M¨¦xico se estanca entre los diez pa¨ªses con mayor impunidad

M¨¦xico se sit¨²a entre los 10 pa¨ªses con mayores niveles de impunidad de los 69 analizados por el ?ndice Global de Impunidad, presentado este mi¨¦rcoles por la Universidad de las Am¨¦ricas Puebla (UDLAP). El an¨¢lisis cubre el ¨²ltimo periodo del sexenio de Enrique Pe?a Nieto (2012-2018) y, por tanto, deja fuera al primer a?o y medio de Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. Sin embargo, los resultados se?alan los principales desaf¨ªos de la actual Administraci¨®n para remontar el bache: polic¨ªas poco preparados, fiscal¨ªas anticorrupci¨®n con escasos recursos y un n¨²mero de jueces muy por debajo de los est¨¢ndares internacionales ¡ª2,17 por cada 100.000 habitantes frente a los 17,83 en promedio¡ª.

El an¨¢lisis apunta a una leve mejora respecto a hace dos a?os, cuando M¨¦xico se situaba en la posici¨®n 66 de 69 pa¨ªses evaluados, aquellos que reportan suficiente informaci¨®n a Naciones Unidas. A pesar de haber mejorado seis puestos, el pa¨ªs se mantiene con un porcentaje de casos no resueltos cercano al 99%, apuntan los autores del informe. ¡°Si bien aparentemente es una mejora, hay que tomarlo con precauci¨®n. No refleja un cambio sustantivo sino cambios en la posici¨®n de otros pa¨ªses¡±, ha se?alado Juan Antonio Leclercq, director del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ), think-tank adscrito a la UDLAP.

El ranking sit¨²a a Tailandia como el peor alumno y coloca a cuatro pa¨ªses latinoamericanos entre los diez ¨²ltimos. Adem¨¢s de M¨¦xico, la lista incluye a Honduras, en segundo lugar, Paraguay y Guyana. Entre los mejor puntuados dominan los europeos, con Eslovenia a la cabeza. Entre un extremo y otro, Costa Rica, el pa¨ªs latinoamericano con menor impunidad, ocupa el puesto 39 y Colombia, el 49. Otros pesos pesados de la regi¨®n como Brasil o Argentina no forman parte del ranking al no reportar suficiente informaci¨®n. En 124 Estados miembros de Naciones Unidas no hay estad¨ªsticas suficientes que permitan una comparaci¨®n internacional, situaci¨®n que el ¨ªndice tacha de ¡°impunidad estad¨ªstica¡±.

El estudio mide los niveles de impunidad echando mano de una variedad de indicadores, desde el n¨²mero de reclusos entre el total de la poblaci¨®n a la cantidad de polic¨ªas y de jueces. Los resultados arrojan luz sobre un M¨¦xico de poco juez y mucho polic¨ªa. Los 2,17 magistrados por cada 100.000 habitantes reportados por el informe suponen un retroceso respecto a la situaci¨®n de hace dos a?os, cuando el pa¨ªs ten¨ªa algo m¨¢s de cuatro frente al promedio general de 16,23. Es decir, mientras la tendencia general es hacia el incremento de magistrados, en M¨¦xico disminuyen. Adem¨¢s, subsisten problemas de formaci¨®n como demuestra el reciente caso de una ni?a de 10 a?os abusada por un polic¨ªa en Puerto Vallarta. El juez dedicado al caso no imput¨® al agente aduciendo que la ni?a ¡°no sinti¨® placer¡±.

A diferencia de los jueces, el problema de la polic¨ªa no est¨¢ en los n¨²meros. El pa¨ªs cuenta con 347 uniformados por cada 100.000 habitantes, frente a los 314 de media en el resto de Estados analizados. Gerardo Rodr¨ªguez, otro de los coordinadores del informe, apunta a la necesidad de reforzar las fuerzas de seguridad locales. ¡°El problema es que tenemos un d¨¦ficit de 50% en polic¨ªas estatales. Lo que se tiene que hacer es mejorar la profesionalizaci¨®n¡±, explica. Hasta ahora, la estrategia de seguridad del actual Gobierno se ha apoyado principalmente en el Ej¨¦rcito. Una de las primeras decisiones de calado del Ejecutivo fue la creaci¨®n de la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de car¨¢cter civil pero composici¨®n militar, para hacer frente a la crisis de seguridad. A algo m¨¢s de un a?o de su entrada en operaci¨®n, todav¨ªa es demasiado pronto para evaluar su impacto, seg¨²n Rodr¨ªguez.

El presidente L¨®pez Obrador ha hecho de la lucha contra la impunidad una de sus prioridades, tras los excesos de la anterior Administraci¨®n. El Gobierno ha reformado la Constituci¨®n para tipificar la corrupci¨®n como delito grave y aumentar las penas. Adem¨¢s, ha manifestado su apoyo a la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica en el lanzamiento de investigaciones de alto impacto medi¨¢tico a antiguos altos cargos, entre ellos el exdirector de Pemex Emilio Lozoya. Pese a estas acciones, los niveles de inseguridad se han mantenido estables y la pol¨ªtica de austeridad hace temer un debilitamiento de las instituciones. ¡°Van a tener que invertir mucho m¨¢s en mejorar el funcionamiento del sistema de justicia y no parece ser el caso. Estamos viendo reducciones generales en todo el sector p¨²blico. Estamos generando m¨¢s carencias en el sistema de justicia¡±, ha apuntado Luis Ernesto Derbez, rector de la UDLAP.