El ¡®caso Ayotzinapa¡¯ aguarda un nuevo impulso
El director de la comisi¨®n investigadora y el nuevo fiscal reciben a las familias de los 43 tras las cr¨ªticas a la gesti¨®n del caso, en un intento por recuperar credibilidad de cara a los ¨²ltimos dos a?os del sexenio


El v¨¦rtigo del verano ha dejado paso a la cautela en el caso Ayotzinapa. Todos callan desde principios de noviembre. Ni el presidente, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, ni su hombre para el caso, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ni el fiscal que dirige las investigaciones desde septiembre, Rosendo G¨®mez Piedra, se han referido al tema en varias semanas. Un contraste con los meses previos, cuando el caso aparec¨ªa d¨ªa s¨ª y d¨ªa tambi¨¦n en la prensa, por la cascada incesante de novedades y tambi¨¦n por los errores y presiones del Gobierno y la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR).
Este martes, familiares de los 43 normalistas desaparecidos, sus abogados y el grupo de expertos de la CIDH que ayuda en las pesquisas, el GIEI, se han reunido con el fiscal G¨®mez Piedra y con Encinas, entre otros. Era el primer contacto de las familias con el nuevo fiscal y la primera reuni¨®n entre las partes desde el v¨¦rtigo de los meses pasados. Fuentes conocedoras del desarrollo de la junta consultadas por EL PA?S destacan el tono ¡°de escucha¡±, pese al enfado de las familias por lo ocurrido estos meses. No es que haya ning¨²n avance importante, pero visto lo visto en los ¨²ltimos tiempos, el mero hecho de sentarse a hablar parece un logro.
Lejos quedan ya la salida del anterior encargado de las pesquisas, Omar G¨®mez Trejo, por las presiones y choques con el fiscal general, Alejandro Gertz, o la criticada decisi¨®n de la FGR de cancelar dos decenas de ¨®rdenes de detenci¨®n que G¨®mez Trejo pidi¨® antes de salir. M¨¢s lejos todav¨ªa, la detenci¨®n del primer investigador del caso, aun durante el Gobierno de Enrique Pe?a Nieto (2012-2018), Jes¨²s Murillo, o la presentaci¨®n del controvertido informe de la comisi¨®n investigadora que dirige Alejandro Encinas, origen de las primeras diferencias estos a?os entre los equipo de investigadores.
Se impone ahora la cautela como m¨¦todo cauterizador. No hablar del caso p¨²blicamente parece de momento la ¨²nica forma de curar la herida, de reconstruir la confianza entre la comisi¨®n de Encinas, el GIEI, la FGR y las familias de los estudiantes normalistas. Mientras tanto, entre bastidores, los actores tratan de encontrar puntos en com¨²n, un piso v¨¢lido para todos. En la reuni¨®n de este martes, representantes de las familias han se?alado dos puntos, cruciales a su entender para el avance de la investigaci¨®n, que ata?en a la Secretar¨ªa de la Defensa (Sedena) y a la propia FGR.
Las familias han insistido en que el Ej¨¦rcito debe entregar todos los mensajes y comunicaciones interceptadas a la red criminal de Iguala en la ¨¦poca del ataque, de septiembre de 2014 en adelante. Adem¨¢s, han pedido al fiscal Rosendo G¨®mez que reactive las 21 ¨®rdenes de detenci¨®n canceladas en septiembre, la mayor¨ªa contra militares. Seg¨²n el criterio del GIEI, voz respetada en el colectivo de familiares, hay pruebas de sobra para procesar a todos.
En el caso de los documentos de la Sedena, la historia viene de largo. En octubre de 2021, la comisi¨®n de Encinas revel¨® dos documentos que recog¨ªan dos intercambios de mensajes, uno entre dos integrantes del grupo criminal atacante, Guerreros Unidos, y otro entre otro miembro de la banda y un presunto polic¨ªa de Tepecoacuilco, pueblo cercano a Iguala. En ambas conversaciones se hablaba del ataque contra los muchachos y su posible destino. El Ej¨¦rcito hab¨ªa interceptado las comunicaciones del grupo criminal, asunto desconocido hasta entonces.
