El Poder Judicial entorpece los avances en el ¡®caso Odebrecht¡¯ y el proceso a Emilio Lozoya

El caso de Emilio Lozoya, director general de la petrolera estatal mexicana Pemex durante la Administraci¨®n de Enrique Pe?a Nieto y uno de los principales se?alados por la trama de sobornos de la constructora brasile?a Odebrecht, sigue estando guardado en un oscuro rinc¨®n del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. La trama de corrupci¨®n que salpic¨® a un continente entero, y que se inici¨® hace m¨¢s de una d¨¦cada con la creaci¨®n de una ¡°caja B¡± para encubrir sobornos, sigue siendo un misterio medi¨¢tico pese a su relevancia gracias al hermetismo del Poder Judicial, quien no ha cumplido con las peticiones de Transparencia para conocer las diligencias judiciales, resoluciones, audiencias o comparecencias de testigos vinculados a Lozoya.

El pasado agosto, el que fuera el titular de Pemex hizo una declaraci¨®n de 63 folios ante el fiscal con los nombres, fechas, cantidades y lugares de entregas de las maletas de dinero destinado a expresidentes, ministros y diputados. Su testimonio, que involucra a M¨¦xico como uno de los 12 pa¨ªses latinoamericanos afectados por la trama, sacudi¨® la vida pol¨ªtica con pruebas n¨ªtidas de los manejos de la corrupci¨®n tan arraigada en el pa¨ªs.

La investigaci¨®n del Departamento de Justicia de Estados Unidos concluy¨® que Lozoya, al igual que una decena de pol¨ªticos, es sospechoso de recibir grandes cantidades de dinero para la aprobaci¨®n de leyes que permit¨ªan la entrada de empresas privadas, como Odebrecht. La Fiscal¨ªa de M¨¦xico emiti¨® una orden de aprensi¨®n en mayo de 2019, y el exdirectivo fue finalmente detenido nueve meses m¨¢s tarde en una urbanizaci¨®n de lujo de La Zagaleta, cercana a Marbella en Espa?a. A tres semanas de cumplirse un a?o de su detenci¨®n, la informaci¨®n de los procesos penales en su contra por los casos de Odebrecht y Altos Hornos de M¨¦xico (AHMSA) siguen bajo llave.

A continuaci¨®n, la investigaci¨®n de Quinto Elemento Lab elaborada por Zorayda Gallegos y Andrea C¨¢rdenas:

La trama de Odebrecht y Altos Hornos de M¨¦xico (AHMSA), donde es investigado por presuntos sobornos el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, representa el caso de corrupci¨®n m¨¢s medi¨¢tico en M¨¦xico que ha atra¨ªdo los reflectores internacionales, pero el Poder Judicial parece empecinado en mantenerlo en la oscuridad.

Hay un exceso de trabajo en las oficinas, no hay empleados suficientes, s¨®lo labora personal de guardia, los plazos est¨¢n lentos o detenidos por la pandemia de la covid-19, son algunos de los pretextos que han recibido una serie de solicitudes de informaci¨®n formuladas v¨ªa Transparencia.

Desde hace 13 meses, incluso antes de que Lozoya fuera detenido en M¨¢laga y extraditado a la Ciudad de M¨¦xico, Quinto Elemento Lab ha realizado peticiones de informaci¨®n para saber c¨®mo se estaba conformando el expediente y conocer los avances del caso, pero el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde se desahogan los procesos penales, ha incumplido los plazos con triqui?uelas y pretextos.

La informaci¨®n de los procesos penales contra Lozoya por los casos de Odebrecht y AHMSA debe ser p¨²blica por tratarse de un expediente judicial donde se investigan delitos relacionados con actos de corrupci¨®n. Lozoya es se?alado de recibir 10,5 millones de d¨®lares en sobornos por parte de Odebrecht, y es acusado de recibir ilegalmente al menos tres millones de d¨®lares por haber orquestado la compra a sobreprecio de una planta de fertilizantes de AHMSA por parte de Pemex.

El Poder Judicial no es el ¨²nico que se niega a transparentar los procesos penales seguidos contra Lozoya. La Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR), la entidad encargada de recopilar las evidencias y presentar las acusaciones, tambi¨¦n mantiene en la opacidad la carpeta de investigaci¨®n que integr¨® el Ministerio P¨²blico, pese a que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Informaci¨®n (INAI) le ha ordenado revelar documentaci¨®n del expediente.

