Al menos 226 reclusos han muerto de covid en las c¨¢rceles mexicanas durante la pandemia
En Baja California la letalidad del virus es del 87%, seg¨²n la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos, que denuncia la muerte de un hombre salvadore?o en la estaci¨®n migratoria de Ciudad de M¨¦xico
Dentro de los muros de las c¨¢rceles mexicanas se vive la otra pandemia. Desde que comenz¨®, al menos 226 personas privadas de libertad han fallecido por covid-19 y hay 2.321 contagiados, seg¨²n los datos que public¨® este martes la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Las entidades que registran una mayor incidencia son Ciudad de M¨¦xico, con 1.280 diagnosticados y 55 muertos, y Puebla, con 245 casos y 33 fallecidos. La organizaci¨®n de derechos humanos Asilegal recoge adem¨¢s el contagio de 400 funcionarios de centros penitenciarios y la muerte de 60 de ellos.
En otros pa¨ªses de la regi¨®n, como Brasil, se han contabilizado 101 reclusos muertos ¡ªaunque los expertos alertan del subregistro¡ª, y en Colombia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario notific¨® 24 defunciones hasta el 5 de agosto. Ambos lejos del caso mexicano, lo que ha hecho saltar las alarmas de las organizaciones sociales, como CEA Justicia, que califican las cifras de ¡°abrumadoras¡±.
La CNDH asegura a EL PA?S que los centros ¡°est¨¢n haciendo un gran esfuerzo¡± y est¨¢n cumpliendo las ¡°medidas m¨ªnimas de prevenci¨®n¡±: ¡°Tienen tapetes sanitizantes, sanitizan con humo, checan la temperatura, en algunas entidades como Ciudad de M¨¦xico han logrado dar cubrebocas al 100% de la poblaci¨®n reclusa y si no tratan de mantener la distancia de seguridad¡±. A¨²n as¨ª, la soluci¨®n para frenar los contagios, concluyen, es ¡°despresurizar las prisiones¡±.
Los centros penitenciarios mexicanos albergan, seg¨²n el ¨²ltimo corte de la Comisi¨®n, 208.300 reclusos en 296 centros. De estos, 115 est¨¢n sobrepoblados. Adem¨¢s, el 30% del total de la poblaci¨®n penitenciaria no tiene suministro de agua potable, el 30,6% no tiene acceso a medicamentos y al 22,4% no se le brindan servicios m¨¦dicos, seg¨²n datos de la Encuesta Nacional de Poblaci¨®n Privada de la Libertad, elaborada por el INEGI en 2016. Un c¨®ctel explosivo en medio de una pandemia. ?ngela Guerrero, coordinadora de CEA-Justicia, apunta a que en este contexto de hacinamiento y falta de condiciones dignas se demuestra que las medidas m¨ªnimas ¡°no son suficientes¡±.
En entidades como Baja California la letalidad del coronavirus en la poblaci¨®n reclusa alcanza el 87%, de 39 presos contagiados, 34 de ellos han muerto; o el 40% en Guerrero. La CNDH s¨ª reconoce que, con los datos actuales, en M¨¦xico una persona tiene m¨¢s riesgo de morir de covid-19 si est¨¢ dentro de una c¨¢rcel. M¨¦xico supera los 650.000 casos de covid-19 en el pa¨ªs y roza las 70.000 muertes. Jos¨¦ Luis Guti¨¦rrez, director de Asilegal, apunta tambi¨¦n a un subregistro de datos en las prisiones ¡ªque la Comisi¨®n rechaza¡ª: ¡°O se est¨¢ ocultando informaci¨®n o la poblaci¨®n privada de libertad no est¨¢ siendo protegida¡±.
Los datos de la CNDH son la ¨²nica ventana para saber qu¨¦ est¨¢ ocurriendo dentro de las prisiones. Las organizaciones reportan una falta total de acceso. ¡°?Qu¨¦ destinos les dan a los casos positivos? ?C¨®mo se controlan los rebrotes? No sabemos lo que est¨¢ pasando¡±, dice Guti¨¦rrez.
Seg¨²n la Comisi¨®n, que ha vuelto a realizar visitas in situ despu¨¦s de varios meses de seguimiento telef¨®nico, la principal deficiencia es la aplicaci¨®n de test PCR a los presos. Excepto en Ciudad de M¨¦xico, Chihuahua y Jalisco, el resto de Estados no ha hecho pruebas. ¡°Si detectan a alguien con sintomatolog¨ªa, lo separan, le dan un tratamiento como para una enfermedad respiratoria, ven si hay mejora y si se cura, ya est¨¢¡±, refiere la CNDH, que apunta a la falta de coordinaci¨®n con las secretar¨ªas de Salud de los Estados.
Para atajar la situaci¨®n, tanto las organizaciones como la Comisi¨®n insisten en hacer cumplir las recomendaciones internacionales y acelerar las libertades de aquellos reclusos que puedan acceder a un beneficio provisional y est¨¦n en condiciones de riesgo, por edad y salud. Uno de los casos m¨¢s sonados ha sido el del exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva, que despu¨¦s de cumplir 19 a?os en la c¨¢rcel por narcotr¨¢fico y asociaci¨®n delictiva, obtuvo en junio la prisi¨®n domiciliaria temporal hasta que su vida no est¨¦ en riesgo por la covid-19. Villanueva, que tiene 72 a?os, anunci¨® hace una semana que se hab¨ªa contagiado de coronavirus y hab¨ªa sido trasladado a un hospital.
Pero como el caso del exgobernador todav¨ªa hay decenas de miles de expedientes a la espera. La coordinadora de CEA-Justicia advierte que antes de la pandemia hab¨ªa ya en los juzgados m¨¢s de 45.000 casos de preliberaciones pendientes atrasados. ¡°Durante la emergencia, los juzgados cerraron de manera preventiva y sacar adelante estos casos no se consider¨® una actividad esencial. Hay un invisibilizaci¨®n absoluta de la poblaci¨®n privada de libertad y dentro de los centros hay muchas personas vulnerables¡±, se?ala Guerrero. Seg¨²n datos de la Comisi¨®n, en junio hab¨ªa casi 22.000 personas con discapacidad, 6.665 adultos mayores y 7.145 ind¨ªgenas en las c¨¢rceles mexicanas.
Fallece un migrante salvadore?o de covid en la estaci¨®n migratoria de Ciudad de M¨¦xico
Un hombre de El Salvador, del que no han trascendido m¨¢s datos, ha muerto de covid-19 en la estaci¨®n migratoria de Ciudad de M¨¦xico, seg¨²n ha denunciado la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos. La CNDH atribuye la responsabilidad al Instituto Nacional de Migraci¨®n porque considera que no brind¨® la atenci¨®n m¨¦dica necesaria a la v¨ªctima y ¡°contribuy¨® al deterioro de su estado de salud y su muerte¡±. El hombre sufr¨ªa ¡°m¨²ltiples factores de riesgo¡± y los agentes de Migraci¨®n no lo canalizaron a un hospital para ¡°recibir atenci¨®n m¨¦dica especializada¡±. La CNDH ha solicitado que se repare a los familiares del hombre fallecido.
Adem¨¢s, la Comisi¨®n acusa al Migraci¨®n de no implementar las medidas de higiene, atenci¨®n m¨¦dica y sana distancia, y por tanto poner en riesgo a todas las personas que se alojaban o trabajaban en el recinto migratorio.
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