El caso del desfalco de m¨¢s de 15.000 millones de pesos en Segalmex se desmorona en la Fiscal¨ªa

El gran caso de corrupci¨®n por m¨¢s de 15.000 millones de pesos ocurrido en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se desmorona en las manos de la Fiscal¨ªa General. Ning¨²n mando superior de Segalmex ¡ªun ¨®rgano de bienestar social creado en el Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador¡ª ha sido llevado exitosamente ante la justicia. Para colmo, la Fiscal¨ªa decidi¨® no acusar a quien fue titular de la instituci¨®n en el tiempo en que sucedieron los desv¨ªos de recursos p¨²blicos, Ignacio Ovalle, un antiguo amigo de L¨®pez Obrador que contin¨²a despachando en el Gobierno federal, aunque en otra dependencia. Hasta ahora, solo unos cuantos exfuncionarios de menor rango han sido denunciados y capturados. Segalmex fue la gran apuesta de L¨®pez Obrador para garantizar el abasto alimentario a los mexicanos m¨¢s pobres. La instituci¨®n, creada en 2019, fungi¨® como un holder de otras dos empresas paraestatales de abasto rural preexistentes, Liconsa y Diconsa.

La Auditor¨ªa Superior de la Federaci¨®n ha se?alado que en la instituci¨®n hubo posibles desv¨ªos de recursos por 15.151 millones de pesos entre 2019 y 2021, los primeros tres a?os del Gobierno de L¨®pez Obrador. La Fiscal¨ªa encabezada por Alejandro Gertz Manero ha presentado ante jueces federales 38 denuncias de corrupci¨®n en Segalmex. Uno de los casos m¨¢s emblem¨¢ticos fue la inversi¨®n de recursos p¨²blicos para la compra de certificados burs¨¢tiles, asunto en el que la Fiscal¨ªa denunci¨® a quien fuera titular de la Unidad de Administraci¨®n y Finanzas, Ren¨¦ Gavira Segreste, por uso indebido de atribuciones y facultades. Otro caso est¨¢ relacionado con la adquisici¨®n fraudulenta de varias toneladas de az¨²car, en la que la autoridad ministerial presume la existencia de una red de delincuencia organizada integrada por exfuncionarios e integrantes de una compa?¨ªa.

En ninguno de los casos ha sido se?alado Ovalle, que fue titular de Segalmex desde diciembre de 2018 hasta abril de 2022, cuando fue removido por L¨®pez Obrador de ese cargo y enviado a una instituci¨®n de menor relevancia y mucha menor exposici¨®n medi¨¢tica, el Instituto Nacional para el Federalismo (Inafed). Recientemente, el presidente manifest¨® nuevamente su respaldo a Ovalle, de quien dijo que es una buena persona que se dej¨® enga?ar por funcionarios ¡°ma?osos¡±.

Ambos asuntos se han ido desmoronando ante la justicia. La Fiscal¨ªa General hab¨ªa denunciado a Ren¨¦ Gavira tras conocer que el entonces titular de la Unidad de Administraci¨®n y Finanzas autoriz¨® el uso de 950 millones de pesos de los recursos de Segalmex y Liconsa para la compra de certificados burs¨¢tiles fiduciarios privados. Los recursos fueron depositados en un fideicomiso creado en CI Casa de Bolsa para que este banco, en representaci¨®n de Segalmex, comprara certificados emitidos por Financiera Corafi, S.A. de C.V. La Fiscal¨ªa acus¨® que las inversiones fueron ilegales, pues la instituci¨®n perdi¨® el control directo sobre los recursos p¨²blicos comprometidos, lo que viol¨® los ¡°Lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales¡±.

Gavira fue vinculado a proceso el 6 de abril de 2022, en una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte en la que la hubo irregularidades tanto de la Fiscal¨ªa como del juez de control, seg¨²n ha concluido un tribunal federal que concedi¨® un amparo al exfuncionario. El fiscal del caso acus¨® en un primer momento a Gavira de haber cometido el delito de uso indebido de atribuciones y facultades en la modalidad de contratar deuda o realizar colocaciones de fondos y valores con recursos p¨²blicos, como establece el inciso E) del art¨ªculo 217 del C¨®digo Penal para la Ciudad de M¨¦xico. La defensa del exfuncionario rebati¨® la acusaci¨®n con el argumento de que ¡°colocar¡± no se refiere a comprar acciones, sino a poner los valores en la oferta del sistema burs¨¢til. En efecto, Segalmex compr¨® certificados emitidos por una financiera, no los ¡°coloc¨®¡±.