A trav¨¦s de diversas solicitudes de acceso a la informaci¨®n presentadas ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se pidi¨® acceso a las causas penales 261/2019 (Odebrecht) y 211/2019 (AHMSA). Las primeras peticiones se realizaron el 9 de diciembre de 2019, cuando Lozoya estaba pr¨®fugo, y las m¨¢s recientes se enviaron en noviembre pasado, tres meses despu¨¦s de que el exdirector de Pemex compareci¨® ante el juez. En todos los casos ha habido retrasos y evasivas para cumplir con las entregas.

Por ejemplo, la primera solicitud para tener acceso al expediente 261/2019 sobre los sobornos de Odebrecht recibi¨® una respuesta positiva el 10 de febrero de 2020 (dos d¨ªas antes de la captura de Lozoya en Espa?a). El CJF pidi¨® que se pagara el costo para digitalizar los documentos y aunque desde el 12 de febrero se hicieron los pagos y la informaci¨®n debi¨® entregarse a mediados de marzo, la unidad de transparencia incumpli¨® con los plazos legales y entreg¨® hasta octubre la informaci¨®n, aunque de forma incompleta y con decenas de p¨¢ginas faltantes.

Para no entregar la informaci¨®n a tiempo, los funcionarios responsables dijeron que el ¨®rgano judicial encargado de elaborar la versi¨®n p¨²blica de los expedientes ten¨ªa una sobrecarga de trabajo. Luego, el Poder Judicial suspendi¨® entre el 23 de marzo y el 18 de septiembre los plazos para el tr¨¢mite de las solicitudes debido a la pandemia. Conclu¨ªdo ese periodo y una vez que se reanud¨® el seguimiento a las peticiones, la traba que argumentaron era que solo estaba trabajando personal de guardia en los juzgados y no ten¨ªan el tiempo suficiente para preparar la documentaci¨®n.

A mediados de julio Lozoya fue extraditado a M¨¦xico y las autoridades judiciales segu¨ªan esgrimiendo una serie de pretextos para retrasar la entrega del expediente. El primer env¨ªo se realiz¨® el 27 de octubre y el ¨²ltimo hasta el 8 de diciembre del a?o pasado. Sin embargo, la informaci¨®n proporcionada est¨¢ incompleta y excesivamente tachada.

El CJF entreg¨® cientos de p¨¢ginas del expediente contra Lozoya, pero casi toda la informaci¨®n clave se encuentra suprimida y aparece en blanco, por lo que resulta imposible conocer c¨®mo ha avanzado el caso en los tribunales.

Los documentos sobre Odebrecht entregados est¨¢n divididos en 10 archivos y un cuadernillo, que incluyen m¨¢s de 850 p¨¢ginas con datos recabados desde julio de 2019, cuando la Fiscal¨ªa solicit¨® la orden de aprehensi¨®n contra del exdirector de Pemex, hasta marzo pasado.

En las versiones p¨²blicas entregadas, el Poder Judicial ocult¨® toda la informaci¨®n sobre los nombres de empresas vinculadas a Lozoya que recibieron los pagos de Odebrecht, las direcciones de inmuebles, los nombres de funcionarios p¨²blicos, incluidos gobernadores y el del propio Lozoya, as¨ª como los datos de los contratos que dio Pemex a la constructora brasile?a.

Entre la informaci¨®n suprimida se encuentran los nombres de los bancos que facilitaron el pago de sobornos, los n¨²meros de las cuentas y sus beneficiarios, los nombres de los abogados de Lozoya, el n¨²mero de la carpeta de investigaci¨®n y hasta el domicilio y los tel¨¦fonos que indic¨® la FGR para recibir notificaciones.

Los documentos entregados incumplen los criterios establecidos por la propia Judicatura para la elaboraci¨®n de versiones p¨²blicas en materia de transparencia. Sus lineamientos, encaminados a proteger la privacidad de los implicados, se?alan que deber¨¢n suprimirse datos relacionados al nombre o alias de las personas implicadas, a excepci¨®n de que se trate de servidores p¨²blicos. Los documentos que contengan informaci¨®n personal como constancias m¨¦dicas, actas de nacimiento, fotograf¨ªas o licencias de conducir, tambi¨¦n pueden transparentarse siempre y cuando se determine que es mayor el inter¨¦s p¨²blico en conocer detalles del caso al derecho a la privacidad.

Para Eduardo Boh¨®rquez, director de Transparencia Mexicana, la informaci¨®n debe ser p¨²blica cuando se trata de un caso de corrupci¨®n por lo que el INAI debe revisar los criterios que sigui¨® el CJF al suprimir la informaci¨®n del expediente de Lozoya. ¡°Nuestra posici¨®n hist¨®rica ha sido que los casos de corrupci¨®n, por tratarse de asuntos de inter¨¦s p¨²blico, deben ser abiertos de forma proactiva siempre y cuando la apertura no afecte el curso de las investigaciones o alerte sobre la estrategia litigiosa del Ministerio P¨²blico¡±, dijo.

