Los LeBaron abren la puerta a la reapertura del ¡®caso Cienfuegos¡¯

Un juez federal ha abierto una v¨ªa de agua para la reapertura del caso contra el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa durante el Gobierno de Enrique Pe?a Nieto imputado en EE UU por narcotr¨¢fico y lavado de dinero en noviembre del a?o pasado. Tras una ins¨®lita cruzada diplom¨¢tica, el general fue trasladado a M¨¦xico y exonerado de todos los cargos tan solo dos meses despu¨¦s por la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR). Un juzgado administrativo ha admitido ahora un recurso de amparo que cuestiona la actuaci¨®n de la Fiscal¨ªa mexicana y solicita el acceso a todo el expediente y que se reabra el caso. El avance del recurso est¨¢, de momento, paralizado por una impugnaci¨®n presentada tanto por la Presidencia como por la Canciller¨ªa.

El amparo ha sido promovido por la familia LeBaron, v¨ªctimas de una brutal matanza hace dos a?os en Sonora, y veteranos activistas contra la violencia. Los dos pilares de su demanda son, por un lado, que la Fiscal¨ªa solo public¨® parte del expediente de manera tendenciosa para justificar la exoneraci¨®n. Por otro, que la resoluci¨®n que cerraba el caso tampoco estaba suficientemente fundada. El juez administrativo ha aceptado las dos cuestiones y, de seguir adelante, podr¨ªa derivar en una orden a la Fiscal¨ªa para que reanude la investigaci¨®n contra el general y entregue el expediente completo a los abogados del clan LeBaron.

Estos avances, en todo caso, est¨¢n de momento paralizados por la impugnaci¨®n presentada por el Gobierno mexicano, que argumenta que los demandantes no tienen legitimaci¨®n para promover el amparo al no ser v¨ªctimas directas en el proceso contra el militar. ¡°Nuestra posici¨®n es que en los delitos de crimen organizado las v¨ªctimas somos todos como sociedad y tenemos derecho a acudir a un tribunal. Es algo que ya se reconoce en la v¨ªa civil o medioambiental. Estamos buscando que se acepta tambi¨¦n en el ¨¢mbito penal como una herramienta contra la arbitrariedad de las fiscal¨ªas¡±, apunta el abogado de la familia Carlos Azeem. La vista para avanzar en el recurso, una vez se resuelva la impugnaci¨®n, est¨¢ prevista para junio.

La exoneraci¨®n del jefe del Ej¨¦rcito mexicano a medidos de enero ha estado rodeada de una enorme pol¨¦mica y bajo la sombra de fuertes presiones pol¨ªticas para salvar el nombre de esta instituci¨®n, a quien el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador ha dado un poder casi omn¨ªmodo tras tomar posesi¨®n.

La Operaci¨®n Padrino

La acusaci¨®n en EE UU contra Cienfuegos estaba sustentada en una investigaci¨®n de m¨¢s de seis a?os por parte de la Agencia Federal Antidrogas (DEA). La llamada Operaci¨®n Padrino, seg¨²n la cual as¨ª llamaban en el mundo del hampa a quien hab¨ªa sido secretario de Defensa de M¨¦xico hasta hace poco menos de tres a?os. Cienfuegos estaba acusado de trabajar para el crimen organizado; de traficar con miles de kilos de hero¨ªna, coca¨ªna, marihuana y metanfetaminas; de proteger y colaborar con un cartel en concreto (los Beltr¨¢n Leyva) y de lavar el dinero de los sobornos millonarios. El expediente de la DEA fue respaldado por la Fiscal¨ªa estadounidense y por un juez de Nueva York que lleg¨® a procesar formalmente al general.

La artiller¨ªa diplom¨¢tica mexicana logr¨®, en una negociaci¨®n sin precedentes, que la Fiscal¨ªa estadounidense retirara los cinco cargos contra Cienfuegos ante la estupefacci¨®n de los jueces federales de Brooklyn, donde iba a desarrollarse el juicio. El argumento de la Canciller¨ªa fue una supuesta grave violaci¨®n de los acuerdos bilaterales en seguridad debido a la nula comunicaci¨®n y la actividad unilateral de las autoridades estadounidenses en la investigaci¨®n, detenci¨®n e imputaci¨®n del general. El propio L¨®pez Obrador entr¨® en escena amenazando con expulsar a los agentes estadounidenses que trabajan en M¨¦xico al considerar el caso Cienfuegos como una afrenta a la soberan¨ªa. A cambio del traslado del general, prometi¨® abrir una investigaci¨®n exhaustiva por parte de la FGR.

Las pesquisas de las autoridades mexicanas apenas duraron dos meses, que cerraron el caso aduciendo que ¡°el general Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organizaci¨®n delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicaci¨®n alguna con ellos, ni realiz¨® actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos¡±. Durante la investigaci¨®n, la Canciller¨ªa difundi¨® parte del expediente de la DEA. M¨¢s de 700 p¨¢ginas con miles de mensajes de tel¨¦fono celular interceptados a miembros del cartel Beltr¨¢n Leyva entre diciembre de 2015 y febrero de 2017 en los que presuntamente se hace referencia a la participaci¨®n del militar en los negocios de los narcotraficantes.

La defensa de los LeBaron considera que la filtraci¨®n de esos documentos supone una de las irregularidades que justifican la reapertura de las investigaciones. ¡°La Fiscal¨ªa no cumpli¨® con los protocolos legales para identificar hasta d¨®nde se puede hacer p¨²blica la prueba. Public¨® lo que quiso para justificar la exoneraci¨®n¡±, a?ade el abogado Azeem. La publicaci¨®n de parte del expediente ya fue cuestionada por juristas y acad¨¦micos, que subrayaban que se trataba de un material preliminar y parcial que obviaba todo el trabajo posterior de los fiscales estadounidenses y del juez que llevo a cabo el procesamiento. Todos esos documentos fueron enviados por las autoridades estadounidenses en el marco de la negociaci¨®n diplom¨¢tica.

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