Los continuos errores en los tribunales comprometen el combate al crimen organizado

En los juzgados de lo penal de la capital mexicana corre la broma de que las polic¨ªas est¨¢n patrocinadas por la marca de cuchillos Tramontina. En los grupos de Whatsapp de los jueces circulan memes de este cubierto con el mango de madera, com¨²n en cualquier casa mexicana. ¡°Solo hace falta un cuchillo para que un robo menor o un presunto narcomenudista entre en prisi¨®n preventiva y el ministerio p¨²blico as¨ª gane tiempo para investigar el caso¡±, cuenta un magistrado local a este diario. Despu¨¦s, en algunas ocasiones, el acusado logra demostrar que ese cuchillo no era suyo, no hay huellas, ¡°me lo sembraron¡±. Y queda absuelto por otro juez. Hasta que un detenido llega a ese punto, puede pasar dos a?os en la c¨¢rcel.

Hay tantas declaraciones policiales que detallan esa marca del arma que supuestamente portaba el detenido, que la presunci¨®n de inocencia se ha convertido en un chiste. En estos d¨ªas en los que los jueces se han colocado en el centro de todas las cr¨ªticas por parte del Gobierno mexicano, tras la liberaci¨®n de presuntos delincuentes cuyos operativos hab¨ªan anunciado con bombo y platillo, la an¨¦cdota de los cuchillos Tramontina ejemplifica el d¨ªa a d¨ªa de un sistema de justicia plagado de grietas.

En estas semanas, M¨¦xico ha asistido a importantes golpes contra el crimen organizado que han resultado un fracaso en las audiencias. El primero sucedi¨® el 21 de junio, cuando un operativo estatal y federal provoc¨® el caos en el sur de Guanajuato (en el centro del pa¨ªs) para detener al n¨²cleo familiar de uno de los objetivos prioritarios del Ejecutivo de L¨®pez Obrador: Jos¨¦ Antonio Y¨¦pez, El Marro, l¨ªder del Cartel Santa Rosa de Lima. Entre bloqueos carreteros con veh¨ªculos en llamas y negocios tambi¨¦n incendiados, se detuvo a 31 presuntos colaboradores de la banda. Entre ellos, la madre, hermana y prima de El Marro. Solo una semana despu¨¦s, todos quedaron en libertad.

La mayor¨ªa de ellos, 26, fueron liberados al d¨ªa siguiente, pues solo estaban acusados de provocar los disturbios de esa noche. Los cinco que quedaban, anunciados por la Fiscal¨ªa como quienes controlaban la estructura financiera del cartel, fueron absueltos por la jueza Paulina Ira¨ªs Medina, ante las pruebas que present¨® la defensa: hab¨ªan sido detenidos durante cuatro horas sin ¨®rdenes de aprehensi¨®n; pudieron probar que las autoridades hab¨ªan ¡°sembrado¡± un kilo de metanfetaminas y dos millones de pesos en efectivo; adem¨¢s de la tortura de los imputados. Conclusi¨®n: absueltos.

Un d¨ªa despu¨¦s, el presidente L¨®pez Obrador insinu¨® en su conferencia de cada ma?ana que hab¨ªa corrupci¨®n entre los jueces y que buscaban ¡°cualquier tecnicismo¡± para liberar a los criminales. ¡°La responsabilidad del fracaso de los operativos espectaculares se le trata de cargar a los jueces y magistrados, pero eso no soporta el menor an¨¢lisis serio, porque ninguna decisi¨®n judicial es inatacable, lo que quiere decir, que si alguien no se encuentra conforme con la decisi¨®n de un juez, tiene a su alcance los medios legales para impugnar tal decisi¨®n¡±, explica el exmagistrado estatal de Guanajuato Jos¨¦ Miguel Cort¨¦s Lara en una entrevista para este diario. ¡°Por otra parte, debe de recordarse que los encargados de perseguir el delito y los delincuentes son los fiscales, no los jueces¡±, a?ade Cort¨¦s.