Los expedientes que fueron ¡°rasurados¡± para ocultar informaci¨®n relevante contienen las solicitudes enviadas por la FGR para capturar a Lozoya, a su esposa, a su madre y a su hermana. Adem¨¢s de las ¨®rdenes de aprehensi¨®n, el expediente incluye los amparos presentados por el exdirector de Pemex y su familia, incluidas las ampliaciones de las demandas, resoluciones de amparos y recursos de revisi¨®n contra las sentencias, entre otros.

Los documentos tambi¨¦n contienen los permisos solicitados al juez por Gilda Austin, la madre de Lozoya, para que la dejara salir temporalmente de su residencia en noviembre de 2019, aunque est¨¢n tachadas las direcciones a las que acudi¨®, las fechas, los horarios o las razones por las que pidi¨® abandonar su arraigo domiciliario. La se?ora Austin fue detenida en 2019 al norte de Alemania, en la peque?a isla de Juist, donde estaba con sus nietos, los hijos de Lozoya.

En noviembre pasado, Quinto Elemento Lab solicit¨® nuevamente los expedientes de los tomos 2 y 3 de la causas penales contra Lozoya, pero la unidad de transparencia del CJF respondi¨® el 12 de enero que era imposible entregar los documentos debido a la crisis del coronavirus. ¡°Atendiendo las medidas necesarias para evitar la propagaci¨®n del virus covid-19, esta Secretar¨ªa advierte la imposibilidad legal para atender la solicitud¡±.

El Poder Judicial aprob¨® una serie de medidas para evitar contagios de funcionarios que prestan sus servicios en los juzgados y tribunales de la Ciudad de M¨¦xico, determinando que del 5 de diciembre al 11 de enero s¨®lo se atender¨ªan asuntos urgentes, aunque la suspensi¨®n de plazos debi¨® notificarse al INAI y eso no sucedi¨®.

¡°La suspensi¨®n de plazos no implica nulidad de operaciones (...) Los casos como el de Lozoya, que evidentemente continuaron durante la emergencia sanitaria, deber¨ªan ser abiertos¡±, consider¨® Boh¨®rquez.

La negativa a entregar informaci¨®n ha impedido conocer las diligencias judiciales realizadas desde que Lozoya fue presentado ante el juez. Tampoco se conocen las resoluciones tomadas desde que el exdirector de Pemex sali¨® del hospital en julio pasado para seguir su proceso en libertad, como las ¨®rdenes de aprehensi¨®n giradas, las pruebas periciales, las comparecencias de testigos clave o las audiencias que se han celebrado en los ¨²ltimos meses.

Las peticiones para conocer los expedientes de la causa penal 211/2019, que contiene las indagatorias sobre el caso AHMSA, tambi¨¦n han sido frenadas. El 20 de febrero del 2020 se solicit¨® acceso a los documentos y la respuesta positiva del Centro de Justicia lleg¨® hasta el 13 de agosto, pero hasta el momento el juzgado no ha entregado nada y los funcionarios de la unidad de enlace dijeron que la informaci¨®n no ser¨ªa entregada porque el juzgado est¨¢ atendiendo s¨®lo asuntos ¡°urgentes¡±, y las solicitudes de transparencia no entran en esa categor¨ªa.

Ante las negativas del Poder Judicial, Quinto Elemento Lab interpuso diversos recursos de revisi¨®n para que el INAI resuelva si la informaci¨®n debe ser p¨²blica, pero hasta ahora el CJF sigue manteniendo bajo sigilo los dos expedientes contra Lozoya. Este mi¨¦rcoles 27 se cumplen cuatro a?os desde que la Fiscal¨ªa abri¨® la investigaci¨®n sobre el entramado de corrupci¨®n y sobornos que dej¨® Odebrecht en M¨¦xico.

Sin haber pisado la c¨¢rcel en M¨¦xico, Lozoya protagoniza el caso de corrupci¨®n del exfuncionario de m¨¢s alto rango en el pa¨ªs que haya sido acusado de recibir sobornos, pero sus audiencias no han sido p¨²blicas ni se difunden por medios digitales. El Poder Judicial ha decidido relatar las audiencias a los periodistas a trav¨¦s de un chat excus¨¢ndose en las medidas restrictivas adoptadas en los juzgados ante la contingencia sanitaria por la covid-19.