M¨¦xico defiende la pol¨¦mica reforma judicial ante la CIDH: ¡°Los jueces han faltado a su deber y han liberado a narcotraficantes¡±

M¨¦xico est¨¢ bajo evaluaci¨®n del sistema de Estados Interamericanos por la pol¨¦mica reforma judicial que somete a voto popular la selecci¨®n de todos los jueces. Las agrupaciones civiles de juzgadores han llevado a la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la reforma oficialista, alegando que atenta contra los derechos laborales de los funcionarios judiciales y contra la independencia en la impartici¨®n de justicia. La primera audiencia entre las partes ha ocurrido este martes, en Washington. La ¨²ltima esperanza de quienes se oponen a la enmienda est¨¢ depositada en los tribunales internacionales, luego de que la Suprema Corte de M¨¦xico desech¨® las impugnaciones a la reforma y confirm¨® su validez. Sin embargo, por mucho que el asunto escale en el futuro hasta una recomendaci¨®n o una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana, es dif¨ªcil que M¨¦xico est¨¦ en la disposici¨®n de acatarla. Morena, el partido en el poder, ha descalificado a la CIDH y a la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA), a los que considera instrumentos al servicio de las ¨¦lites conservadoras.

El Gobierno mexicano ha enviado a la audiencia de este martes a dos representantes para defender ante los comisionados la enmienda oficialista. Antonio Montero, director general de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejer¨ªa Jur¨ªdica presidencial, ha afirmado que la reforma es ¡°un gran paso¡± para democratizar al Poder Judicial. El funcionario ha defendido que M¨¦xico, aun siendo Estado parte, tiene derecho a organizarse ¡°como mejor le convenga¡± y de ¡°legislar sobre sus intereses¡±. Ante jueces presentes en la audiencia, incluido el ministro de la Suprema Javier Laynez, Montero ha acusado a los juzgadores mexicanos de ¡°faltar a su deber de impartir justicia¡±. ¡°Esta reforma era necesaria para recobrar la confianza ciudadana en los tribunales y en general en el sistema de justicia, toda vez que en M¨¦xico los jueces [¡­] han liberado a delincuentes comunes y peligrosos, a narcotraficantes, han dictado sentencias sin perspectiva de g¨¦nero, han legalizado el despojo de tierras de pueblos ind¨ªgenas, y est¨¢ ampliamente documentado el nepotismo de los poderes judiciales federal y de los Estados¡±, ha sostenido. Detr¨¢s de ¨¦l, los asistentes levantaban las cejas ante sus acusaciones, repetidas en su momento por el expresidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, gran art¨ªfice de la enmienda judicial.

Los integrantes de la CIDH han planteado a los representantes mexicanos sus preocupaciones en torno a la implementaci¨®n de la reforma. ¡°Parece que hay un consenso en la necesidad de alguna reforma al sistema de justicia, no solo al Poder Judicial. Pero ?ese proceso de reforma fortalece la independencia, la imparcialidad y la efectividad? ?Esta reforma en particular nos lleva ah¨ª?¡±, ha planteado Roberta Clarke, presidenta de la CIDH. ¡°Uno de los riesgos de este nuevo dise?o es la susceptibilidad de las personas que van a ser electas a la influencia de las clases de dinero, las ¨¦lites y la gente en el crimen organizado. ?C¨®mo se responde a esta preocupaci¨®n?¡±, ha preguntado. La comisionada Andrea Pochak ha advertido de que existe suficiente evidencia de procesos de elecci¨®n de jueces similares en otros pa¨ªses, con ¡°lecciones aprendidas¡±. ¡°Hay riesgos de mayor p¨¦rdida de confianza, de poca participaci¨®n ciudadana en las elecciones, de que el sistema de elecci¨®n popular quede paralizado por tensiones pol¨ªticas partidarias¡±, ha apuntado.

Pochak ha referido que el ¨¢nimo de democratizar al Poder Judicial no puede contravenir el principio de la independencia de los juzgadores, y que tampoco puede basarse en la remoci¨®n colectiva de funcionarios judiciales, una de las principales cr¨ªticas a la enmienda oficialista. La comisionada ha preguntado a los representantes mexicanos cu¨¢l es el diagn¨®stico que orient¨® la reforma, si el estudio es conocido y qu¨¦ investigaciones especializadas se tomaron en cuenta; por qu¨¦ la enmienda no incluy¨® a las fiscal¨ªas o las defensor¨ªas p¨²blicas; c¨®mo garantizar que juristas honestos se animen a competir y que la campa?a para ser incluidos en la boleta electoral no implique negociaciones indebidas; y c¨®mo impactar¨¢ el ¡°enorme costo econ¨®mico¡± que tendr¨¢ la reforma en la promoci¨®n y garant¨ªa de los derechos econ¨®micos y culturales del pueblo.

El comisionado Carlos Bernal ha sido el m¨¢s duro en sus cr¨ªticas a la reforma judicial. Ha afirmado que es un ¡°ejemplo de manual de constitucionalismo abusivo¡±, que tiene lugar, ha explicado, cuando un gobierno intenta desmontar los controles al Ejecutivo. ¡°Se ha visto en los autoritarismos de nuestro tiempo en el mundo entero y yo creo que el caso de M¨¦xico es de libro¡±, ha se?alado. Bernal ha a?adido que es ¡°sospechoso¡± que una fuerza pol¨ªtica que ha arrasado en las urnas para la presidencia y el Congreso, como Morena, quiera someter al voto popular la elecci¨®n de los jueces.

El emisario de M¨¦xico, Montero, ha respondido a los cuestionamientos de la CIDH citando algunos aspectos de la reforma: que los nuevos jueces tendr¨¢n que capacitarse constantemente, que ser¨¢n independientes porque no podr¨¢n recibir apoyo de los partidos para hacer campa?a, que su permanencia en el cargo est¨¢ garantizada. Al final, ha criticado las medidas de resistencia de los funcionarios judiciales, que han llamado a paro de laborales, y ha dicho que su defensa les sit¨²a ¡°en un claro conflicto de inter¨¦s¡±. Ha asegurado que hasta ahora no ha habido violaciones a los derechos humanos con la aplicaci¨®n de la enmienda. ¡°Son especulaciones¡±, ha afirmado. El funcionario ha hecho eco de la posici¨®n oficialista en el sentido de que la reforma judicial fue un ¡°mandato popular¡± en la elecci¨®n del pasado 2 de junio. ¡°Fue apabullante, fue total¡±, ha resumido. La CIDH continuar¨¢ con las consultas a las partes antes de emitir una resoluci¨®n.