La Suprema Corte de Justicia entra en una nueva fase de turbulencias

La Suprema Corte de Justicia de M¨¦xico ha entrado en una de las etapas de mayor tensi¨®n con un Ejecutivo federal de los ¨²ltimos a?os. El periodo de armon¨ªa que signific¨® la presidencia en la Corte del ministro Arturo Zald¨ªvar (2019-2023), aliado de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador en el poder judicial, termin¨® en enero, con llegada de la ministra Norma Pi?a al frente del Supremo. El arranque de la presidencia de Pi?a se ha caracterizado por una marcada ...

La Suprema Corte de Justicia de M¨¦xico ha entrado en una de las etapas de mayor tensi¨®n con un Ejecutivo federal de los ¨²ltimos a?os. El periodo de armon¨ªa que signific¨® la presidencia en la Corte del ministro Arturo Zald¨ªvar (2019-2023), aliado de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador en el poder judicial, termin¨® en enero, con llegada de la ministra Norma Pi?a al frente del Supremo. El arranque de la presidencia de Pi?a se ha caracterizado por una marcada distancia respecto del Ejecutivo, aplaudida por la oposici¨®n y que contrasta con la actitud colaborativa que asumi¨® Zald¨ªvar. El presidente L¨®pez Obrador ha acusado a Pi?a de estar en contra de su Gobierno y de mantener un orden de cosas en el Poder Judicial que favorece a criminales y potentados.

La ministra Pi?a (62 a?os), que ha recorrido una s¨®lida carrera judicial, no era la favorita de L¨®pez Obrador para presidir el Supremo. Su candidata era Yasm¨ªn Esquivel, una ministra que ha votado asuntos que favorecen los intereses del oficialismo. Pero las revelaciones de que la jueza plagi¨® sus trabajos de titulaci¨®n de licenciatura y de doctorado descarrilaron sus aspiraciones y han abierto fuertes interrogantes sobre su idoneidad para ser ministra. L¨®pez Obrador la ha defendido, convencido de que es v¨ªctima de una campa?a de desprestigio de la derecha, y ella, a su vez, ha decidido negar las evidencias del plagio y aferrarse a su asiento. Su af¨¢n de permanecer a toda costa ya ha cobrado factura al prestigio del m¨¢ximo tribunal, que sigue sesionando para resolver asuntos sobre legalidad, justicia y Derecho con un gigantesco elefante en la sala.

Hasta el pasado viernes, la Corte hab¨ªa recibido 667 denuncias contra Esquivel por no gozar de la buena reputaci¨®n que exige la Constituci¨®n para desempe?ar el cargo de ministro, seg¨²n ha confirmado una fuente del m¨¢ximo tribunal a EL PA?S. El Supremo se encuentra evaluando qu¨¦ cauce dar¨¢ a las denuncias para determinar si es posible iniciar un procedimiento de responsabilidades contra la ministra.

Hay un tercer ingrediente que abona a elevar la tensi¨®n entre la Corte y el Ejecutivo. Los ministros deber¨¢n analizar en pr¨®ximas semanas las reformas del llamado ¡°plan B¡± electoral del Gobierno para determinar si son coherentes con la Constituci¨®n o si representan una violaci¨®n a la norma. El ¡°plan B¡± es un paquete de modificaciones a diversas leyes secundarias que reducen la estructura institucional y las facultades de vigilancia del INE, el ¨®rgano aut¨®nomo encargado de organizar las elecciones. Si el m¨¢ximo tribunal echa atr¨¢s las nuevas leyes, que han sido impulsadas por el propio L¨®pez Obrador, es previsible que se desate una nueva andanada de ataques del oficialismo contra la Corte y los ministros, a decir de los analistas jur¨ªdicos. De acuerdo con la fuente del alto tribunal, dos ministros tendr¨¢n a su cargo elaborar los proyectos que votar¨¢ el pleno: Alberto P¨¦rez Day¨¢n y Javier Laynez, ambos jueces ortodoxos que no est¨¢n particularmente enfrentados con el Gobierno.

