El INE presenta en la Suprema Corte una segunda impugnaci¨®n contra el ¡°plan B¡± electoral

El INE, la instituci¨®n aut¨®noma encargada de organizar las elecciones en M¨¦xico, ha impugnado ante la Suprema Corte de Justicia la segunda parte de las reformas electorales que integran el ¡°plan B¡± impulsado por Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. El ¨¢rbitro electoral ha pedido a los ministros del m¨¢ximo tribunal que suspendan la aplicaci¨®n de las reformas, en tanto analizan el fondo de las controversias, a fin de que se interrumpan sus efectos, ¡°de manera particular por lo que hace a la afectaci¨®n a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos pol¨ªticos de la ciudadan¨ªa¡±. El INE ha advertido de que la implementaci¨®n del paquete electoral afecta de manera cr¨ªtica sus funciones, pues significar¨ªa el despido de 6.000 funcionarios, casi la tercera parte de sus recursos humanos, am¨¦n de que limita sus facultades de sanci¨®n a partidos pol¨ªticos y funcionarios que hagan campa?a fuera de tiempo y utilizando recursos p¨²blicos. ¡°El Instituto tiene plena confianza en que con el an¨¢lisis constitucional que realizar¨¢ la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n se restaurar¨¢ el orden constitucional, al determinar la invalidez de la reforma¡±, ha agregado.

Este segundo recurso impugna las modificaciones a cuatro leyes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Pol¨ªticos, Ley Org¨¢nica del Poder Judicial de la Federaci¨®n y Ley General de los Medios de Impugnaci¨®n en Materia Electoral. Previamente, el INE hab¨ªa promovido el 1 de febrero una primera impugnaci¨®n contra los cambios a la Ley General de Comunicaci¨®n Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Las primeras impugnaciones fueron turnadas a la ponencia del ministro Alberto P¨¦rez Day¨¢n. A¨²n no est¨¢ claro si ¨¦l mismo acumular¨¢ las nuevas controversias o si ser¨¢n turnadas a otro integrante del Supremo.

Las reformas a estas seis leyes conforman el llamado ¡°plan B¡±, que fue impulsado por L¨®pez Obrador y su partido, Morena, con el argumento de reducir los costos p¨²blicos del sistema electoral. A ojos de los cr¨ªticos del Gobierno, en realidad se trata de un plan para ¡°desmantelar¡± al INE y controlar el aparato que organiza los comicios y emite los resultados de las votaciones, precisamente a un a?o de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales y legislativas m¨¢s grandes de la historia reciente de M¨¦xico.

¡°Mediante la controversia constitucional, el Instituto defiende no solo su autonom¨ªa, sino el Estado democr¨¢tico establecido en la Norma Suprema, ante el c¨²mulo de violaciones constitucionales detectadas en aproximadamente 200 art¨ªculos de la reforma que vulneran 25 disposiciones constitucionales¡±, ha se?alado el INE. ¡°[Por ejemplo] la afectaci¨®n inconstitucional de los derechos laborales del personal del INE que provoca dicha reforma. En este recurso, se hacen valer una serie de agravios por el desmantelamiento de la estructura org¨¢nica y la afectaci¨®n a los derechos laborales de todo el personal del Instituto, as¨ª como la eliminaci¨®n de aproximadamente el 85% de las plazas del Servicio Profesional Electoral¡±.

Con la promulgaci¨®n del ¡°plan B¡±, el pasado 1 de marzo, fue cesado el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, quien hab¨ªa estado en el cargo 14 a?os. Jacobo, brazo derecho del presidente del INE, Lorenzo C¨®rdova, impugn¨® ante el Tribunal Electoral su destituci¨®n, alegando que su cargo depende enteramente de los consejeros del instituto y que no puede ser despedido mediante un decreto. La magistrada electoral Janine Ot¨¢lora elabor¨® un proyecto en el que propone la restituci¨®n de Jacobo, acusando que el ¡°plan B¡±, al menos en lo concerniente al secretario ejecutivo, invade la autonom¨ªa constitucional del INE. En respuesta, la Presidencia de la Rep¨²blica, a trav¨¦s de su Consejer¨ªa Jur¨ªdica, acus¨® a la magistrada de favorecer a Jacobo y exigi¨® al Tribunal Electoral que la aparte de la votaci¨®n del asunto.

La controversia del INE tambi¨¦n denuncia ¡°violaciones graves¡± al debido proceso legislativo por parte del Congreso federal que, ¡°en franco fraude a la ley¡±, impactaron en la calidad democr¨¢tica de la reforma. De acuerdo con el ¨¢rbitro electoral, el Congreso ¡°dio tr¨¢mite urgente a una iniciativa que por disposici¨®n legal no pod¨ªa ser sometida al mismo, no respet¨® el principio de publicidad ni mucho menos el deliberativo que rige al ¨®rgano legislativo, impidiendo la participaci¨®n de todas las fuerzas pol¨ªticas con representaci¨®n parlamentaria¡±. Se trata de una alusi¨®n a la aplanadora oficialista, conformada por Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo, que maniobr¨® en ambas C¨¢maras del Congreso para aprobar en fast track el paquete electoral pese a los reclamos de la oposici¨®n.

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