Condenado a tres a?os de prisi¨®n el exjefe de la Comisi¨®n Nacional de B¨²squeda por traficar con el ADN de los desaparecidos

El que fuera el primer titular la Comisi¨®n Nacional de B¨²squeda de M¨¦xico, Roberto Cabrera Alfaro, durante el Gobierno de Enrique Pe?a Nieto (2012-2018), ha sido condenado a tres a?os de prisi¨®n por traficar con los datos de ADN de miles de familias que buscan a sus desaparecidos. El juez ha impuesto una fianza de 25.000 pesos, unos 1.200 d¨®lares, a cambio de la libertad condicional y una multa de 3.019 pesos (unos 150 d¨®lares). El fallo ha concluido que Cabrera entreg¨® a una empresa privada la base p¨²blica de 49.000 perfiles gen¨¦ticos, sin que haya constancia de una compra-venta, lo que le permiti¨® a la firma lucrarse con la desesperaci¨®n de las v¨ªctimas. La empresa ADN M¨¦xico tuvo acceso a las bases de datos nacionales de b¨²squeda y les promet¨ªa a las familias encontrar los restos. Las audiencias del caso que resolvi¨® este jueves la justicia han desvelado una trama m¨¢s compleja que oper¨® presuntamente con el apoyo del Gobierno federal y algunos estatales para abrirle la puerta al negocio del dolor, un bot¨ªn millonario de la gran tragedia que asola al pa¨ªs.

La Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica acus¨® a Cabrera de haber entregado el 31 de mayo de 2017, a las 18.00 horas, en las oficinas de la entonces Comisi¨®n Nacional de Seguridad, una base de datos con miles de perfiles gen¨¦ticos en un USB a la empresa ADN M¨¦xico, cuyo nombre mercantil es Central ADN. Seg¨²n la acusaci¨®n, el funcionario le otorg¨® esta informaci¨®n a la directora comercial de Gen¨¦tica Forense de la firma, Mariana Garc¨ªa Sosa. Esta acci¨®n se produjo al menos dos veces m¨¢s, otra cuando Cabrera era titular de la Comisi¨®n Nacional de B¨²squeda y otra, a trav¨¦s de un convenio con la Fiscal¨ªa General (entonces Procuradur¨ªa) que le permiti¨® a la empresa ingresar unos ordenadores a las oficinas para cuadrar las bases de datos. La causa de este jueves resolvi¨® solo la primera.

Los fiscales federales indicaron que el delito radicaba en que el entonces titular de la Comisi¨®n no suscribi¨® un contrato para dicha entrega, ni hubo una evaluaci¨®n de impacto, a pesar de que se trataba de informaci¨®n sensible que podr¨ªa caer en manos de la delincuencia. Los familiares, v¨ªctimas del tr¨¢fico de sus perfiles gen¨¦ticos, no fueron notificados sobre este proceso, seg¨²n fuentes cercanas al caso.

Por su parte, la defensa de Cabrera hab¨ªa insistido en una coartada, que no ha sido considerada por el juez para su absoluci¨®n: el funcionario no se encontraba ni en su oficina ni en Ciudad de M¨¦xico al momento de los hechos de los que se le acusan. Se hab¨ªa pasado la mitad del d¨ªa, seg¨²n el testimonio de un escolta y un recibo de un boleto de avi¨®n, en Culiac¨¢n (Sinaloa).

El proceso contra Cabrera, que hab¨ªa ostentado altos cargos p¨²blicos, hab¨ªa estado alejado de los focos medi¨¢ticos hasta que un equipo de periodistas independientes publicaron una investigaci¨®n, Traficantes de ADN, en la que, a trav¨¦s de m¨¢s de una decena de testimonios de v¨ªctimas, funcionarios e informantes clave, se?alaron una red mucho m¨¢s amplia que se estaba lucrando con el dolor de los familiares. Un reportaje que desvelaba las profundas grietas de un sistema incapaz de resolver la gran tragedia de los 100.000 desaparecidos y otros m¨¢s de 50.000 cad¨¢veres sin identificar, por el que se hab¨ªa colado una empresa que les promet¨ªa a las v¨ªctimas llegar hasta donde el Estado no hab¨ªa podido.

Todo comenz¨® cuando este grupo de periodistas ¡ªPaula M¨®naco, Wendy Selene P¨¦rez y Luis Brito¡ª se percat¨® en sus acompa?amientos a los familiares en las b¨²squedas de que se hab¨ªa acercado a algunos de ellos una mujer, representante de una empresa de gen¨¦tica forense, y les hab¨ªa ofrecido dar con el paradero de su padre, de su hijo, de su hermano. En algunos casos, la firma contaba con el expediente de la denuncia de desaparici¨®n y con los datos personales de las familias. Contaba adem¨¢s, con la base de datos gen¨¦tica del Gobierno federal y de algunos Estados, que les permitir¨ªa cruzar sus muestras con las de miles de perfiles.

La mujer que se acerc¨® a ellos era Garc¨ªa Sosa, la directora comercial de ADN M¨¦xico. Les ofrec¨ªa adem¨¢s un servicio gratuito. Y muchos de ellos accedieron, se tomaron las muestras y la empresa en algunos casos fall¨® en sus resultados. Las v¨ªctimas segu¨ªan sin conocer el paradero de su familiar y se sent¨ªan estafados. ¡°Ca¨ªmos porque nos dijeron que se iba a confrontar con la base de datos nacional¡±, cuenta en el reportaje una v¨ªctima que busca a su hijo y a su esposo. El grupo de periodistas tuvo entonces un hilo del que tirar, que alcanz¨® a la firma y a altos cargos del Gobierno mexicano.

