M¨¦xico redobla su ofensiva legal contra el tr¨¢fico de armas: ¡°250.000 pistolas y rifles militares provienen de Massachussets¡±

La batalla legal de M¨¦xico contra el tr¨¢fico de armas sigue su curso. La demanda a 11 fabricantes y distribuidores de Estados Unidos por su responsabilidad en el trasiego de armamento al vecino del sur hab¨ªa sido respondida por las empresas a finales del a?o pasado. La poderosa industria estadounidense cuestion¨® en noviembre tanto la competencia del tribunal donde fue presentada la demanda, Massachusetts, as¨ª como su responsabilidad en la ola de violencia que azota al pa¨ªs. La respuesta de M¨¦xico ha llegado a este martes por medio de un escrito presentado ante el juzgado donde especifica que durante la ¨²ltima d¨¦cada ha confiscado m¨¢s de 250.000 pistolas y rifles militares proveniente del Estado de Massachussets.

La campa?a contra el tr¨¢fico de armas es una vieja demanda de M¨¦xico en la agenda bilateral. El Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador lo ha elevado a una de sus prioridades, insistiendo en cada reuni¨®n diplom¨¢tica y colocando el asunto incluso a la tribuna del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El canciller Marcelo Ebrard sintetiz¨® este martes en sus redes sociales la postura de M¨¦xico: ¡°250.000 armas provenientes de Massachussets fueron confiscadas en M¨¦xico, todas vinculadas a homicidios y delitos contra nuestra sociedad. Por eso la demanda y por eso ganaremos. No m¨¢s armas¡±.

Las compa?¨ªas demandadas, entre las que se encuentra nombres cl¨¢sicos como Barrett, Colt, Glock o Ruger, alegaron tambi¨¦n en su primera respuesta que gozan de inmunidad seg¨²n la legislaci¨®n estadounidense vigente. M¨¦xico especifica por su parte que ¡°no gozan de inmunidad por los da?os causados en territorio mexicano¡± ya que ¡°las demandadas actuaron negligentemente al surtir y distribuir sus productos a vendedores que participan en el tr¨¢fico inicio de armas¡±. Para M¨¦xico, la relaci¨®n causal entre la actividad de las empresas estadounidenses y la violencia en su pa¨ªs queda probada ¡°al mostrar el n¨²mero de armas de las empresas procedentes de Massachusetts que fueron encontradas en M¨¦xico¡±.

Las alegaciones de las compa?¨ªas se enfocaron sobre todo en la falta de competencia de M¨¦xico para demandarles en su propio pa¨ªs: ¡°El Gobierno mexicano no es un ciudadano de Massachusetts¡±. La respuesta mexicana se ha centrado en incidir en que ¡°las empresas comercializan, distribuyen y venden armas de forma que saben que arman habitualmente a los c¨¢rteles de la droga en M¨¦xico¡±. El escrito concreta adem¨¢s que se escudan en que pueden vender a cualquier distribuidor que tenga una licencia federal en los EE UU, ¡°independientemente de las bandas rojas que indican que burla la ley y anda a mover las armas de los acusados a M¨¦xico¡±.

El Gobierno busca una indemnizaci¨®n por da?os que ser¨¢ definida por el tribunal, pero que ¨Dseg¨²n estimaciones de la Canciller¨ªa¨D podr¨ªa alcanzar el 2% del PIB de M¨¦xico. La exigencia se basa no solo en la violencia letal por el flujo de armas ilegales, sino tambi¨¦n por afectaciones econ¨®micas, como la sangr¨ªa de recursos p¨²blicos para sostener la guerra contra los grupos criminales, as¨ª como p¨¦rdidas a industrias como el turismo. Seg¨²n las cifras oficiales del Ejecutivo, la venta ilegal de estos fabricantes y distribuidores estuvo detr¨¢s de al menos 17.000 asesinatos en 2019 y que del 70% al 90% de las armas decomisadas en su territorio vienen de Estados Unidos.

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