Una empresa energ¨¦tica amenaza con demandar a M¨¦xico por 667 millones de d¨®lares
Monterra Energy, subsidiaria de la multinacional KKR, busca recuperar la inversi¨®n en una terminal de almacenamiento cerrada por el Gobierno mexicano
Monterra Energy, subsidiaria de la multinacional estadounidense KKR, planea demandar a M¨¦xico por 667 millones de d¨®lares por el cierre de una terminal de almacenamiento de combustible, seg¨²n revel¨® este lunes The Wall Street Journal y pudo confirmar este peri¨®dico con fuentes cercanas a la empresa. El Gobierno mexicano tiene 90 d¨ªas para reabrir la terminal. Si no lo hace, el caso ser¨¢ llevado ante un tribunal de arbitraje internacional. ¡°Las acciones realizadas hasta ahora por el Gobierno de M¨¦xico no dejan otra alternativa que perseguir todas las opciones jur¨ªdicas disponibles¡±, ha declarado el CEO de Monterra, Arturo Vivar, en un comunicado publicado este martes. El Ejecutivo no se ha pronunciado p¨²blicamente al respecto.
La terminal de almacenamiento de Monterra, en el puerto veracruzano de Tuxpan, fue cerrada en septiembre pasado, hace m¨¢s de cinco meses. La Comisi¨®n Reguladora de Energ¨ªa (CRE) adujo que la empresa no ten¨ªa los permisos en regla. Monterra ha acusado a la CRE en un comunicado de llevar a cabo ¡°una inspecci¨®n extraordinaria¡± con la Guardia Nacional y de cerrar la terminal ¡°sin ninguna justificaci¨®n legal¡±. ¡°La empresa entreg¨® todos los documentos y evidencia necesarios en los ¨²ltimos dos a?os y ha hecho entregas adicionales desde el cierre a las que la CRE simplemente no ha respondido¡±, reza el texto.
La empresa, creada en 2014 y con sede en Houston (Texas), obtuvo en 2018 un permiso de 30 a?os de la CRE para almacenar gasolinas y productos petrol¨ªferos de terceros. El proyecto preve¨ªa una inversi¨®n de 2.891 millones de pesos. La petrolera espa?ola Repsol, uno de sus clientes, ten¨ªa planeado almacenar en las instalaciones de Monterra hasta 450.000 barriles de petr¨®leo con los que suministrar su red de estaciones de servicio en M¨¦xico.
La notificaci¨®n al Gobierno mexicano sobre la intenci¨®n de la empresa de llevar el caso ante un tribunal de arbitraje se ha realizado al amparo del TMEC con EE UU y Canad¨¢ y su predecesor, el TLCAN, que todav¨ªa protege las inversiones norteamericanas. La empresa conf¨ªa en llegar a una soluci¨®n con el Ejecutivo en los pr¨®ximos tres meses que permita reabrir la terminal y evite el arbitraje. ¡°Simplemente pedimos que M¨¦xico salvaguarde el estado de derecho y cumpla con sus obligaciones bajo tratados internacionales. Nuestra preferencia ser¨ªa una alcanzar una resoluci¨®n amistosa¡±, ha dicho Arturo Vivar en el comunicado de Monterra. El laudo de un panel puede demorarse varios a?os pero es inapelable.
La decisi¨®n de Monterra se da en un contexto de tensi¨®n entre el Gobierno y las empresas energ¨¦ticas, a las cuales el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador ha acusado de ¡°saqueo¡±. El a?o pasado, el Ejecutivo impuls¨® una reforma a la ley que regula el sector de los hidrocarburos para facilitar la suspensi¨®n ¡°temporal¡± de permisos a empresas privadas en caso de ¡°peligro inminente para la seguridad nacional, seguridad energ¨¦tica, y la econom¨ªa nacional¡±. Las compa?¨ªas respondieron presentando una bater¨ªa de amparos ante los tribunales.
Desde entonces, el clima se ha caldeado a¨²n m¨¢s. El Ejecutivo ha propuesto una reforma constitucional que plantea cancelar todos los contratos con las empresas del sector el¨¦ctrico y renegociar las condiciones. De ser aprobada, el Estado mexicano se enfrentar¨ªa a reclamos potenciales en tribunales de arbitraje por entre 60.000 y 120.000 millones de d¨®lares, seg¨²n la Confederaci¨®n de C¨¢maras Industriales (Concamin).
La CRE, el organismo supuestamente aut¨®nomo que cerr¨® la terminal de almacenamiento de Monterra, ha sido acusada de alinearse con las pol¨ªticas del Gobierno federal. Recientemente, la instituci¨®n paraliz¨® la operaci¨®n de una planta de ciclo combinado de Iberdrola en Monterrey al denegarle la modificaci¨®n de un permiso. La multinacional espa?ola ha presentado una demanda de amparo frente a la medida.
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