¡°Les doy mi sangre y mi cabello, porque cuando se llevaron a mi hijo ya me lo quitaron todo¡±

En el n¨²mero 910 de la avenida Explanada la sangre se escurre por las paredes claras. Tambi¨¦n est¨¢ manchada la puerta negra de la sede que el Gobierno del Estado de M¨¦xico tiene en Lomas de Chapultepec, uno de los barrios m¨¢s acomodados de la capital. En rojo se lee amnist¨ªa, justicia y libertad. Con su propia sangre, decenas de mujeres han escrito lo que llevan meses pidiendo: la excarcelaci¨®n de sus hijos, hermanos o esposos que est¨¢n ¡°injustamente presos¡±. Fueron v¨ªctimas de torturas, fabricaciones de delitos o irregularidades en sus procesos penales, seg¨²n ha dejado acreditado la Comisi¨®n de Derechos Humanos del Estado de M¨¦xico (CODHEM). La mayor¨ªa de ellos son j¨®venes, de entornos sociales muy humildes y de piel morena. ¡°En el Estado de M¨¦xico se criminaliza la juventud, la pobreza y lo ind¨ªgena¡±, apunta el abogado Antonio Lara, del centro Zeferino Ladrillero. Un informe de esta organizaci¨®n calcula que en el Estado de M¨¦xico hay m¨¢s de 19.000 personas privadas de libertad que no tuvieron derecho a un proceso justo y regular.

En 2015, Antonio Candelaria ten¨ªa 22 a?os, estudiaba Ingenier¨ªa de Sistemas en la Universidad de Londres e iba a clases de teatro. Tambi¨¦n trabajaba de taxista para costear sus estudios. Ahora, Antonio Candelaria tiene 27 a?os y pasa desde hace seis los d¨ªas en la c¨¢rcel. Fue detenido el 20 de abril de 2015 en el centro comercial Mundo E, en Ciudad de M¨¦xico. ¡°En el v¨ªdeo de seguridad se ve c¨®mo se lo llevan hombres y mujeres sin uniforme. Nosotros pensamos al principio que era un secuestro¡±, cuenta su madre, Alicia Reyes.

Despu¨¦s de tres d¨ªas sin noticias, Antonio llam¨® desde la prisi¨®n federal de Nayarit donde estaba arrestado: lo acusaban de secuestro, vinculaci¨®n al crimen organizado y extorsi¨®n. A Reyes se le quiebra un poco la voz cuando relata que en las 72 horas que ellos lo buscaban por calles y hospitales, su hijo hab¨ªa sido rapado y amenazado con una pistola, ahogado con una toalla mojada, hab¨ªa recibido toques el¨¦ctricos, se hab¨ªa desmayado y los golpes lo hab¨ªan levantado de nuevo. La polic¨ªa quer¨ªa que confesara que formaba parte de un cartel, pero nunca firm¨® la hoja en blanco. ¡°Tuvieron que abrir una carpeta de investigaci¨®n por tortura, pero no le dieron seguimiento¡±, narra Reyes. El juez federal encargado del caso se declar¨® incompetente y, a los tres meses, Antonio ingres¨® en el penal de Barrientos, en el Estado de M¨¦xico. Ya solo le achacaban el delito de extorsi¨®n. En un juicio oral, en el que la familia acusa que no tuvo la defensa adecuada, lo condenaron a 43 a?os que, tras un amparo, se convirtieron en 40.

La Ley de Amnist¨ªa se ha vuelto la ¨²ltima esperanza de esta y muchas familias, que denuncian casos plagados de errores. Bajo el paraguas de la iniciativa federal, en diciembre del a?o pasado, el Congreso del Estado de M¨¦xico aprob¨® el reglamento para amnistiar a personas privadas de libertad que est¨¢n en la c¨¢rcel ¡ªcon o sin sentencia¡ª por delitos menores. Estos pueden ser cr¨ªmenes contra la salud, robo en algunas modalidades, aborto, sedici¨®n o delitos involuntarios, por ejemplo.

Adem¨¢s, esta ley de amnist¨ªa contempla a los condenados por cr¨ªmenes de alto impacto, como homicidio o secuestro, que fueron torturados o v¨ªctimas de irregularidades en su proceso, siempre que lo acredite alg¨²n organismo p¨²blico de derechos humanos. Con base en ese dictamen, una comisi¨®n legislativa emite su recomendaci¨®n al Poder Judicial sobre estos casos especiales. El diputado de Morena Gerardo Ulloa, presidente de la comisi¨®n, lo defini¨® as¨ª: ¡°No se puede negar que hubo fabricaci¨®n de delitos para imputar a gente de escasos recursos en causas penales por il¨ªcitos como secuestro y hasta homicidios¡±.

