol¨ªticos del partido dominante en el sur, el Republicano, buscan formas cada vez m¨¢s creativas de limitar el acceso a voto de quienes saben que no se lo dar¨¢n a ellos, sino a quienes defendieron sus derechos civiles (los dem¨®cratas). Una de las m¨¢s habituales es la introducci¨®n de requerimientos adicionales para mostrar alg¨²n tipo de identificaci¨®n a la hora de votar (EE UU no tiene una tarjeta de identificaci¨®n federal), un requisito que es menos probable que pueda ser cumplido por minor¨ªas raciales y econ¨®micas que es m¨¢s probable que caigan en los m¨¢rgenes de exclusi¨®n del sistema.

N¨®tese el cierto parecido que guarda la distribuci¨®n de este tipo de requisitos con la facilidad para el voto por correo pintada en el mapa anterior; particularmente, en la zona sureste de la naci¨®n. Una herencia hist¨®rica que sigue viva hoy d¨ªa, pese a que el Tribunal Supremo no es de este parecer. En una decisi¨®n de 2018, la corte anul¨® algunas partes de la legislaci¨®n aprobada en la ¨¦poca de Johnson, argumentando esencialmente que el pa¨ªs ya hab¨ªa superado aquellos problemas y el derecho de los Estados de organizar las elecciones como mejor les pareciera prevalec¨ªa sobre el deseo de la capital de imponerse sobre ellos.

Pero los datos de 2016 indican que sigue existiendo un sesgo muy n¨ªtido de raza en las personas registradas para votar (el ¨²nico requisito com¨²n a toda la federaci¨®n es registrarse antes de ejercer tu derecho).

Tambi¨¦n de ingresos, que inevitablemente es consecuencia del anterior, en tanto que la mayor¨ªa de hogares de menor renta en EE UU no son blancos.

Es de ley subrayar que el voto por correo no corresponde de manera exacta con este patr¨®n, pero su expansi¨®n s¨ª equivale a una ampliaci¨®n de las v¨ªas para acceder al sufragio, y ese es el temor constante del Partido Republicano: que en dicha ampliaci¨®n entren m¨¢s apoyos para el rival que para ellos es siempre m¨¢s probable que la alternativa. El tono de Trump al cuestionarlo puede sonar particularmente histri¨®nico, pero en su raz¨®n de ser no se mueve ni un mil¨ªmetro de la trayectoria marcada por el Partido Republicano desde la ampliaci¨®n de los derechos civiles.

? ?Fraude o estrategia?

En correspondencia, entre los Estados verdaderamente en juego (aquellos donde las encuestas indican una carrera cerrada entre Trump y Biden por la victoria), son los de gobierno azul los que presentan un esfuerzo por ampliar y agilizar los procesos del voto por correo. Menos los republicanos, con la salvedad de Iowa. Las otras dos excepciones rojas, Georgia y New Hampshire, no vienen por iniciativa del poder ejecutivo, sino del judicial, obligando a los respectivos a ampliar fecha o posibilidades para quienes deseen ejercer voto a distancia por la pandemia.

Texas, de hecho, est¨¢ haciendo esfuerzos por reducir (en lugar de ampliar) las posibilidades para quienes opten por el servicio postal. Su gobernador ha ido cerrando lugares de dep¨®sito del voto a distancia, mientras las autoridades locales trataban de mantenerlos abiertos. Otra particularidad m¨¢s del sistema estadounidense: no existe un ¨¢rbitro electoral nacional, sino que la organizaci¨®n efectiva de cualquier elecci¨®n depende en primera instancia de los Estados, pero en otras muchas de condados y municipios.

Todo ello facilita que el derecho a voto siga siendo un sujeto de debate y redise?o administrativo constante. Uno que permite creatividades inimaginables. Porque la idea de Trump de estigmatizar el voto por correo puede ser le¨ªda precisamente como una innovaci¨®n: cuando le se?ala a su base que este formato es indeseable, sujeto a fraude, un efecto plausible es que la sugerida correlaci¨®n entre modalidad de voto y partido se haga m¨¢s fuerte. Dicho de otra manera: que, una vez pasadas las elecciones, cuando los republicanos batallen Estado a Estado, condado a condado qu¨¦ votos contar, cu¨¢les no y hasta cu¨¢ndo hacerlo (como ya sucedi¨® en las presidenciales de 2000, cuando Gore perdi¨® Florida y la presidencia ante Bush Jr. por la v¨ªa jur¨ªdica), puedan apuntar al voto por correo con la seguridad de que el resultado de la supresi¨®n les beneficiar¨¢ a ellos. Su argumento seguir¨¢ siendo el del fraude. Las probabilidades reales de que un voto por correo sea fraudulento, a la luz de un estudio de Brookings Institution basado en datos de la conservadora Heritage Foundation centrado precisamente en los Estados que lo tienen por defecto, son de algo as¨ª como uno entre un mill¨®n.

Por eso es dif¨ªcil asumir que una preocupaci¨®n genuina por el fraude es, o alguna vez ha sido, lo que verdaderamente motiva a Trump. Ni al conjunto del Partido Republicano.

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