Ecos del calderonismo

No es la primera vez que un presidente del Supremo se enfrenta al Ejecutivo. El ministro Juan Silva Meza (2011-2015) ataj¨® constantes descalificaciones al poder Judicial provenientes del entonces presidente Felipe Calder¨®n, que acusaba a los juzgadores de obstaculizar su lucha contra el narcotr¨¢fico, en medio de una enorme crisis de violencia e inseguridad. Luego vinieron acusaciones de que los jueces favorec¨ªan la impunidad de los criminales, especialmente cuando la Corte orden¨® la liberaci¨®n de la ciudadana francesa Florence Cassez, que hab¨ªa sido inculpada en el delito de secuestro mediante un expediente fabricado por la Polic¨ªa de Genaro Garc¨ªa Luna. En marzo de 2012, poco antes de que el Supremo votara la sentencia sobre Cassez, el ministro Silva Meza pronunci¨® frente a Calder¨®n un discurso en el que critic¨® las presiones a la autonom¨ªa judicial. ¡°No al abuso del poder, que es el paso previo al autoritarismo y a la impunidad. Y no a la creencia de que la ley se puede cumplir a capricho. Nada justifica incumplir la Constituci¨®n y los derechos humanos¡±, dijo entonces.

El ministro Arturo Zald¨ªvar revelar¨ªa a?os despu¨¦s que fue objeto de presiones directas de Calder¨®n por el caso del incendio de la guarder¨ªa ABC, una tragedia en la que se presum¨ªan responsabilidades de la familia de Margarita Zavala, esposa del exmandatario. Zald¨ªvar se volver¨ªa a la postre presidente del m¨¢ximo tribunal e inaugurar¨ªa un periodo de calma en la relaci¨®n del poder Judicial con el Ejecutivo. L¨®pez Obrador no ha evitado demostrar que extra?a el v¨ªnculo de colaboraci¨®n que trab¨® con ¨¦l. El pasado 1 de marzo, luego de que un juez federal cancel¨® una orden de aprehensi¨®n por evasi¨®n fiscal contra Francisco Garc¨ªa Cabeza de Vaca, exgobernador del PAN, L¨®pez Obrador carg¨® contra la ministra Norma Pi?a y record¨® a su antiguo aliado. ¡°Apenas lleg¨® la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes¡±, dijo el mandatario. ¡°Antes, cuando estaba Arturo Zald¨ªvar, hab¨ªa un poquito m¨¢s de vigilancia sobre los jueces¡±.

A un a?o y medio de que concluya su Gobierno, los intereses de L¨®pez Obrador no son los mismos que al arranque de su gesti¨®n en diciembre de 2018. Al principio ten¨ªa de aliado al tiempo, a la confianza popular que lo hizo el presidente m¨¢s votado de la historia y a una aplanadora en el Legislativo que facilitaba la aprobaci¨®n de sus reformas constitucionales. Ahora avanza a contrarreloj, apresurado por ¡ªcomo ¨¦l mismo ha dicho¡ª dejar sentadas las bases de su Cuarta Transformaci¨®n.

Hay una muestra reciente de ello. Esta semana se filtr¨® que la magistrada Janine Ot¨¢lora, integrante del Tribunal Electoral federal, prepar¨® un proyecto en el que propone restituir en su cargo de secretario ejecutivo del INE a Edmundo Jacobo, que fue cesado con la entrada en vigor del ¡°plan B¡±. En respuesta, la Consejer¨ªa Jur¨ªdica presidencial acus¨® a la magistrada de parcial y de transgredir sus facultades y exigi¨® al tribunal que la excluya de participar en la votaci¨®n del asunto. Si bien la Suprema Corte ser¨¢ la ¨²ltima instancia encargada de analizar los recursos sobre la inconstitucionalidad del ¡°plan B¡±, el Ejecutivo ya ha dejado ver cu¨¢l ser¨¢ su actitud respecto de los jueces federales que en el transcurso intenten echar atr¨¢s la reforma.

Para Guadalupe Salmor¨¢n, investigadora del Instituto de Investigaciones Jur¨ªdicas (IIJ) de la UNAM, se trata de actos intimidatorios desde el Ejecutivo. ¡°Cuando ese tipo de acusaciones vienen desde el poder, no tienen otro objetivo que amedrentar a otros poderes, infundir miedo, atemorizar sobre el sentido que vayan a tomar sus decisiones¡±, sostiene la abogada. ¡°Estas acusaciones y descalificaciones sistem¨¢ticas, tanto a la persona de la ministra presidenta como al Poder Judicial en general, atentan contra uno de los principios b¨¢sicos de toda democracia constitucional, que es la independencia judicial, seg¨²n la cual los jueces deben resolver sus asuntos con imparcialidad, bas¨¢ndose en los hechos y en el Derecho, pero tambi¨¦n sin influencias, sin amenazas externas y sin presiones provenientes de otros poderes p¨²blicos, lo cual me parece muy grave¡±.