Existe incluso en la jerga jur¨ªdica una forma de llamarle a la pr¨¢ctica que detect¨® la jueza de Guanajuato, la droga ¡°sembrada¡± por la polic¨ªa. ¡°M¨¦tele su kilo de ayuda¡±, ha escuchado un juez local de la capital entre los polic¨ªas de investigaci¨®n. Aunque el poder judicial se encuentra en la mira del Gobierno por las liberaciones recientes de presuntos criminales, cuatro magistrados consultados por este diario coinciden en que la falla ¡°sist¨¦mica¡± y ¡°estructural¡±, se encuentra en la parte investigadora, en las Fiscal¨ªas y la polic¨ªa.

¡°En 2008 M¨¦xico reform¨® la Constituci¨®n y cambi¨® [hasta su plena implementaci¨®n en 2016] el sistema de procesamiento penal. Ten¨ªamos un sistema pr¨¢cticamente medieval, donde el ministerio p¨²blico ten¨ªa todos los instrumentos y no hab¨ªa un debate en el juicio. No estaba muy claro el principio de presunci¨®n, antes, el inculpado ten¨ªa que probar que era inocente. Lo que aportaba la Fiscal¨ªa ten¨ªa pleno valor ante el juez. Este sistema prevaleci¨® en M¨¦xico mucho tiempo y eso hizo que los ministerios p¨²blicos y polic¨ªas no fueran realmente investigadores ni tuvieran el cuidado que se requiere¡±, explica un magistrado federal con m¨¢s de 20 a?os de trayectoria, que prefiere no revelar su identidad. ¡°Ahora, todo lo que se tiene que procesar, necesariamente se tiene que presentar en las audiencias. Los testigos, las periciales... Y aqu¨ª se observa la mayor deficiencia. Faltan las herramientas del litigio oral por parte del ministerio p¨²blico. Adem¨¢s de la deficiencia en peritos o polic¨ªa cient¨ªfica. Ese es el gran problema¡±, a?ade el juez.

Entre las fallas m¨¢s recurrentes con las que se encuentran los magistrados consultados en las audiencias y que acaban resolviendo con una absoluci¨®n destacan las detenciones arbitrarias, sin delito flagrante (demostrado) ni una orden judicial; los cateos o inspecciones en domicilios sin una orden; la tortura de los detenidos; la alteraci¨®n de las condiciones de detenci¨®n; la obtenci¨®n ilegal de pruebas; el ¡°sembrado¡± y fabricaci¨®n de evidencias; la excesiva tardanza en la puesta a disposici¨®n y la detenci¨®n por extorsiones fallidas. Adem¨¢s, el abuso de la flagrancia en la mayor¨ªa de los imputados, capturados sin orden judicial en el momento en el que cometen el delito o poco despu¨¦s de cometerlo. Sobre este ¨²ltimo punto, se?ala el exmagistrado Cort¨¦s: ¡°Es una verdadera suerte que nadie cree que tienen los polic¨ªas. M¨¢s bien, refleja el abuso y actuar arbitrario. Si existiera trabajo de inteligencia, habr¨ªa m¨¢s casos de detenidos por orden judicial. Esta pr¨¢ctica lo que evidencia es el desprecio de muchas fiscal¨ªas sobre los derechos humanos. Eso es lo verdaderamente peligroso¡±.

Las consecuencias de las fallas del sistema son conocidas: la impunidad que reina en M¨¦xico. Teniendo en cuenta solo las estad¨ªsticas por homicidio (de competencia estatal) hasta 2018, por cada 10 v¨ªctimas de asesinato, solo dos obtuvieron una sentencia condenatoria, seg¨²n los datos de Transparencia publicados por un informe de la ONG Impunidad Cero hace dos a?os. Hay Estados donde la impunidad llega al 99%, como es el caso de Morelos y Oaxaca. A nivel federal, durante los 12 a?os de la guerra contra el narcotr¨¢fico ¡ªentre 2006 y 2018¡ª se detuvo a 233 presuntos criminales, pero solo se obtuvieron dos sentencias por crimen organizado, seg¨²n una investigaci¨®n de Mexicanos contra la Corrupci¨®n.