El juez de control valid¨® el argumento de la defensa, pero, en vez de sobreseer el asunto ante el error de la Fiscal¨ªa, le corrigi¨® la plana y reclasific¨® el delito. As¨ª, determin¨® s¨ª vincular a proceso a Gavira por el uso indebido de atribuciones y facultades en la modalidad de ¡°otorgar permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de contenido econ¨®mico¡±, conforme el inciso B) del art¨ªculo 217 del C¨®digo Penal local. ¡°El suscribir la orden de compra de t¨ªtulos burs¨¢tiles fiduciarios implica de facto una autorizaci¨®n de contenido econ¨®mico¡±, razon¨® el juzgador.

La defensa de Gavira promovi¨® un amparo contra la vinculaci¨®n a proceso alegando que el juez excedi¨® sus facultades al reclasificar el delito originalmente denunciado por la Fiscal¨ªa. El pasado 21 de febrero, el Octavo Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Penal con sede en la capital concedi¨® el recurso al exfuncionario y orden¨® al juzgador desvincularlo del juicio. Los magistrados dejaron a la Fiscal¨ªa la oportunidad de continuar la investigaci¨®n y, en su caso, volver a presentar una acusaci¨®n contra Gavira.

El extitular de Administraci¨®n y Finanzas tambi¨¦n fue denunciado por la Fiscal¨ªa en el expediente de la compra irregular de az¨²car a la empresa Servicios Integrales Carregin, S.A. de C.V. Recientemente, la autoridad ministerial obtuvo de un juez federal 22 ¨®rdenes de aprehensi¨®n por delincuencia organizada y blanqueo de activos en contra de 12 exfuncionarios p¨²blicos, cuatro miembros de la compa?¨ªa y seis personas que resultaron beneficiarias del desv¨ªo de recursos. Seg¨²n la acusaci¨®n de la Fiscal¨ªa, Segalmex fragu¨® en 2020 la supuesta adquisici¨®n de 7,8 toneladas de az¨²car; aunque pag¨® el total de la compra por 142 millones de pesos, ¨²nicamente recibi¨® 3,1 toneladas. Carregin es una empresa fachada que fue constituida en octubre de 2018 y no tuvo actividad comercial sino hasta 2020, precisamente cuando la contrat¨® Segalmex.

Aunque la Fiscal¨ªa denunci¨® la supuesta existencia de una red de delincuencia organizada coludida para saquear a la paraestatal, no incluy¨® en su acusaci¨®n a Ovalle, que era el jefe de todos los demandados en el tiempo en que ocurrieron los desv¨ªos. Los exfuncionarios de mayor rango implicados por la Fiscal¨ªa en este caso fueron Gavira, como extitular de la Unidad de Administraci¨®n; Carlos Antonio D¨¢vila Amerena, exdirector de Asuntos Jur¨ªdicos, y Manuel Lozano Jim¨¦nez, exdirector Comercial.

Gavira ha obtenido un amparo contra su posible detenci¨®n por este nuevo caso. D¨¢vila Amerena s¨ª fue capturado y llevado ante un juez, pero este determin¨® en audiencia que no hab¨ªa elementos contra el exdirector jur¨ªdico, pues no firm¨® documento alguno, adem¨¢s de que fue ¨¦l quien denunci¨® tanto las inversiones burs¨¢tiles ilegales como la adquisici¨®n irregular de az¨²car. Por su parte, Lozano Jim¨¦nez se encuentra pr¨®fugo, de acuerdo con una fuente con conocimiento del expediente. Hasta ahora solo han sido capturados y vinculados a proceso un subgerente, dos subjefes de almac¨¦n rural y una coordinadora, adem¨¢s de tres personas relacionadas con la empresa Carregin.

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