La ¡°prueba de fuego¡± de la Corte

Dado que el paquete de reformas del ¡°plan B¡± se dividi¨® en dos partes que fueron promulgadas por separado, las impugnaciones que han llegado a la Corte ¡ªtanto las controversias constitucionales como las acciones de inconstitucionalidad¡ª han reca¨ªdo, mediante un mecanismo de sorteo, en dos ministros diferentes: Alberto P¨¦rez Day¨¢n y Javier Laynez. La primera parte de los recursos, relacionada con las reformas a la Ley General de Comunicaci¨®n Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, fue turnada a la ponencia de P¨¦rez Day¨¢n. La segunda parte ¡ªque impugna los cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Pol¨ªticos, la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial de la Federaci¨®n y la Ley General de los Medios de Impugnaci¨®n en Materia Electoral¡ª fue turnada a Laynez.

Es previsible que, por ser asuntos conexos, ambos se voten en una misma sesi¨®n, de acuerdo con la fuente del Supremo consultada por este medio. Una vez que transcurran los 30 d¨ªas naturales previstos para que la Corte reciba las impugnaciones a la segunda parte del ¡°plan B¡± (el periodo para impugnar la primera ya concluy¨®), los ministros P¨¦rez Day¨¢n y Laynez elaborar¨¢n sus proyectos, que podr¨ªan ser discutidos por el pleno en mayo o junio. Si la Corte declara que las reformas son inconstitucionales y que se debe volver al estado de cosas anterior ¡ªpara ello se requiere del voto de al menos ocho de los 11 ministros¡ª, dif¨ªcilmente la mayor¨ªa oficialista en el Congreso podr¨ªa volver a intentar un nuevo paquete de modificaciones legislativas antes de que arranque el proceso electoral para 2024, donde estar¨¢n en disputa la Presidencia de la Rep¨²blica y las dos C¨¢maras del Congreso. La Constituci¨®n establece que no se pueden reformar las leyes electorales 90 d¨ªas antes del inicio de una elecci¨®n federal, esto es, la primera semana de septiembre.

El abogado Javier Mart¨ªn Reyes, tambi¨¦n integrante del IIJ de la UNAM, sostiene que, en vista de todo lo que se juega el oficialismo con el ¡°plan B¡±, el Supremo tiene ante s¨ª la ¡°prueba de fuego¡± para hacer valer su independencia. ¡°Tenemos un escenario pol¨ªtico donde la Corte va a jugar como nunca un papel de contrapeso. El ¡®plan B¡¯ es la primera de una serie de reformas que van a venir en el cierre del sexenio, donde el c¨¢lculo pol¨ªtico del presidente ya es otro¡±, explica. ¡°Esta es una Corte a la que se le ha cuestionado mucho su independencia y su legitimidad. Yo s¨ª creo que ha tomado decisiones donde, francamente, ha claudicado, pero ahora tiene una oportunidad de demostrar que entiende su papel. Es su prueba de fuego, si logra mostrar independencia e invalida total o parcialmente la reforma¡±.

El especialista en Derecho sostiene que, para el oficialismo, intentar cambiar la Constituci¨®n a trav¨¦s de reformas a leyes secundarias con su mayor¨ªa simple en el Congreso se ha vuelto la ¨²nica ruta posible, frente a una oposici¨®n cada vez m¨¢s unificada e indispuesta a ceder. Por ello, explica, el Supremo debe ejercer su funci¨®n de contrapeso. ¡°Eso tambi¨¦n blinda a la Corte de futuras leyes que la podr¨ªan afectar a ella misma o al poder Judicial en su conjunto. Todas estas amenazas ya bastante expl¨ªcitas, donde el presidente dice que se necesita una nueva reforma judicial, se pueden interpretar como un mensaje de: ¡®Si no resuelven como yo quiero el plan B del INE, les puedo preparar un plan B para el poder Judicial¡¯. Y de que tienen los votos para aprobar una reforma secundaria, por supuesto que los tienen¡±, afirma.

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