El arraigo y la prisi¨®n preventiva frente al sistema interamericano

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de condenar al Estado mexicano en el caso de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles L¨®pez (v¨ªctimas). En la sentencia se hizo una exposici¨®n de hechos que sintetizo brevemente. A las 10.30 horas del 12 de enero de 2006, las v¨ªctimas se desplazaban en compa?¨ªa de dos personas por la carretera M¨¦xico-Veracruz. Su autom¨®vil se averi¨® y dos agentes de la entonces Polic¨ªa Federal Preventiva les ayudaron a moverlo. Los dos acompa?antes se fueron del lugar y los agentes revisaron sus pertenencias: una mochila con una libreta de direcciones, n¨²meros telef¨®nicos, direcciones de correo electr¨®nico, nombres de organizaciones, posturas pol¨ªticas y acciones del Comando Popular Revolucionario ¡°La Patria es Primero¡±. Los agentes detuvieron a las v¨ªctimas y los llevaron a la Comisar¨ªa de Sector en R¨ªo Blanco, Veracruz, sin informales el motivo. Se les dijo que Gerardo y Jorge Tzompaxtle son hermanos de ¡°Rafael¡±, combatiente del Ej¨¦rcito Popular Revolucionario y fueron trasladados a las oficinas de la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR) en Orizaba, Veracruz, acusados del delito de cohecho en flagrancia. Ah¨ª los mantuvieron incomunicados sin recibir informaci¨®n sobre los motivos de la detenci¨®n y fueron interrogados sobre su pertenencia al Partido de la Revoluci¨®n Democr¨¢tica. Se les traslad¨® a la Ciudad de M¨¦xico y el Ministerio P¨²blico orden¨® la duplicaci¨®n del plazo de detenci¨®n por el delito de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro e inici¨® otra investigaci¨®n por el de terrorismo.

El 16 de enero de 2006 se suspendi¨® la investigaci¨®n por secuestro y se emiti¨® una orden de localizaci¨®n por el delito de delincuencia organizada en la modalidad de terrorismo. Al salir del edificio de la PGR, las v¨ªctimas fueron nuevamente detenidas sin ser informadas de sus motivos. El mismo d¨ªa, un agente del Ministerio P¨²blico de la Federaci¨®n solicit¨® al Juzgado Decimocuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, una orden de arraigo por un plazo de noventa d¨ªas.

El 10 de abril de 2006, el Ministerio P¨²blico Federal ejerci¨® acci¨®n penal en contra de las v¨ªctimas por el delito de terrorismo y solicit¨® que se librara orden de aprehensi¨®n en su contra. Al d¨ªa siguiente un Juez de Distrito concedi¨® lo solicitado y el 17 le fueron puestos a disposici¨®n, dando por terminado el arraigo de las v¨ªctimas. El 22 del mismo mes se les dict¨® formal prisi¨®n, quedando sujetos a prisi¨®n preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la Ciudad de M¨¦xico. El 19 de junio de 2007, se inici¨® la averiguaci¨®n previa por el delito de cohecho al considerarse que hubo una tentativa de soborno de los elementos de la Polic¨ªa Federal Preventiva. Se ejerci¨® acci¨®n penal en contra de las v¨ªctimas y se remiti¨® el expediente a un Juez de Distrito en Veracruz. El 7 de julio de 2007, se les dict¨® un nuevo auto formal de prisi¨®n y se procedi¨® a la acumulaci¨®n de ambos procesos. El 14 de mayo de 2008, el Juez D¨¦cimo Segundo de Distrito emiti¨® una sentencia condenatoria por los delitos de violaci¨®n a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (con la finalidad de cometer terrorismo de cohecho) imponi¨¦ndoles la pena de cuatro a?os de prisi¨®n por el primer delito y de tres meses por el segundo.

El 16 de octubre de 2008, el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal, con residencia en Boca del R¨ªo, Veracruz, absolvi¨® a las v¨ªctimas del delito de terrorismo y confirm¨® la condena por el de cohecho. Al considerar que esta ¨²ltima estaba compurgada, orden¨® su inmediata libertad.

Desde el 22 de febrero de 2007, la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos recibi¨® la petici¨®n inicial en favor de las v¨ªctimas por parte de la Red Solidaria D¨¦cada Contra la Impunidad. En el proceso se dio vista al Estado mexicano, y el 20 de febrero de 2020 se firm¨® un entendimiento para la posible celebraci¨®n de un Acuerdo de Cumplimiento del Informe de Fondo. La Comisi¨®n estim¨® que si bien se hab¨ªan dado algunos avances en cuanto a las reparaciones pecuniarias, los mismos no eran sustantivos. El 1 de mayo de 2021 someti¨® el caso a la Corte por la violaci¨®n a los derechos a la integridad personal, libertad personal, garant¨ªas judiciales, vida privada y protecci¨®n judicial, previstos en la Convenci¨®n Americana sobre Derechos Humanos. Dentro del proceso, el Estado mexicano reiter¨® la aceptaci¨®n de la mayor¨ªa de las pretensiones de las v¨ªctimas. Espec¨ªficamente por las violaciones cometidas con motivo de la retenci¨®n, revisi¨®n del veh¨ªculo, falta de informaci¨®n de las razones de la detenci¨®n, no presentaci¨®n sin demora ante el juez, falta de informaci¨®n sobre los cargos, ausencia de defensa con posterioridad a la detenci¨®n, as¨ª como por la incorrecta aplicaci¨®n de las figuras de arraigo y prisi¨®n preventiva oficiosa. A pesar de la aceptaci¨®n de los hechos y las responsabilidades por parte del Estado mexicano, la CIDH estim¨® que en el caso subsist¨ªan el tema de la responsabilidad por las violaciones al deber de adoptar disposiciones del derecho interno en cuanto al arraigo y la prisi¨®n preventiva.

