La impunidad crece en M¨¦xico: un 94,8% de los casos no se resuelven

De poco sirve el combate a la corrupci¨®n, la persecuci¨®n de criminales para reducir las enormes cifras de violencia que soporta M¨¦xico desde hace casi una d¨¦cada ¡ªcasi 100 asesinatos al d¨ªa¡ª si la inmensa mayor¨ªa de los casos no se resuelven. Un amplio informe de M¨¦xico Eval¨²a, que revisa la informaci¨®n oficial sobre el trabajo de las fiscal¨ªas y jueces en 2020, arroja un dato estremecedor: un 94,8% de los delitos no ve una salida. Ni una sentencia, pero tampoco un acuerdo entre las partes, ni reparaci¨®n del da?o, en muchos casos ni llegan a juicio y quedan varados en el archivo temporal. La cifra ha aumentado desde 2019, que ya manejaba un 92,4%. La impunidad crece con unas fiscal¨ªas asfixiadas por el n¨²mero de carpetas y alimenta la seguridad de que matar, extorsionar, secuestrar o desaparecer en M¨¦xico sale pr¨¢cticamente gratis.

La coordinadora del informe, Chr¨ªstel Rosales, explica que el principal problema que ha impedido resolver el lastre de la impunidad es que en los Ministerios P¨²blicos no existe un protocolo de priorizaci¨®n de casos. El escaso presupuesto no se maneja de forma eficiente y se atiende la cascada de denuncias sin ning¨²n orden. Seg¨²n sus estudios, al menos un 30% de los delitos se podr¨ªan haber desahogado por la justicia alterna, pero no existe apenas ese filtro. ¡°Le dan la misma prioridad a una desaparici¨®n u homicidio que a un robo menor¡±, explica. La falta de visi¨®n estrat¨¦gica en pol¨ªtica criminal, cuenta la investigadora, provoca que solo uno de cada dos casos reciba alg¨²n tipo de respuesta de la fiscal¨ªa, y de los que lo hacen, un 60% son archivados. ¡°En algunos delitos como tortura o desaparici¨®n, la impunidad roza el 100%¡±, agrega.

El documento alerta sobre el colapso de los agentes investigadores. En promedio, los fiscales inician por persona 145 carpetas al a?o, pero hay casos como el de Nuevo Le¨®n, donde esta cifra asciende a 456 investigaciones por fiscal; o Sonora, con 326. Y no solo los ministerios p¨²blicos se encuentran rebasados, tambi¨¦n los peritos ¡ªel personal cient¨ªfico encargado de aportar elementos t¨¦cnicos a la investigaci¨®n¡ª. A nivel federal, cada t¨¦cnico atiende al menos 160 solicitudes de an¨¢lisis pericial o estudios, pero a nivel local, m¨¢s de 448. Las cifras desvelan que por tanto, del total de dict¨¢menes solicitados, los peritos atienden menos del 4%. ¡°Esto provoca que los casos no llegan a ser judicializables, no solo por la carga de trabajo, sino por falta de elementos de prueba¡±, explica Rosales. Otra de las deficiencias del sistema es la falta de jueces. M¨¦xico cuenta con algo m¨¢s de cuatro por cada 100.000 habitantes. En Colombia la cifra es mucho mayor, 12; y Costa Rica, el pa¨ªs latinoamericano con menor tasa de impunidad, 26.

La investigaci¨®n revisa la implantaci¨®n del nuevo modelo de justicia penal, que se instal¨® definitivamente en 2016 y que pas¨® de un modelo ¡°inquisitorio¡± a uno acorde con los derechos humanos, donde se respeta la presunci¨®n de inocencia. Hasta ese a?o, M¨¦xico manten¨ªa un esquema pr¨¢cticamente medieval, donde la fiscal¨ªa ten¨ªa todos los instrumentos y no hab¨ªa un debate en el juicio. Antes, el inculpado ten¨ªa que probar que era inocente. ¡°Lo que observamos despu¨¦s de cinco a?os es que se mantienen muchas malas pr¨¢cticas del anterior sistema, que terminan por frenar el avance de los casos. No es un problema del dise?o del sistema, sino de operaci¨®n¡±, a?ade Rosales.