Pero la ¨²ltima palabra sobre estos casos la tienen los jueces, quienes hasta ahora solo han aprobado una solicitud. ¡°Se trata de una actitud de encaprichamiento institucional. Hubo una directriz general que emit¨ªa que nadie en el poder judicial del Estado de M¨¦xico iba a permitir que se reconociera que se hicieron mal las cosas¡±, explica el abogado Antonio Lara, del centro Zeferino Ladrillero. ¡°Para el Poder Judicial estos casos son puntos negros en su historial. En el discurso p¨²blico no se admiten este tipo de errores. Se consideran casos aislados¡±, a?ade. Los informes de las organizaciones de derechos humanos en el Estado apuntan entre 13.000 y 19.000 de esos casos de personas ¡°injustamente presas¡± de un total de 30.000 individuos encarcelados. Es decir, la mitad de la poblaci¨®n penitenciaria total en la entidad no tuvo derecho al debido proceso.

¡°Lo reconoc¨ª por moreno y por mugroso¡±

Las familias han reaccionado con desesperaci¨®n ante la negativa de los jueces. La semana pasada, la abuela, la t¨ªa y la madre de Antonio Candelaria, acompa?adas de m¨¢s de una veintena de mujeres que luchan por casos similares, se raparon el cabello frente al palacio del Poder Judicial del Estado de M¨¦xico. Este jueves, todas ellas se han sacado sangre con la que pintar los muros de la representaci¨®n estatal. Las enfermeras les han pinchado y en una jeringuilla se han llevado el l¨ªquido. Con un guante han arrastrado las palabras: ¡°Amnist¨ªa que se cumpla¡±. Estas mujeres, ahora rapadas y con los dedos manchados de sangre, han recibido recientemente el apoyo de la CODHEM. La organizaci¨®n de Derechos Humanos ha emitido un dictamen favorable para la liberaci¨®n de sus familiares pues ha documentado irregularidades, fabricaci¨®n de delitos o torturas. En total, la CODHEM se ha pronunciado a favor de 24 casos.

Las irregularidades detectadas se repiten: arrestos sin orden de aprehensi¨®n, horas y d¨ªas incomunicados, malos tratos durante la detenci¨®n, condenas con base en ¨²nicos testigos o indicios. Es el caso de Daniel Pl¨¢cido quien fue acusado de secuestro y se?alado por la v¨ªctima cuando caminaba por las calles de Toluca. ¡°Dijo que reconoci¨® a mi hermano por moreno y por mugroso. En la declaraci¨®n consta que lo identific¨® porque estaba lleno de suciedad¡±, cuenta indignada Lady Pl¨¢cido, de 33 a?os. Explica que Daniel llevaba la ropa y las manos manchadas porque trabajaba en una vulcanizadora, reparando llantas, y en una herrer¨ªa ayudando a su padre. Fue arrestado el 5 de noviembre de 2015 cuando ten¨ªa 26 a?os. ¡°Cuando lo detuvieron le dijeron que iban a violar a su esposa y a su hija delante de sus ojos si no reconoc¨ªa lo que hab¨ªa hecho. Le dijeron que nos iban a desaparecer¡±. Sin pruebas cient¨ªficas, ni peritajes, sin huellas ni registro de llamadas que respaldaran la identificaci¨®n del testigo, Daniel Pl¨¢cido fue condenado a 70 a?os.

Las causas, seg¨²n las organizaciones de derechos humanos, hay que encontrarlas en las pol¨ªticas de efectividad de las fiscal¨ªas. ¡°El Ministerio P¨²blico en el Estado de M¨¦xico entiende la efectividad como m¨¢s gente en la c¨¢rcel. El problema de entenderlo as¨ª es que no importa quien est¨¦ en la c¨¢rcel siempre que tengas a alguien en la c¨¢rcel¡±, apunta Lara, que reformula: ¡°Los detienen porque necesitan que alguien pague el robo, secuestro u homicidio que hubo¡±. En el Centro Zeferino Ladrillero constatan que muchos de los que est¨¢n injustamente presos son chicos j¨®venes que ¡°por ser pobres no alcanzaron la justicia¡±. Adem¨¢s de una criminalizaci¨®n de los rasgos ind¨ªgenas.

Le ocurri¨® a Daniel Gonz¨¢lez, mazahua de Villa Victoria, preso con 27 a?os en 2015. ¡°Les doy mi sangre y mi cabello, porque cuando se llevaron a mi hijo ya me lo quitaron todo¡±, dice su madre, Silvia Romero. Es tambi¨¦n Luis Edgardo ?vila, a quien le pidieron dinero o terrenos para dejarlo libre, pero no ten¨ªa, a quien su hermana Edelmira jur¨® sacar de prisi¨®n hace ya siete a?os. En las paredes y en las conversaciones, estas mujeres comparten la misma duda: ¡°Ya est¨¢ la ley y el pronunciamiento de derechos humanos, ?por qu¨¦ no los quieren dejar salir?¡±.

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