Concluido el proceso, la CIDH conden¨® al Estado a dos cuestiones principales: a ¡°dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza pre procesal¡±, y a ¡°adecuar su ordenamiento jur¨ªdico interno sobre prisi¨®n preventiva¡±. Resalto la diferencia de los lenguajes utilizados. Para el arraigo se ordena ¡°dejar sin efecto¡± y para la prisi¨®n preventiva, ¡°adecuar¡±.

En cuanto al arraigo, la CIDH manifest¨® que aun cuando era distinta la redacci¨®n de los art¨ªculos aplicados a las v¨ªctimas y los que se encontraban en vigor al dictarse la sentencia, segu¨ªa sin permitirse que las personas arraigadas fueran o¨ªdas por una autoridad judicial antes de decretarse la restricci¨®n a las libertades personal y de circulaci¨®n; que no exist¨ªa precisi¨®n de los supuestos para decretarla ni para garantizar la presunci¨®n de inocencia, y que los objetivos de la restricci¨®n no eran compatibles con las finalidades leg¨ªtimas para la restricci¨®n a la libertad personal. Por lo anterior, la CIDH resolvi¨® que el arraigo es incompatible con la Convenci¨®n Americana por violar los derechos a la libertad personal y a la presunci¨®n de inocencia.

Respecto a la prisi¨®n preventiva, la CIDH constat¨® la identidad de las redacciones entre los art¨ªculos aplicados a las v¨ªctimas y los vigentes al dictar su fallo, adem¨¢s de la inclusi¨®n de la reforma al art¨ªculo 19 de la Constituci¨®n y al art¨ªculo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. La Corte sostuvo que en el orden jur¨ªdico mexicano no se hac¨ªa referencia a las finalidades de la prisi¨®n preventiva; no se posibilitaba ponderar la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, ni se abr¨ªa la posibilidad de llevar a cabo an¨¢lisis espec¨ªficos sobre las circunstancias de los casos concretos. Con base en lo anterior, la Corte conden¨® al Estado mexicano a modificar su normatividad para establecer los requisitos que las hagan compatibles con la Convenci¨®n. Dicho de otra manera, la prisi¨®n preventiva no qued¨® prohibida en su totalidad, sino ¨²nicamente la que se impone de manera oficiosa por la mera acusaci¨®n de la comisi¨®n de un delito.

En el p¨¢rrafo 218 del fallo de la CIDH se orden¨® al Estado mexicano la implementaci¨®n de pr¨¢cticas para la observancia efectiva de los derechos y libertades de la Convenci¨®n. Que la aplicaci¨®n de las normas y su interpretaci¨®n deb¨ªan ajustarse a los fines del art¨ªculo 2 de ese instrumento internacional. En el p¨¢rrafo 219 se enfrent¨® la indebida interpretaci¨®n que la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n (SCJN) de M¨¦xico ha realizado sobre las llamadas ¡°restricciones constitucionales¡±. La CIDH orden¨® que trat¨¢ndose del arraigo y la prisi¨®n preventiva, todos los tribunales nacionales deben ejercer el control de convencionalidad. Lo dijo as¨ª: ¡°¡­ las magistraturas y ¨®rganos vinculados a la administraci¨®n de justicia en todos los niveles est¨¢n en la obligaci¨®n de ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convenci¨®n Americana, y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino tambi¨¦n la interpretaci¨®n que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, int¨¦rprete ¨²ltima de la Convenci¨®n Americana¡±.

A partir de esta determinaci¨®n, ning¨²n tribunal nacional, ni siquiera la SCJN, puede aducir la existencia de restricciones constitucionales para no cumplir con lo previsto en la Convenci¨®n Americana. La Corte IDH orden¨® que todos los juzgadores nacionales deben realizar un control de convencionalidad para darle preeminencia a este instrumento internacional. La mec¨¢nica operativa tendr¨¢ que ser conforme a las condiciones propias de los procesos de su competencia. En algunos casos, directamente (amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad) y, en muchos otros, de manera difusa. La Corte IDH dio al art¨ªculo 1 de nuestra Constituci¨®n el alcance que desde junio de 2011 deb¨ªa haber tenido.

Cuenta de Twitter de Jos¨¦ Ram¨®n Coss¨ªo D¨ªaz: @JRCossio

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