La militarizaci¨®n de los necios

El pretexto de la situaci¨®n de inseguridad y el hecho de que gobernadores y alcaldes soliciten la presencia de la Guardia Nacional no es raz¨®n suficiente para defender el paso de dicha corporaci¨®n a la SEDENA o justificar la ampliaci¨®n del per¨ªodo de participaci¨®n del Ej¨¦rcito en la seguridad p¨²blica hasta 2029. Sobre todo, sin ning¨²n plan de salida y una estrategia integral que indique que tras dicho plazo el panorama ser¨¢ diferente.

Hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener un resultado diferente es un evidente signo de insensatez. El uso de los militares en tareas de seguridad p¨²blica no es algo nuevo, ha sido la estrategia seguida durante los ¨²ltimos tres sexenios, teniendo siempre resultados fallidos. Ha sido presentado, adem¨¢s, como una soluci¨®n transitoria para suplir la incapacidad de las polic¨ªas civiles, mientras se fortalecen estas instituciones. Sin embargo, esto sigue sin suceder y la excepci¨®n ha terminado por convertirse en la regla.

A pesar de que la SEDENA es una instituci¨®n que ofrece un sentido de pertenencia, doctrina y disciplina, adem¨¢s de permitir a sus miembros la posibilidad de desarrollar una carrera, la naturaleza de las funciones para las que han sido entrenadas est¨¢ encaminada a la seguridad nacional y no a la seguridad p¨²blica. La defensa de la soberan¨ªa, vigilancia de instalaciones estrat¨¦gicas y el cuidado de las fronteras y puertos mar¨ªtimos son algunos de los deberes a los que se deben los militares y para los cuales su preparaci¨®n es indispensable. Sin embargo, su participaci¨®n en tareas normalmente reservadas para corporaciones civiles resulta contraproducente, pues carecen de las habilidades necesarias para realizar tareas de proximidad, prevenci¨®n social del delito, perspectiva de g¨¦nero y experiencia como primer respondiente con perspectiva de derechos humanos, lo que resulta, adem¨¢s, contrario a las recomendaciones internacionales.

Considerando que el 95% de los delitos son del fuero com¨²n, parecer¨ªa evidente que cualquier estrategia que busque ser efectiva en materia de seguridad, deber¨ªa priorizar el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades policiales a nivel local. Sin embargo, no lo ha sido para nuestros legisladores y funcionarios.

Al inicio de la actual administraci¨®n se propuso, desde el Consejo Nacional de Seguridad P¨²blica, el Nuevo Modelo Nacional de Polic¨ªa y Justicia C¨ªvica, con el objetivo de fortalecer a las polic¨ªas municipales y estatales. Dicho modelo buscaba estandarizar rubros de formaci¨®n, profesionalizaci¨®n, certificaci¨®n, dignificaci¨®n y equipamiento de las corporaciones policiacas, adem¨¢s de consolidar la perspectiva de g¨¦nero y la proximidad. Se hablaba, incluso, de enfoques como el de polic¨ªa proactiva, orientada a la soluci¨®n de problemas y se priorizaba la justicia c¨ªvica, esencial en la resoluci¨®n de conflictos comunitarios y faltas administrativas en sus etapas m¨¢s tempranas. Sin embargo, el recurso m¨¢s importante para su puesta en marcha, el FORTASEG, desapareci¨® del presupuesto desde 2021. Se trata de 4 mil millones de pesos, que equival¨ªan al 0.065% del Presupuesto de Egresos de la Federaci¨®n, pero que beneficiaban a 286 municipios que concentran el 60% de la poblaci¨®n y el 90% de la incidencia delictiva a nivel nacional. Sin un presupuesto claro, no se entiende c¨®mo se van a fortalecer las polic¨ªas para que en 2029 est¨¦n listas para atender su responsabilidad.

Otro de los argumentos utilizados para justificar la militarizaci¨®n de la seguridad, es que las fuerzas armadas son la autoridad que cuenta con mayor confianza por parte de la ciudadan¨ªa. A pesar de ser cierto, dicho reconocimiento est¨¢ en riesgo ante la encomienda gubernamental de destinarles tareas policiales, adem¨¢s del incremento en el n¨²mero de responsabilidades que se le han encomendado en los ¨²ltimos a?os. Funciones ajenas a su vocaci¨®n que tienen el potencial de vulnerar a la ciudadan¨ªa y que los expone al desgaste. Esto ha quedado en evidencia en la m¨¢s reciente medici¨®n de la ENVIPE del INEGI 2021, que empieza a reflejar una disminuci¨®n en la confianza en las fuerzas armadas.

Construir la paz requiere entender que la presencia de los militares en las calles no ha resuelto ni resolver¨¢ la situaci¨®n de fondo, requiere contar con estrategias adicionales de fortalecimiento local y dise?ar un plan integral de seguridad que priorice la prevenci¨®n social del delito, m¨¢s all¨¢ del discurso, lo que, desafortunadamente, es una deuda pendiente. Es urgente repensar la estrategia.

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