Durante las audiencias contra Cabrera, la actual comisionada del ¨®rgano, Karla Quintana, revel¨® en una declaraci¨®n que cuando tom¨® posesi¨®n del cargo se encontr¨® un documento en el que la firma ofrec¨ªa sus servicios forenses por 70 millones de pesos (unos 3,5 millones de d¨®lares) a la Comisi¨®n. Aunque no hay ning¨²n registro de que se llevara a cabo esa adjudicaci¨®n.

¡°M¨¢s que el tr¨¢fico de datos personales, que ya de por s¨ª es grave, se est¨¢ hablando de la posibilidad o no de identificar restos humanos, de encontrar a un padre, un hermano o una madre¡±, apunta una de las reporteras, Paula M¨®naco. Y agrega: ¡°Lo que est¨¢ detr¨¢s es mucho m¨¢s grave, son cuerpos en fosas, en panteones o en morgues y familias que no duermen. Y aqu¨ª se est¨¢ juzgando un pedacito muy chiquitito, si Cabrera entreg¨® o no ese d¨ªa y a esa hora un USB. Se pelean por tecnicismos, pero no se dimensiona la magnitud del problema¡±.

En su investigaci¨®n, los periodistas desvelaron que el caso de ADN M¨¦xico solo abr¨ªa la puerta a la entrada de otros laboratorios que hicieran caja con el negocio de la muerte. ¡°Hay cerca de cien mil personas desaparecidas y para cada identificaci¨®n se requieren tres pruebas gen¨¦ticas. En costos actuales, estamos hablando de 40 y 50 d¨®lares por cada muestra de referencia y entre 400 y 500 d¨®lares por analizar cada resto¡±, se?alan. ¡°El bot¨ªn es gigantesco¡±, concluyen, si se multiplica por 100.000 desaparecidos. En d¨®lares, son cerca de 60 millones.

Pese al fallo de la justicia, no hay ning¨²n funcionario m¨¢s acusado por el tr¨¢fico de datos, ni la empresa est¨¢ siendo investigada. ¡°Me parece muy sintom¨¢tico que hay m¨¢s investigaci¨®n en un trabajo period¨ªstico que el que ha hecho la Fiscal¨ªa. No se han centrado en desarticular una red completa. Porque si hubo tr¨¢fico de m¨¢s de 49.000 perfiles gen¨¦ticos no pudo participar solo una persona. Y sobre todo, deben regular este tema, porque en un pa¨ªs con m¨¢s de 100.000 desaparecidos, m¨¢s de 50.000 cuerpos en panteones y m¨¢s de 4.000 fosas clandestinas, m¨¢s laboratorios intentar¨¢n entrar a esto como un negocio. ?Qui¨¦n les va a garantizar a los familiares de los desaparecidos que se van a proteger sus datos y, especialmente, que se va a luchar por identificar y encontrar a los suyos?¡±, critica M¨®naco.

La firma ADN M¨¦xico, constituida en 2013 con sede en Morelia (Michoac¨¢n), seg¨²n revel¨® la investigaci¨®n, cuenta con integrantes en sus puestos directivos con v¨ªnculos con el Gobierno federal. Entre ellos, Hugo Pablo Carlos Scherer Castillo, que al momento de la investigaci¨®n aparec¨ªa como secretario de la sociedad mercantil en el acta constitutiva del Registro P¨²blico del Comercio. Este publicista con una larga historia en campa?as electorales y familiar de Julio Scherer Ibarra, el exconsejero jur¨ªdico del presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, ha trabajado lo mismo para la presidencia de Carlos Salinas de Gortari como para candidatos de los partidos pol¨ªticos PVEM, PRD, PRI y Morena.

Sherer Castillo es expareja de la hoy alcaldesa de ?lvaro Obreg¨®n, L¨ªa Lim¨®n, que fue subsecretaria de Asuntos Jur¨ªdicos y Derechos Humanos de la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n entre 2012 y 2015, cuando comenzaron a aumentar las desapariciones, se promulg¨® la Ley de V¨ªctimas y se estrenaba la primera gran base de datos con el software CODIS financiado por el Gobierno de Estados Unidos dentro de la Iniciativa M¨¦rida, para el combate al crimen organizado.

Otro accionista es Diego Ulibarri G¨®mez, un veterinario que se especializa en caballos. Hasta octubre de 2021, el tesorero de la empresa era H¨¦ctor Marcos D¨ªaz-Santana Casta?os, exfiscal federal de delitos electorales en la contienda presidencial de 2018. En el acta de registro corporativo tambi¨¦n aparece el empresario michoacano Alfonso Fabriciano G¨®mez Sanz, ¡°heredero de una fortuna en hoteles, f¨¢bricas y negocios de construcci¨®n, pariente y socio de los Reyz¨¢bal, un clan del jet set de Espa?a¡±, se?ala el reportaje. Ostenta el t¨ªtulo in¨¦dito de c¨®nsul honorario del Reino de Espa?a en Morelia ¡ªotorgado por el Congreso¡ª y el 19 de julio de 2019 estuvo sentado en una reuni¨®n de empresarios con el presidente L¨®pez Obrador.

Adem¨¢s, Central ADN, seg¨²n la investigaci¨®n period¨ªstica, incorpora los capitales de otras empresas: la inmobiliaria Grupo Arquimio, Prados Camelinas, Legalex y Cr¨¦dix GS, que son propiedad de la familia G¨®mez Sanz. Lo mismo Grupo Cantabria y Hergo Am¨¦rica. Los datos est¨¢n en el Registro P¨²blico de Comercio.

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