La Guardia Nacional y el fraude constitucional

El Senado consum¨® el fraude constitucional que la C¨¢mara de Diputados inici¨® al aprobar, sin mover una coma, la iniciativa presidencial sobre Guardia Nacional. Y es que lo aprobado por las y los legisladores pasa abiertamente por encima del art¨ªculo 21 constitucional y profundiza la militarizaci¨®n. No hay manera de hacer compatible esas reformas con una Constituci¨®n que expresamente ordena que la Guardia Nacional sea civil.

Las deficiencias de las modificaciones son m¨²ltiples. Se rompe la cadena de mando civil al proponerse, en el art¨ªculo 12 de la Ley de la Guardia Nacional, que el primer nivel jer¨¢rquico de la corporaci¨®n lo detente la Sedena. En el art¨ªculo 13, se establece una intervenci¨®n castrense en la Guardia Nacional que excede el apoyo temporal para su consolidaci¨®n institucional y supone que aquella asuma el control pleno de esta, bajo el concepto de que los militares ejerzan el ¡°control operativo y administrativo¡±, al tiempo que el art¨ªculo 19 abre la puerta a la supeditaci¨®n de la Guardia a los mandos territoriales castrenses.

Por otro lado, se ampl¨ªan las facultades de la Guardia Nacional respecto de la investigaci¨®n de delitos y la realizaci¨®n de labores de inteligencia, en el art¨ªculo 21, aunque la asignaci¨®n de estas facultades se encuentra impugnada ante la Suprema Corte de Justicia, que lamentablemente ha demorado demasiado en dirimir si esto es constitucional. Tambi¨¦n se extienden los alcances del fuero militar por efecto del art¨ªculo 57 de la misma Ley. Finalmente, mediante el art¨ªculo Sexto Transitorio, se plantea que la Secretar¨ªa de Seguridad transfiera los recursos presupuestarios y financieros correspondientes a la Sedena, con lo que contin¨²a el aumento sin controles del presupuesto castrense. Este esquema no se presenta, adem¨¢s, como provisional, sino como definitivo.

Es claro: al no tener los votos suficientes para modificar la Constituci¨®n, que se decanta en el art¨ªculo 21 por la v¨ªa civil en la seguridad p¨²blica ¡ªestableciendo con ello una verdadera garant¨ªa org¨¢nica de los derechos en favor de las personas¡ª, las y los diputados que detentan la mayor¨ªa aprobaron reformas que dicen respetar la Constituci¨®n solo para disfrazar su incumplimiento. Su proceder encaja en la definici¨®n que el ministro Arturo Zald¨ªvar brindara sobre el fraude constitucional: ¡°esencialmente consiste en simular que un acto o una norma son compatibles con la Constituci¨®n, cuando no lo son¡±.

Sin duda, la sociedad anhela la disminuci¨®n de la violencia, que tanto dolor y sufrimiento ha causado desde hace tres lustros. Esta es una exigencia urgente en los Estados m¨¢s lastimados por la violencia, donde con toda raz¨®n la poblaci¨®n est¨¢ cansada y espera respuestas, provengan de quien provengan. Por ello, es deseable que la Guardia Nacional se consolide. Pero ir en contra de la Constituci¨®n para entregar por entero esta corporaci¨®n naciente al Ej¨¦rcito es una decisi¨®n errada, que acarrear¨¢ sus propios problemas. Los senadores y las senadoras no evitaron este fraudulento desacierto. Corresponder¨¢ hacerlo a la Suprema Corte, por lo que es deseable que los sujetos legitimados para ello interpongan acci¨®n de inconstitucionalidad.

Estamos entrando al ¨²ltimo tercio de un sexenio que en seguridad y justicia dista de lo esperado. En lo primero, por entregarse por entero a la perspectiva castrense, ampliando el protagonismo militar en seguridad y en otras tantas labores p¨²blicas; en lo segundo, por gastar demasiada energ¨ªa fustigando a la judicatura, cuando en realidad nuestro problema principal de impunidad tiene que ver con que no contamos con fiscal¨ªas funcionales y capaces, tema en el que durante esta Administraci¨®n se han dado pasos hacia atr¨¢s. En este contexto, la crisis de violencia contin¨²a: no es herencia del pasado.

Santiago Aguirre es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agust¨ªn Pro Ju¨¢rez.

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