Hace unos d¨ªas, la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica prometi¨® rehacer el caso Ayotzinapa, la desaparici¨®n de los 43 estudiantes de Guerrero en 2014 que abri¨® un cisma pol¨ªtico y social en M¨¦xico y que golpe¨® duramente al Gobierno de entonces, presidido por Enrique Pe?a Nieto (del PRI). El Gobierno anunci¨® el lunes la detenci¨®n de un presunto criminal ligado al cartel Guerreros Unidos, vinculado a la desaparici¨®n de los j¨®venes: Jos¨¦ ?ngel Casarrubias, alias El Mochomo. Uno de los delincuentes m¨¢s buscados fue imputado por delincuencia organizada, pero no se pudo demostrar su vinculaci¨®n y una jueza orden¨® su absoluci¨®n. El esc¨¢ndalo estaba servido. Y antes de que el acusado cruzara la puerta de salida de la audiencia, la Fiscal¨ªa hab¨ªa logrado otra orden de detenci¨®n, en este caso por cohecho: un presunto pago de millones de pesos a las autoridades para conseguir su liberaci¨®n.

¡°Sobre este caso en particular, las declaraciones del fiscal general van a tener mayores repercusiones, porque no es el ¨²nico acusado con las pruebas que la propia Fiscal¨ªa ha declarado que fueron falsificadas [por el Gobierno anterior], sino que hay muchos m¨¢s acusados por los mismos hechos e incluso personas sentenciadas con las mismas pruebas que hoy se dice son falsas. El resultado de tales declaraciones ser¨¢ que cualquier defensor, por biso?o que sea, llevar¨¢ al proceso la declaratoria de falsedad de tales pruebas e incluso al propio fiscal como testigo. Quiz¨¢ la Fiscal¨ªa no previ¨® ese resultado¡±, explica Cort¨¦s.

Un caso similar al de El Mochomo ha sucedido con uno de los presuntos autores intelectuales del atentado contra el jefe de la polic¨ªa de Ciudad de M¨¦xico, Omar Garc¨ªa Harfuch, la semana pasada. Jos¨¦ Armando Brise?o, El Vaca, fue detenido poco despu¨¦s del brutal ataque con armas propias del Ej¨¦rcito, pero la Fiscal¨ªa no pudo sostener su vinculaci¨®n por intento de homicidio ni su participaci¨®n en los hechos, de manera que se encuentra imputado por cohecho. ¡°Este tipo penal es una pr¨¢ctica ¨²ltimamente recurrente por parte de las fiscal¨ªas, como a peque?a escala lo es el cuchillo Tramontina. En lo que se resuelve, el acusado se encuentra detenido y la fiscal¨ªa gana tiempo para investigar y pedir una orden de detenci¨®n por el delito por el que lo buscaba en un inicio¡±, explica a este diario un juez de control de la capital.

Las acusaciones de corrupci¨®n a los jueces por parte del presidente de M¨¦xico han irritado a un sector del gremio que ejerce su trabajo en condiciones de riesgo. Hace solo dos semanas, el magistrado federal Uriel Villegas fue acribillado a balazos junto a su esposa en Colima despu¨¦s de haber tratado casos relacionados con el hijo del l¨ªder del cartel Jalisco Nueva Generaci¨®n, el m¨¢s poderoso del pa¨ªs. Un compa?ero suyo, cercano a Villegas, cuenta a este diario que despu¨¦s del asesinato de su amigo, sus hijos le preguntaron: ¡°?Qui¨¦n nos va a cuidar si te matan?¡±. Esa idea le ha estado rondando la cabeza estos d¨ªas. Recuerda que les respondi¨®: ¡°Si llego a morir en este trabajo es porque hago lo que me gusta, porque act¨²o conforme a derecho. No por miedo, no por favorecer a ninguna persona. Por el amor que le tengo a nuestro pa¨ªs¡±.