La existencia de documentos de este tipo y su divulgaci¨®n tantos a?os despu¨¦s del ataque abr¨ªan cantidad de interrogantes. El primero y m¨¢s importante apuntaba al alcance del monitoreo. SI el Ej¨¦rcito hab¨ªa interceptado esos mensajes, ?cu¨¢ntos m¨¢s hab¨ªa, que dir¨ªan y qu¨¦ panorama dibujar¨ªan de lo ocurrido? El segundo e igualmente relevante alimentaba una sospecha sobre la actitud del Ej¨¦rcito estos a?os: ?por qu¨¦ han callado tanto tiempo la existencia de este tipo de documentos y por qu¨¦ no entregan el resto?
Para las familias de los 43, la importancia de estos archivos ha crecido estos meses, a la luz de las revelaciones de la ¨²ltima entrega de los denominados chats de Chicago, incorporados a la indagatoria de la Fiscal¨ªa. La intercepci¨®n de mensajes de Guerreros Unidos en la ¨¦poca del ataque realizada por la DEA en Estados Unidos, por un proceso judicial contra el grupo criminal en el pa¨ªs vecino, se?ala directamente a militares de colaborar con la banda delictiva.
Pero no solo los chats de Chicago. En el informe de la comisi¨®n que dirige Encinas, decenas de capturas de pantalla de mensajes intercambiados entre presuntos integrantes de la red criminal de Iguala se?alaban igualmente a militares de participar en el ataque. Aunque el GIEI ha insistido en que resulta imposible verificar la autenticidad de esos mensajes, la comisi¨®n insiste en que trabajan en acceder a la fuente original. Es decir, a los tel¨¦fonos desde los que fueron enviados y/o recibidos. As¨ª lo dijo Encinas y su equipo a las familias este martes en la reuni¨®n.
Con el Ej¨¦rcito en la mira, reactivar las ¨®rdenes canceladas parece en todo caso un objetivo m¨¢s realista a corto plazo. Las familias se lo han expresado este martes al fiscal Rosendo G¨®mez, quien se ha mostrado abierto a ¡°examinar la evidencia¡±, seg¨²n explican las fuentes mencionadas arriba. 16 de las 21 ¨®rdenes canceladas son contra militares. Al GIEI y las familias les ha extra?ado que algunos de los militares que de momento se han salvado de la acusaci¨®n jugaron un papel parecido a los que s¨ª han sido detenidos estos meses.
En sus intervenciones, Rosendo G¨®mez ha destacado adem¨¢s el trabajo de la Fiscal¨ªa en mejorar la acusaci¨®n contra el exprocurador Murillo, preso desde agosto por desaparici¨®n forzada, tortura y obstrucci¨®n a la justicia. El caso Murillo abri¨® precisamente la grieta entre la estructura de la FGR y el exfiscal G¨®mez Trejo en agosto. Como este diario ha explicado estos meses, Gertz pidi¨® repentinamente a su subalterno la presentaci¨®n del caso de Murillo ante el juez. G¨®mez Trejo pidi¨® un mes, pero Gertz se neg¨®, apart¨® al fiscal y puso a otros funcionarios sin experiencia en el caso Ayotzinapa a cargo. En las audiencias, el juez recrimin¨® a los nuevos fiscales su falta de conocimiento en el caso. A¨²n as¨ª, Murillo fue a prisi¨®n a la espera de juicio.
Salvo sorpresa, el caso entra en pausa hasta enero, cuando el GIEI y las familias aguardan una reuni¨®n con L¨®pez Obrador. La actitud del Ej¨¦rcito, las ¨®rdenes de detenci¨®n y el futuro de Murillo y de otros personajes requeridos por la justicia, caso de Tom¨¢s Zer¨®n, segundo Murillo en la ¨¦poca, escondido en Israel, dibujan del horizonte del proceso, a dos a?os de que termine el sexenio.
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