M¨¦xico busca que Estados Unidos extradite a traficantes de armas

M¨¦xico busca pedir la extradici¨®n de los traficantes de armas desde Estados Unidos. Los planes del Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador se conocen tan solo una semana despu¨¦s de que el pa¨ªs aprobara la reforma de la ley de seguridad, que contempla un f¨¦rreo control de los agentes extranjeros ¡ªque afecta directamente a las operaciones en su territorio de la DEA, FBI o ICE (oficina estadounidense de migraci¨®n y aduanas)¡ª y tensar¨¢ la relaci¨®n de hist¨®rica cooperaci¨®n con su vecino del norte.

Si los narcotraficantes mexicanos son los responsables de enviar a Estados Unidos toneladas de droga con las que miles de estadounidenses mueren por sobredosis (especialmente por el fentanilo), los que les proporcionan la artiller¨ªa pesada, fundamentalmente fabricada y enviada desde Estados Unidos, son tambi¨¦n responsables de los fallecidos en M¨¦xico ¡ªm¨¢s de 100 asesinatos al d¨ªa¡ª, concluye el Gobierno de L¨®pez Obrador.

La medida supone una ruptura de la cooperaci¨®n cl¨¢sica entre ambos Gobiernos, centrada desde hace m¨¢s de una d¨¦cada en capturar a los capos de la droga mexicanos, no a los traficantes de armas, y en la que los criminales eran extraditados de M¨¦xico hacia Estados Unidos, no en sentido contrario. Esta estrategia llev¨® al pa¨ªs hacia una guerra contra el narcotr¨¢fico, emprendida por Felipe Calder¨®n en 2006, que ha sembrado decenas de miles de cad¨¢veres por todo el territorio nacional, adem¨¢s de soportar la insostenible cifra de m¨¢s de 70.000 desaparecidos.

En M¨¦xico circulan m¨¢s de 15 millones de armas ilegales, seg¨²n un reciente informe elaborado por la Secretar¨ªa de Seguridad. Es decir, la cantidad de arsenal que se mueve en territorio mexicano es suficiente para armar a uno de cada ocho habitantes, en un pa¨ªs donde adem¨¢s est¨¢ prohibido portar armas sin un permiso espec¨ªfico. De ellas, el 70% proviene de Estados Unidos, detalla el informe. Y casi todas, el 85%, se usan para cometer el 60% de los homicidios que se producen en el pa¨ªs. ¡°Junto con la trata de personas y el tr¨¢fico de drogas, el tr¨¢fico il¨ªcito de armas representa una de las actividades con mayor movimiento de capitales en el mundo¡±, reza el texto firmado por el extitular de Seguridad, Alfonso Durazo.

Adem¨¢s de las rutas propias del crimen organizado, por las que tambi¨¦n se introducen armas procedentes de Estados Unidos, el Gobierno mexicano ha detectado un peligroso tr¨¢fico hormiga aunado al trasiego de unas 25.000 personas diarias en sus cruces fronterizos. Una parte ¡°ingresa armas o sus piezas y municiones ocultas en bolsas, juguetes, veh¨ªculos o en env¨ªos de mensajer¨ªa, y a cambio reciben de las organizaciones criminales desde 100 d¨®lares por un paquete de 50 balas, hasta 2.000 d¨®lares por un rifle autom¨¢tico¡±, se lee en el informe. ¡°Es fundamental tener un registro de los traficantes de armas de fuego para seguirlos, detenerlos y llegar a las fuentes donde se obtienen las armas¡±, resume Durazo.

Detr¨¢s de esta propuesta se esconde una medida m¨¢s inmediata, la de extraditar a los responsables estadounidenses de traficar hacia M¨¦xico. La Secretar¨ªa de Exteriores, responsable de la iniciativa, se ha negado a proporcionar m¨¢s informaci¨®n a este diario. Pero en un art¨ªculo publicado por el peri¨®dico Milenio, que cita fuentes de ese ministerio, se recogen algunos casos que involucran a traficantes de armas que el Gobierno mexicano tiene en la mira.

Entre ellos se encuentran algunos de los acusados por el esc¨¢ndalo del fiasco del operativo R¨¢pido y furioso que hizo evidentes las grietas de la estrategia contra el tr¨¢fico de armas de ambos pa¨ªses. Esta operaci¨®n clandestina, emprendida por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF) ¡ªcon el permiso del Gobierno de Obama, pero sin avisar al Congreso¡ª, permiti¨® la entrada de m¨¢s de 2.500 armas ilegales entre 2009 y 2011 en territorio mexicano. El objetivo era rastrear a trav¨¦s de ellas a los grandes capos y traficantes de droga de M¨¦xico. La huella de las armas se perdi¨® y la estrategia fall¨®. Ni Estados Unidos ni M¨¦xico supieron el destino de la munici¨®n y tampoco hallaron a esos capos. Hasta que una de ellas acab¨® con la vida en febrero de 2011 del agente estadounidense de la oficina de migraci¨®n y aduanas (ICE) Jaime Zapata, en una carretera de San Luis Potos¨ª, en el centro de M¨¦xico.

Adem¨¢s de los acusados por ese operativo, hay otros criminales que plantea solicitar el Gobierno mexicano cuyos arsenales han terminado en las manos de c¨¢rteles sanguinarios como Los Zetas. Es el caso de Daniel Francisco Cruz Morones, declarado culpable por ese delito por una corte en San Diego (California) en 2012 y liberado cuatro a?os despu¨¦s, informa Milenio.

No es, sin embargo, la primera vez que M¨¦xico busca que EE UU extradite a sus criminales. Tras la matanza racista de agosto del a?o pasado en un supermercado en El Paso (Texas), donde murieron 22 personas, la mayor¨ªa de origen hispano y ocho de ellos mexicanos, el Gobierno de L¨®pez Obrador plante¨® una medida similar sin ¨¦xito. En su momento, el canciller Marcelo Ebrard lanz¨® duras acusaciones contra un atentado que consider¨® ¡°un acto de terrorismo en contra de mexicanos¡± y prometi¨® avances en la materia. El presunto asesino, Patrick Crusius, de 22 a?os, sigue su proceso legal en Texas.

La propuesta plantea el reto de recuperar la confianza mutua entre ambos pa¨ªses, da?ada recientemente tras la medida para controlar las operaciones de los agentes estadounidenses en territorio mexicano. La versi¨®n de Estados Unidos sobre M¨¦xico es que en este pa¨ªs la corrupci¨®n se ha infiltrado a todos los niveles de Gobierno. Las extradiciones de capos como Joaqu¨ªn El Chapo Guzm¨¢n, despu¨¦s de haberse fugado dos veces de los penales mexicanos, sirvieron de ejemplo de que la justicia real se encontraba del otro lado de la frontera.

Ahora, la Administraci¨®n de L¨®pez Obrador da un paso m¨¢s y pide que sea en M¨¦xico donde se procese tambi¨¦n a los criminales estadounidenses. Un desaf¨ªo importante para un pa¨ªs que soporta una cifra de impunidad de m¨¢s del 90% de los casos y donde de 233 criminales etiquetados como los m¨¢s buscados durante la guerra contra el narco, solo 13 han recibido una sentencia condenatoria, seg¨²n desvel¨® la ONG Mexicanos contra la Corrupci¨®n a partir de datos oficiales de la Fiscal¨ªa.