Un juez local contaba a este diario un ejemplo de ese tipo de viejas pr¨¢cticas. En los juzgados ha corrido siempre la broma de que las polic¨ªas est¨¢n patrocinadas por la marca de cuchillos Tramontina, el cubierto m¨¢s com¨²n en cualquier casa mexicana. ¡°Solo hace falta un cuchillo para que un robo menor o un presunto narcomenudista entre en prisi¨®n preventiva y el ministerio p¨²blico as¨ª gane tiempo para investigar el caso¡±, relataba. Despu¨¦s, en algunas ocasiones, el acusado logra demostrar que ese cuchillo no era suyo, no hay huellas, ¡°me lo sembraron¡±. Y queda absuelto por otro juez. Hasta que un detenido llega a ese punto, puede pasar dos a?os en la c¨¢rcel.

El informe alerta de un aumento de la prisi¨®n preventiva de un 21% en el ¨²ltimo a?o. Una herramienta que da 24 meses de margen a las fiscal¨ªas para engrosar las carpetas de investigaci¨®n, pero que se buscaba evitar con el nuevo sistema penal pues las c¨¢rceles estaban llenas de gente inocente. El documento advierte adem¨¢s del abuso del procedimiento abreviado ¡ªun mecanismo mediante el cual un acusado se declara r¨¢pidamente culpable sin necesidad de juicio y a cambio obtiene una rebaja de su condena¡ª que ha crecido en un 16%. ¡°Esta herramienta da pie a la vieja pr¨¢ctica de la fabricaci¨®n de culpables. Donde se busca que las personas se asuman responsables y reciban una sentencia aunque no hayan participado, con el objetivo de cerrar el caso y elegir lo menos peor¡±, a?ade Rosales.

Los derechos de los procesados tampoco est¨¢n garantizados. Cada abogado p¨²blico carga con 152 clientes de media, aunque hay entidades con datos m¨¢s dram¨¢ticos, como Veracruz, donde la defensor¨ªa del Estado es casi una utop¨ªa. Tambi¨¦n, el informe registra que una de cada cuatro detenciones fueron ilegales. Y el an¨¢lisis registra adem¨¢s una brecha entre el g¨¦nero de los acusados.

Las mujeres acusadas de cualquier delito tienen m¨¢s posibilidades de ser sentenciadas a prisi¨®n preventiva (un 50%, frente a un 40% de los hombres). Tambi¨¦n, el informe ha detectado que se han impuesto penas m¨¢s altas para ellas, pese a que la cantidad de reclusas es mucho menor que de reclusos. Del total de condenados que reciben penas de m¨¢s de 21 a?os de prisi¨®n, dos terceras partes son mujeres. ¡°Se est¨¢ aplicando una justicia m¨¢s punitiva contra las mujeres y esto sin contar que desde el primer momento en que una mujer se enfrenta a la justicia, desde su detenci¨®n, los derechos que le son garantizados son menores que los hombres: sufren m¨¢s amenazas con hacer da?o a un familiar, se les informa menos sobre sus derechos, son m¨¢s presionadas para dar otra versi¨®n de los hechos y tienen menos posibilidades de contactar a un abogado p¨²blico¡±, cuenta Rosales. La informaci¨®n incluye la amplia encuesta que elabora anualmente el Instituto Nacional de Estad¨ªstica.

Pese a las cifras nacionales, hay algunos Estados en el pa¨ªs que han mejorado sus datos en los ¨²ltimos a?os: Zacatecas, Quer¨¦taro, Nuevo Le¨®n y Coahuila, se han convertido en pioneros en la aplicaci¨®n de protocolos que buscan reducir la impunidad. Pese a que algunos de ellos manejan las cifras de violencia m¨¢s altas del pa¨ªs, sus instituciones se han fortalecido. ¡°Ah¨ª est¨¢n las pistas a seguir para el resto¡±, apunta Rosales. Y lanza un mensaje al Gobierno federal: ¡°Mientras no veamos la realidad de lo que est¨¢ sucediendo, dif¨ªcilmente vamos a revertir esta situaci¨®n. M¨¢s que proclamar el combate a la impunidad y corrupci¨®n, deber¨ªan fortalecer el sistema, buscar la congruencia. Pues parece que vemos un mundo muy distinto¡±.

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